Esther Sarraute y las O.N.G.'s

Aunque la exconcejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Esther Sarraute ha fallecido, mientras se mantenga en Youtube, su ilustre video sobre las ONG, seguirá presidiendo la entrada éste blog, como recuerdo a los personajes que se cuelan en nuestras instituciones gracias a las listas cerradas y a los presuntos "tejemanejes" que se dan dentro de los partidos polítcos españoles.

domingo, enero 28, 2007

¿Otro debate inútil?

JUSTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Agotada una decepcionante legislatura, condicionada por la ruptura y el despido del PP de la coalicion gobernante y por la explosión de una corrupción soterrada durante muchos años, que muchos ciudadanos conocían, intuían o sospechaban, mañana comienza el denominado ’Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria’, que debería convertirse, por parte de la oposicion, en una crítica más que justificada de las ’bondades’ y ’edulcoraciones’ acostumbradas de una gestión provechosa para determinados sectores económicos amigos y realmente negativa para los intereses generales de los ciudadanos canarios, salvo que exista tongo en el debate y, especialmente, en las votaciones de los partidos políticos teóricamente opositores.


El portavoz parlamentario del PSC, Hernandez Spínola, ha señalado que al final de la legislatura "se ha acentuado la tendencia a la ineficacia, insolvencia y mala gestión" del Gobierno canario. Cristina Tavío, diputada, concejal y presidenta del PP de Tenerife, ha ratificado el diagnóstico: "El Gobierno, en minoría y con graves dificultades internas, sólo puede ofrecer el saldo paupérrimo de doce meses". ¿Se evidenciará en el debate el pacto para desactivar las comisiones de investigación parlamentarias entre Coalición Canaria y Partido Popular?

Con datos contrastados por estadísticas, informes y publicaciones, intentaré adelantar un somero esbozo de la situación socio-económica de Canarias, alejada de la visión autocomplaciente del Gobierno basada en datos estadísticos edulcorados, manipulados o tergiversados.

Canarias continúa en los puestos de cola en crecimiento del PIB. Fue la tercera comunidad autónoma que menos creció en 2005, superando sólo a Baleares y La Rioja. La CEOE, de Tenerife estima que "el crecimiento de la economía canaria, por tercer año consecutivo, estará por debajo de la media del crecimiento de la economía nacional." El actual modelo económico, turismo-construcción, "empieza a dar síntomas de agotamiento". Los empresarios canarios son los menos optimistas de la Unión Europea en crecimiento, empleo, ventas y exportaciones. Sólo el 19% creen que la situación de sus empresas mejorará. La renta per capita de Canarias fue la segunda que menos creció en 2006.

La Fundación de Cajas de Ahorro viene reiterando, en cada uno de sus informes, que Canarias es la autonomía donde existe una "menos favorable distribución de la renta". El 12% de los canarios acumula el 38% de la renta total, mientras el 88% restante tiene que repartirse el 62% restante.

Canarias continúa a la cola de la inversión en I+D+i. Este Gobierno ha destinado a este concepto la mitad de la inversión media estatal y la cuarta parte de la media europea.

El récord de llegadas no puede ocultar la crisis turística. Si los ingresos hoteleros se mantienen, los extrahoteleros caen en picado. La implantación de grandes superficies comerciales sin control adecuado ha originado en los últimos once años la desaparición de miles de pequeños comercios y de más de 50.000 puestos de trabajo.

El peso económico de la agricultura ha caído a mínimos históricos en los últimos años. La renta agrícola ha continuado descendiendo, a pesar de la reducción del número de agricultores.

El aumento del saldo negativo ha convertido a Canarias en la segunda comunidad en la que más ha aumentado su endeudamiento: un 6,7%. Supera los mil millones de euros, acumulando la mayor proporción de efectos impagados. El Consejo Económico y Social (CES), en su último informe, alerta sobre el endeudamiento de las familias canarias, que ha alcanzado "niveles históricos". De los 650.549 hogares que existen en Canarias, 135.535, casi el 21%, se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Más del 70% de las familias canarias tienen ciertas o muchas dificultades para llegar a fin de mes. Sólo el 14,3% de las familias canarias tienen capacidad para ahorrar algo.

Los trabajadores canarios son los segundos con menores salarios de España, después de los murcianos. Las mujeres cobran un 27% menos que los hombre por trabajos iguales. Se deriva de esta situación el tener inferiores pensiones de jubilación, viudedad y orfandad y una menor cobertura de desempleo.

Los accidentes laborales, especialmente los mortales y los que precisan baja médica, han aumentado. La temporalidad laboral es una de las más altas de España, superando el 40%. Continuamos manteniendo los más altos niveles de desempleo y la jornada laboral más larga, después de Madrid.

Con independencia de la evolución de los precios, la "cesta de la compra" en Canarias es una de las más altas del mundo, pese a las decenas de miles de millones que recibimos de la Unión Europea, para evitar que la lejanía encarezca la importación de productos de primera necesidad. Las compras en supermercados en Canarias son un 28% más caras que en Alemania, donde los trabajadores ganan un 65% más. El agua de Canarias, de discutible calidad, es la más cara de toda España.

Existen pocas dudas sobre la caótica situación de la sanidad canaria. Atención primaria, desbordada; menos médicos por cada mil habitantes; colapso en las urgencias; retroceso asistencial en los hospitales; carencia de especialistas y anestesistas; médicos mal pagados; aumento de las reclamaciones y conflictos laborales con médicos, auxiliares, enfermeros y celadores, y retrasos inadmisibles en las consultas de especialistas e intervenciones quirúrgicas, en beneficio de la sanidad privada. Se ha intentado engañar a los ciudadanos, una y otra vez, con "milagrosos" descensos de las listas de espera del 70%. La realidad es terca. Canarias, después de Cataluña, es la comunidad donde los pacientes tienen que esperar más tiempo para una consulta especializada o una intervención quirúrgica. Y no es un problema de financiación: sindicatos, médicos y pacientes consideran que principalmente es un problema de mala gestión.

Canarias continúa siendo la Comunidad Autónoma con mayores índices de fracaso escolar, con cifras que rondan el 40%, pese a invertir más dinero que la mayoría, por lo que estamos, como en la sanidad, ante una situación de desastrosa gestión. Desde la Universidad de La Laguna se acusa a Educación de no haber hecho nada para la adaptación de Canarias al Espacio Europeo de Educación.

En España, los servicios sociales sólo atienden al 9,4% de la población mayor. En Canarias el porcentaje se reduce al 6,43%. Otro triste récord. Figuramos en primer lugar nacional en número de denuncias de violencia doméstica. Una por cada 473 habitantes.

El número de menores con medidas judiciales ha aumentado un 421% en cinco años. Los dos mayores centros de menores, Valle Tabares y La Montañeta, tienen condiciones de higiene y seguridad que ponen en riesgo no sólo a los internos, sino a los trabajadores. El fiscal de Menores, Pablo Ponce, ha denunciado a la Consejería de Educación por "dar la espalda", a sus obligaciones legales. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canaias, Vicente Garrido, como los sindicatos, también cuestiona la gestión: "Algo falla en la atención a los menores en Canarias".

Canarias encabeza el despilfarro energético, en España. Tiene una de las mayores tasas de generación de residuos y es la comunidad con más vertidos incontrolados al mar. El Consejo Económico y Social, califica la política de gestión de residuos, de "ineficaz" y con un "alto coste".

Podíamos seguir…

Diario de Avisos

sábado, enero 27, 2007

Soria y Zerolo, PP y CC

OPINIÓN
COLABORACIÓN


Ramón Pérez Almodóvar

''Cuatro años más de gobierno de CC en Canarias, en los cabildos y en los ayuntamientos que ahora detentan y veremos incorporar nuevas legiones en sus redes organizadas, financiadas con presupuestos públicos; más funcionarios, más empresas públicas, multiplicar subvenciones y otras prebendas, para tener a sueldo, directa e indirectamente, a la mayoría del electorado''.

El párrafo anterior forma parte de una ponencia socioeconómica aprobada en el Congreso del PP celebrado el 29 de septiembre de 2002 en Las Palmas de Gran Canaria, texto elaborado por Jorge Rodríguez, ex concejal de Urbanismo de Soria y diputado regional repeinado, y por el popular palmero Manuel Lorenzo.

Según esta antológica ponencia, ''Canarias es víctima de la deficitaria y mala gestión de un gobierno de falso corte nacionalista que lo mejor que sabe practicar es la crispación, irritados o deprimidos por el aislamiento en que su propia política partidista y sectaria les hace vivir''. En el texto aprobado en ese Congreso del PP, es decir, votado por Soria y Cristina Tavío, presidenta del PP en Tenerife, diputada regional y concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde su grupo apoya al alcalde Miguel Zerolo (ATI-CC), se afirmaba que los representantes de CC ''sólo saben refugiarse en las medias frases, en las acusaciones insinuadas y descalificaciones, en el engaño o en cualquier otra cosa''.

Para los redactores del texto, la explicación a la ''imposición y control sistemáticos" que ejerce CC "puede residir en el miedo generado en mucha gente por la manera de practicar sus políticas, no sólo desde el Gobierno que ostenta, sino a través de todo el entramado que le rodea, miedo de mucha gente a expresarse libremente si no quiere poner en riesgo su puesto de trabajo o, incluso, sus posesiones materiales". Y contiene otra perla más: según los ponentes, la moratoria hotelera forma parte de la agenda de propaganda política de CC, una agenda "de carácter táctico electoral" que se diseña y se desenvuelve "entre la ineficacia de su aplicación y las operaciones publicitarias, en medio de objetivos políticos y el marasmo administrativo".

José Manuel Soria y Miguel Zerolo tienen muchas cosas en común: ambos son conservadores, aunque el segundo por la rama insularista; al primero lo llaman el Zeñorito y el segundo es un señorito de la burguesía chicharrera de toda la vida, esa que juega al golf en Tacoronte, almuerza en el Casino, toma el té en el Mencey y se toma las copas en el Club Náutico; ambos quieren ser presidente del Gobierno de Canarias, el primero despejando del camino a cualquier rival y el segundo por una cuestión natural de sucesión, después de Manuel Hermoso y Adán Martín. Y los dos tienen que ver con la moratoria turística: Soria, declarando de interés general el proyecto de Anfi Tauro; Zerolo, firmando un convenio el mismo día de entrada en vigor de la moratoria por la que se pasaba el uso hotelero de Las Teresitas a suelo residencial.

Y ahora los dos están en apuros, salpicados por la corrupción, y en una huida hacia delante: después de mí el diluvio. Mientras sus respectivos partidos se ponen de acuerdo para cerrar en falso las comisiones de investigación del caso Amorós y de la trama eólica, culpan de todos sus males al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, por ser el actual ministro de Justicia bajo cuyo mandato comienzan a salir casos de corrupción política, cuando estos casos se deben exclusivamente a la actuación de miembros del PP y de CC en instituciones que han gobernando como si fuera su finca particular…pero con el dinero de todos los canarios.

Porque una cosa son los discursos y otra los hechos, que demuestran que PP colabora con CC en aquello que denuncia: "Cuatro años más de gobierno de CC en Canarias, en los cabildos y en los ayuntamientos que ahora detentan y veremos incorporar nuevas legiones en sus redes organizadas, financiadas con presupuestos públicos; más funcionarios, más empresas públicas, multiplicar subvenciones y otras prebendas, para tener a sueldo, directa e indirectamente, a la mayoría del electorado". En el Ayuntamiento de Santa Cruz y en el Cabildo, el PP ha establecido un bloque con CC a lo largo de toda la presente legislatura, por lo que cabe deducir que forma parte de esas nuevas legiones que antes criticaba.

Deberían tener un poco más de hombría y menos chulería: tienen que afrontar sus responsabilidades. Y si se prevarica, se trafica con influencias, se malversan fondos públicos o se aceptan sobornos se debe pagar por ello igual que un choricito va al talego por vender un gramo de hachís en cualquier esquina. Gran parte de la sociedad más o menos informada está muy interesada en la delincuencia denominada de cuello blanco. Y esa población anhela resultados. De lo contrario, perder confianza en la Justicia es lo último que faltaba para que quede claro que una minoría elitista lo controla absolutamente casi todo: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y medios de comunicación. Estaríamos entonces ante un régimen político antidemocrático de hecho, no de palabra.

Canarias Ahora

Canaragua recurre la venta de Emmasa porque cree que se favoreció a Sacyr

El concejal de Servicios defiende que la adjudicación se basó en informes técnicos objetivos

Vicente Pérez - Santa Cruz

Canaragua, filial de Aguas de Barcelona (Agbar) y una de las cinco sociedades que se presentaron al concurso convocado por el Ayuntamiento de Santa Cruz para la venta de la empresa municipal de aguas (Emmasa), confirmó que ha recurrido en los tribunales la adjudicación de este servicio público a Sacyr-Vallehermoso, por considerar que su oferta fue "infravalorada y penalizada" para favorecer la que resultó ganadora.

Una denuncia sobre la que se mostró tranquilo el concejal de Servicios, Norberto Plasencia, quien hizo hincapié en que el concurso se resolvió siguiendo "informes de técnicos de la propia Emmasa, basados en puntuaciones según criterios objetivos, que la Mesa de Contratación dio por buenos", al igual que el pleno municipal (con el sí de CCy PPy el no del PSOE y Grupo Mixto).

El director general de Canaragua, Antonio López, explicó que el recurso contencioso administrativo fue presentado en marzo del pasado año."No estamos de acuerdo con cómo se calificaron las ofertas a partir de los criterios de valoración fijados en el pliego de condiciones, pues el informe de adjudicación no aplicaba estos criterios de igual manera a todas las empresas", expuso López. Un informe de la filial de Agbar concluye que el Consistorio primó un criterio que no constaba en el pliego de condiciones: "la cercanía de de las ofertas al modelo Emmasa. "Si la Administracíón disponía de un modelo que consideraba `óptimo`, ¿qué sentido tiene que no facilitara a los licitadores para que éstos se ajustaran su oferta al mismo?", se pregunta Canaragua, segúnla cual "las propuestas que se alejan de ese modelo, aun cuando supongan mejoras claras para Emmasa, se penalizan".

La filial de Agbar llega a la conclusión de que el Ayuntamiento aplicó este criterio "con mayor o menor rigor en función del interés de premiar a Sacyr" o de "penalizar a Canaragua". La empresa recurrente, en el informe facilitado a este diario, argumenta que su oferta fue "infravalorada y penalizada", pues "en aquellas cuestiones en que es netamente mejor, la diferencia que se le otorga con Sacyr se minimiza, y en aquellos otros que la oferta de Canaragua pudiera resultar inferior a la de Sacyr, se la penaliza disminuyendo aún más su puntuación". Asimismo, Canaragua cree que "el informe de adjudicación no es concreto ni delimita con objetividad y precisión los elementos tomados en consideración para valorar a los licitadores en cada uno de los criterios" valorados. "En multitud de ocasiones", prosigue Canaragua, "el informe de adjudicación se limita a señalar que una determinada oferta `se aleja o se acerca’ del modelo Emmasa, pero no se especifica con la debida concreción cuáles son los elementos de una oferta mejores o peores respecto de los de otra, ni se determina el porqué de tal valoración".

La reacción de Guigou

El portavoz del Grupo Mixto y líder de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, reiteró que "de la privatización de Emmasa tienen que salir aún a relucir muchas cosas, pero sobre todo debe ocurrir que se devuelva un bien básico como el agua a los santacruceros". El edil consideró "una paradoja y una ironía del destino" que Agbar y el Grupo Mixto coincidan ahora en los tribunales por el asunto de Emmasa, cuando en su día este grupo llegó a denunciar que el concurso estaba amañado para dárselo a Agbar. Guigou pidió además al alcalde que se querelle ahora contra Canaragua, igual que pretende hacerlo contra el concejal Angel Isidro Guimerá por afirmar que pudo haber comisiones en la venta de Emmasa.

Diario de Avisos

viernes, enero 26, 2007

La publicidad electoral de 2003.

El proyecto de futuro para Las Teresitas. Así se definía en un folleto que repartió ATI-CC unos días antes de las elecciones municipales de 2003, firmado con el eslogan "Coalición Canaria, la fuerza de Canarias".

Muchas de las infografías son idénticas, parecen las mismas que se han utilizado en la reciente campaña mediática institucional iniciada el sábado día 20 de enero de 2007 en la prensa local y en TV a partir del lunes día 22.

Tras la campaña institucional que presuntamente pretende difundir "Las preguntas y respuestas de Las Teresitas", se oculta -la verdad es que se oculta muy poco- un lavado de cara de nuestras orondas autoridades municipales implicadas en la denuncia del ministerio fiscal por lo que se ha dado en llamar "El Pelotazo de Las Teresitas".


Aquí se confunden, una vez más, las churras con las merinas y lo público con lo privado. O puede que no se confunda nada y que todo se haga conscientemente, porque simplemente ellos piensen que en el fondo lo público también es privado, que ellos son Tenerife o que Tenerife entero es de ellos.


Lo cierto es que Canarias en general y Tenerife en particular es un coto de caza privado en el que un cortijo de "señoritos" andaluces, pero con acento canario y con coche oficial en vez de caballo árabe, se reparten el pastel y ejercen sin pudor el derecho de pernada mediático. Aquí vale todo. Esa ha sido hasta ahora la auténtica Fuerza de Canarias.

Revista Digital San Borondón

jueves, enero 25, 2007

El Ejecutivo rechaza anular el plan de Las Teresitas y defiende su legalidad

CANARIAS
24/01/2007 (22:52 h.)

EL PSC ACUSA AL GOBIERNO DE REACCIÓN "AUTODEFENSIVA"

EFE. Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno de Canarias consideró este miércoles que el plan parcial de Las Teresitas se ha aprobado con todos los controles y garantías de legalidad, mientras que el PSC advirtió un conjunto de infracciones legales que justifican sobradamente su anulación y acusó al Ejecutivo de reacción "autodefensiva".

Las discrepancias en torno a la urbanización de la playa de Las Teresitas se produjeron en el Parlamento regional con motivo del debate de una interpelación en la que el diputado socialista Santiago Pérez pedía la anulación del citado plan, lo que fue rechazado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel.

El consejero dijo que el plan se aprobó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es decir "con la máxima legitimación posible e incluidos los votos del PSC", y señaló que la modificación satisface la demanda ciudadana y garantiza el uso público de la playa.

El hecho que se haya presentado una querella no implica que el Gobierno deba extralimitarse en sus funciones, según Berriel, quien señaló que este asunto está en los tribunales "y lo prudente y lo lógico es esperar sin prejuzgar" el resultado, que seguramente "dentro de unos años" se habrá olvidado.

El consejero mencionó las distintas fases que ha atravesado el plan de urbanizar la playa y negó que tenga una posición de defensa de nadie, sino de la legitimación de los actos públicos realizados por las administraciones democráticas sobre todo cuando el fundamento es "una querella que no ha sido sometida al proceso de contradicción" y de tutela judicial efectiva.

"No se pueden sacar conclusiones de una mera denuncia porque si no estaríamos aviados, igual que antes de que las Cortes de Cádiz aboliesen la Inquisición", afirmó Berriel.

El consejero pidió restablecer la presunción de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife actúa correctamente en el ejercicio de sus potestades en materia de planeamiento "en tanto no se demuestre lo contrario" y que los filtros técnicos y jurídicos establecidos en la legislación han actuado rigurosamente y con toda precisión.

Opinó también que es "altamente improbable" que los tribunales adopten alguna medida cautelar o dicten la nulidad de las modificaciones del Plan General de la capital tinerfeña, pues aseguró que "del análisis exhaustivo de lo actuado hasta ahora resulta muy difícil colegir tal posibilidad".

"Ni una querella o denuncia en materia penal enervan por sí solas la validez o las actuaciones urbanísticas amparadas por la presunción de legalidad, sino que someten al conocimiento de los tribunales una determinada versión unilateral de los hechos", apuntó.

El diputado socialista Santiago Pérez replicó que una decisión adoptada por unanimidad en una corporación no enerva el principio de legalidad y aseguró que el Gobierno de Canarias puede defender dicho acuerdo "por razones de partido o de solidaridad", pero al hacerlo está renunciando a ejercer las potestades que le conciernen y que se refieren a afianzar la credibilidad del sistema legal.

"Ahora se saben hechos que no tenían por que saberse antes y que con claridad demuestran que esa modificación del Plan General adolece de vicios de legalidad muy importantes que deben determinar su anulación", apuntó.

En su opinión, la modificación del plan incumplió las previsiones de la ley de la moratoria turística, que establecía la suspensión de los efectos de los instrumentos de ordenación anteriores y basados en disposiciones legales obsoletas.

Además, según el parlamentario socialista, el Plan General modificado como consecuencia del convenio de Las Teresitas infringe varias disposiciones de la ley de ordenación del territorio, en cuanto a que no se puede condicionar un acuerdo de estas características a los intereses privados.

También se refirió a la plusvalía de 90 millones de euros obtenida en la reordenación del valle de las Huertas, que no han ido a parar a la comunidad, y se preguntó "dónde ha ido a parar el aprovechamiento urbanístico" con el que el Ayuntamiento justificó la operación.

En su opinión el caso de Las Teresitas se ha convertido "en un test" porque la Comunidad Autónoma se está enfrentado a casos similares en materia urbanística y cuando afloran infracciones del ordenamiento la Administración debe actuar de oficio, por lo que la presunción de inocencia no debe "servir de trinchera para no actuar".

Santiago Pérez anunció que el grupo Socialista presentará propuestas de resolución relacionadas con la citada interpelación "porque está en juego la credibilidad" del sistema de ordenación que los gobiernos han puesto "en primera línea" y en cambio, cuando se produce un caso de este tipo la reacción es "autodefensiva".

Canarias Ahora

"Queda la Palabra" lleva a la Fiscalía su denuncia contra ´El Día´ por racismo

El colectivo recuerda que el Código Penal sanciona las conductas xenófobas

LA OPINIÓN / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El colectivo pro derechos humanos Queda la Palabra presentó el martes ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial tinerfeña su informe sobre racismo y xenofobia en Canarias, correspondiente a 2006, para que se investigue de oficio si el periódico El Día ha incurrido con algunos de sus editoriales e informaciones en el artículo 510 del Código Penal, por el que se castiga el fomento del racismo y la xenofobia.

El artículo 510 del Código Penal español prevé "penas de prisión de uno a tres años y multas de seis a doce meses" a quienes "provocaran a la discriminación, el odio o la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas, u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía".

Queda la Palabra, colectivo con representación en diferentes provincias españolas como Santa Cruz de Tenerife y Premio Nacional de Derechos Humanos en 2005, recoge en su último informe el posible racismo y xenofobia en los medios de comunicación con todo un apartado dedicado a El Día, aunque advierte que no es el único medio de comunicación de Canarias que propaga mensajes contrarios a la aceptación e integración social de los inmigrantes, máxime si éstos están en situación irregular y proceden de África.

Editoriales

Así, se recogen editoriales del citado periódico en los que se exalta "la raza blanca europea" frente a la de los africanos de "raza negra pura" y alertan del peligro de la pérdida con la mezcla de la identidad canaria. También preconizan el peligro de una "invasión" o de la transmisión de enfermedades. "En estos momentos, Canarias sufre una invasión de africanos de raza negra pura, salvo caso de sida o enfermedades contagiosas, la cual, como todo el mundo sabe, prima sobre la blanca en caso de mezclarse", se lee en uno de los comentarios del año pasado del editor/director de El Día, José Rodríguez Ramírez, designado recientemente por unanimidad del pleno del Cabildo de Tenerife candidato al Premio Canarias de la Comunicación.

Presentación en Madrid

Fuentes de Queda la Palabra confirmaron la presentación el martes de una petición de investigación a la Fiscalía de la Audiencia Provincial tinerfeña y la presentación hoy en Madrid del estudio Racismo y Xenofobia en Canarias . "Los colegas de otras provincias y colectivos de inmigrantes se quedaron estupefactos cuando leyeron los comentarios del periódico El Día. No se lo podían creer", dijo un portavoz.

Por otra parte, otra organización social, SOS Racismo, ha mostrado también su preocupación por la realidad que se está viviendo en Canarias ante el fenómeno de la inmigración irregular y ha recordado que "son las instituciones políticas y parlamentarias las competentes para luchar contra este fenómeno", aclara en una nota de apoyo a un pacto contra el racismo y la xenofobia para el Archipiélago que no se ha firmado por falta de acuerdo político.

La organización social Queda la Palabra recuerda, asimismo, la sentencia condenatoria contra un diario digital de Lleida por verter opiniones que están sancionadas legalmente por el artículo 510 del vigente Código Penal.

La Opinión de Tenerife

Asamblea por Tenerife protestará contra la campaña de Las Teresitas

CANARIAS
24/01/2007 (20:58 h.)

EL COLECTIVO SE CONCENTRARÁ ANTE EL AYUNTAMIENTO CAPITALINO

EFE. Santa Cruz de Tenerife

El colectivo Asamblea por Tenerife convocará concentraciones ante el Ayuntamiento de Santa Cruz a partir de la próxima semana para protestar por la campaña publicitaria de la corporación municipal para defender la legalidad de la urbanización de Las Teresitas, al tiempo que pidió a la Fiscalía que investigue de oficio este asunto.

Así lo anunciaron este miércoles los miembros del colectivo Sebastián Álvarez y Aaron Hernández, quienes criticaron "la publicidad engañosa pagada con dinero de todos para defender la legalidad de una operación que es investigada por la Fiscalía Anticorrupción". Por ello, Asamblea demandó a la Fiscalía que inicie una investigación de oficio y señalan que miembros de la plataforma ciudadana denunciarán "en todo caso" los hechos que, a su juicio, pueden vulnerar la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional.

La primera concentración se desarrollará el 31 de enero para pedir al alcalde, Miguel Zerolo, que se destine la misma cantidad de dinero que se ha utilizado en la publicidad del pasado fin de semana para que el movimiento social pueda hacer una campaña informativa "de verdad" sobre la operación de Las Teresitas. Otra medida anunciada es que a partir del 3 de febrero se convocarán concentraciones los sábados al mediodía para protestar contra la corrupción urbanística.

Sebastián Álvarez anunció que otro de los acuerdos de la Asamblea es que las concentraciones contra la corrupción se convocarán también ante otras instituciones, como el Cabildo de Tenerife, el Parlamento de Canarias o la Presidencia del Gobierno, y que estas movilizaciones concluirán a finales de marzo o principios de abril, con una manifestación en contra de la corrupción y a favor de la democracia y las libertades. La manifestación se pretende que se celebre simultáneamente en otras islas, para lo que se ha nombrado una comisión específica encargada de contactar con otros movimientos sociales de Canarias.

Aaron Hernández denunció la utilización de dinero público para defender "la trama" de Las Teresitas y dijo que los ciudadanos organizados iniciarán "una lucha frontal, sin titubeos, con todos los medios democráticos que estén a nuestro alcance".

Canarias Ahora

miércoles, enero 24, 2007

Castro cree que la especulación tiene el "legítimo objetivo de revalorizar inversiones" e insiste en descartar gravar los pisos vacíos.

ACN 24.01.06
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno canario, Antonio Castro, ha considerado hoy que la especulación tiene el “legítimo objetivo de revalorizar las inversiones”, por lo que ha insistido en descartar gravar un canon a las viviendas vacías como forma de frenarla porque cree que esta medida podría contravenir el derecho a la propiedad privada recogida en la Constitución.

Aunque ya descartase en comparecencia parlamentaria esta medida, debatida en los Parlamentos catalán y vasco, durante el balance de su gestión realizado la mañana de este miércoles, Antonio Castro explicó las razones por las que está en desacuerdo con esta opción.

“Hay quien no sabe qué hacer con sus recursos financieros, decide invertir en vivienda y esperar a ver lo que sube el precio de la vivienda en cantidades importantes, con un legítimo objetivo de revalorizar sus inversiones, lo que vulgarmente se define como especulación”, declaró Castro.

“No son especuladores –continuó- sino que en lugar de poner el dinero en una entidad financiera, piden un crédito hipotecario, se compran una vivienda y luego van pagando porque es una manera de revalorizar sus ahorros”. Para Castro, “esto es bueno para la economía, que se mueva”.

El consejero destaca que gravar con un impuesto la propiedad privada puede ser una manera de “usurparla”, por lo que se podría contravenir la propia Carta Magna española. No obstante, reconoce que en ese texto también se reconoce el derecho a una vivienda digna.

Para resolver esta dicotomía, Castro cree que se debería establecer una normativa básica del Estado, para que no todo el mundo pueda ir por libre en este sentido, ya que un impuesto a los pisos vacíos considera que es una medida que “debe estudiarse mucho”. Además, cree que, en el caso de Canarias, funcionan las medidas incentivadoras que ayudan a los propietarios a reformar pisos vacíos obsoletos, la propia RIC o la adquisición por parte del Gobierno autonómico de pisos vacíos para cederlos a los ciudadanos.

Revista Digital San Borondón

El PSOE exigirá que el alcalde y Parejo expliquen la campaña de Las Teresitas

Los socialistas no descartan emprender acciones legales ante la justicia

NOÉ RAMÓN / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Tovar, anunció ayer que emprenderán una serie de medidas con el fin de que el alcalde, Miguel Zerolo, y el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, den cuenta de la campaña publicitaria que durante estos días ha aparecido en los medios de comunicación ofreciendo explicaciones sobre la compra de los terrenos de la playa.

Entre las medidas adoptadas está la solicitud de que se les facilite una copia del expediente sobre esta campaña, que el alcalde comparezca ante el pleno informando sobre la misma, a la vez que junto con el grupo mixto han solicitado la convocatoria urgente del órgano rector de la Gerencia de Urbanismo con el fin de que el concejal dé cuentas de cuál ha sido el uso del dinero público. Pero en cualquier caso Tovar fue claro al advertir que no descartan emprender "cualquier otro tipo de medidas que nos ampare la ley".

El concejal socialista, José Ángel Martín, cree que esta campaña informativa que en realidad calificó de "justificativa", es tan sólo "otra cortina de humo más" del alcalde para no dar explicaciones sobre el contenido de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

Opinión clara

Contrapuso el contenido de la misma a la falta de explicaciones del alcalde sobre este asunto durante el último pleno ordinario celebrado por la Corporación local. Rechazó las palabras de Zerolo detectando fisuras en la postura de los socialistas, al señalar que "nuestra opinión siempre ha sido de clara oposición al convenio", más allá del apoyo que en su momento dieron los concejales de esta formación política y que según recordó Martín, "acabó provocando una ruptura en el partido".

Dijo el concejal, quien al frente del colectivo Insula Viable presentó la denuncia en Anticorrupción que esta campaña informativa "es tan sólo un intento más de Zerolo por limpiar su imagen" y reseñó que llevan esperando explicaciones públicas del alcalde desde que se destapó este entramado judicial. Incluso recordó que el propio Zerolo adoptó el compromiso público de dar su punto de vista sobre la operación urbanística ahora investigada.

Los socialistas esperaban que esta comparecencia se hubiese celebrado ante los medios de comunicación o que al menos el alcalde aprovechara el último pleno ordinario para llevarla a cabo. "Muy al contrario nos encontramos con que en la última sesión plenaria el alcalde nos negó la palabra y cortó el debate con la peor de las formas".

Y mientras no acaban de llegar las explicaciones el PSOE se ha visto ante la sorpresa de ver como durante las últimas fechas han aparecido anuncios en los medios de comunicación escritos y televisiones explicando la postura del grupo de gobierno sobre Las Teresitas. La oposición sigue pidiendo que se aclare si se adquirieron terrenos públicos, si estos iban a ser cedidos gratuitamente o si se abandonó a antiguos propietarios.

La Opinión de Tenerife

lunes, enero 22, 2007

Los fiscales advierten que puede ser delito culpar a la Fiscalía de ser utilizada con fines políticos.

ACN 22.01.06

El presidente de la Asociación de Fiscales de España, Guillermo García-Panasco, ha advertido hoy a los que acusan a la Fiscalía Anticorrupción de estar siendo utilizada con fines políticos que podrían estar cometiendo un delito, por lo que hace un llamamiento para que se moderen los discursos en torno a esta institución.


García-Panasco hacía estas declaraciones en los micrófonos de la cadena Ser, donde pidió “meditar mucho” antes de hacer determinadas declaraciones que hablan de supuestos delitos (prevaricación o incluso malversación de caudales públicos) que, de no ser ciertos, podrían suponer a su vez un delito por calumnias.

“Decir que se dan instrucciones al Ministerio Fiscal con la única finalidad de perseguir a adversarios políticos, si no es delito, se le parece bastante”, declaró el presidente de la Asociación, quien dijo que quienes así hablan, están suponiendo delitos por prevaricación o malversación de fondos públicos que, de no ser ciertos, podrían estar incurriendo a su vez en un delito por calumnias.

LAS TERESITAS

En cuanto a si es delito, cometido por parte de la prensa, haber hecho pública la denuncia contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, por presunta corrupción en la playa de Las Teresitas, tal como se quejó el Gobierno canario, García-Panasco considera que no.

Para justificar esta consideración consideró que la prensa puede hacer públicos aquellos datos que no sean relevantes para la investigación, como por ejemplo la denuncia. Tanto es así que consideró incluso como positivo que, de no afectar a estos datos relevantes, se conozca la labor de la Fiscalía.

“El hecho de publicarse la denuncia no ha mermado la eficacia de la investigación”, dijo el presidente, agregando que esto es así toda vez que la propia juez ha acordado el secreto de la investigación, por lo que cree que no se está afectando a la parte fundamental de la misma.

Revista Digital San Borondón

La oposición arremete contra el anuncio de Zerolo en favor de Las Teresitas

CANARIAS
22/01/2007 (20:12 h.)
''VERGONZOSO E INMORAL'', LAMENTAN LOS SOCIALISTAS

ACN. Santa Cruz de Tenerife

El vicesecretario general del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) en Tenerife, José Manuel Corrales consideró "vergonzosa e inmoral" la utilización de dinero público por parte del gobierno de Coalición Canaria-Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, concretamente desde la Gerencia de Urbanismo, para justificar unas actuaciones urbanísticas en la playa de las Teresitas, "que están claramente cuestionadas socialmente y judicialmente, en especial después de la querella de la Fiscalía Anticorrupción".

Los socialistas criticaron al alcalde capitalino, Miguel Zerolo, por intentar proclamar "groseramente a los cuatro vientos su inocencia y limpiar su imagen con el dinero de todos los chicharreros" y recordaron que, si el proyecto suscita controversia y rechazo por sectores de la ciudadanía, se debe a que “las cosas no están nada claras” y así lo testifica el proceso judicial abierto contra el regidor y otras once personas. Corrales consideró una "desvergüenza" que el alcalde y el gobierno municipal de CC-PP utilicen "cuantiosos recursos públicos para falsear la realidad y desinformar a los vecinos", en lugar de aportar a la oposición y al pleno municipal la documentación e información necesaria para aclarar este tema, sin necesidad de gravar aún más las arcas municipales con esta "confusa campaña de autobombo que intenta justificar lo injustificable".

El PSC estimó que la campaña sobre Las Teresitas que ha emprendido el gobierno municipal de Miguel Zerolo con la utilización "desmedida" de dinero público es un "nuevo intento de maquillar la realidad y de presionar de forma descarada a la Fiscalía y a los tribunales, lo que supone profundizar y renovar su errática estrategia de ataque a la independencia judicial, al Estado de Derecho y al funcionamiento normal de un sistema democrático limpio y transparente". José Manuel Corrales coincidió en la valoración realizada atrás por el diputado socialista Santiago Pérez al indicar que Miguel Zerolo se ha gastado millones de euros del pueblo de Santa Cruz en la operación de Las Teresitas sin que exista un claro interés publico y "ahora quiere continuar malgastando recursos públicos para manipular la opinión de los ciudadanos".

Los socialistas insistieron en que CC intenta convertir las próximas elecciones municipales en un "falso referéndum sobre la inocencia o culpabilidad de Miguel Zerolo en el asunto de Las Teresitas, algo que debe exclusivamente dilucidarse en los tribunales". Corrales reiteró que si CC quiere difundir a los cuatro vientos su inocencia con falacias "lo debe hacer exclusivamente con el dinero de esa formación política pero no con el de los contribuyentes ya que eso es un autentico fraude a la ciudadanía".

Distorsión de las irregularidades

Por su parte, Ciudadanos de Santa Cruz vuelve reiteró este lunes su denuncia acerca de la utilización de dinero público por parte del Ayuntamiento capitalino en una campaña informativa acerca de la Playa de Las Teresitas publicada este fin de semana en la prensa, ya que le parece una “desfachatez” la forma en que Miguel Zerolo y el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, “tratan de distorsionar las irregularidades cometidas en este asunto”.

La formación política explicó que con la publicación de esta campaña el alcalde y su equipo “sólo pretenden desinformar” a los vecinos a través de publicidad institucional, “utilizando datos que nada tienen que ver con la realidad reflejada en la querella presentada por la Fiscalía”, y solicitaron la comparecencia de Miguel Zerolo en el Pleno del Ayuntamiento para que explique el coste de la campaña publicitaria.

Canarias Ahora

domingo, enero 21, 2007

El PSC insta a la Fiscalía a investigar la propaganda sobre Las Teresitas

CANARIAS
20/01/2007 (16:25 h.)
ACUSA AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE UN ''USO ILEGAL'' DEL DINERO PÚBLICO

EFE. Santa Cruz de Tenerife

El PSC consideró este sábado que se debe poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la campaña propagandística iniciada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife respecto a la urbanización de Las Teresitas, que a su juicio supone un uso ilegal e indebido del dinero público.

Así lo manifestó el diputado regional del grupo Socialista Santiago Pérez, quien calificó de "escándalo" la campaña que ha emprendido el Ayuntamiento de Santa Cruz con dinero público para objetivos "ajenos a la legalidad" y para tratar de justificar "lo injustificable", que es la operación inmobiliaria en Las Teresitas.

Santiago Pérez afirmó que este es el segundo paso que intenta CC para "presionar" a la Fiscalía y a los tribunales y demuestra que el talante de los nacionalistas y la forma de entender la política del alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, son verdaderamente ajenos a la cultura del Estado de Derecho.

"Zerolo trata de contestar a la Fiscalía no con argumentos, sino con propaganda que trata de pagar con dinero público", añadió Pérez, quien apuntó que el alcalde "no sólo se ha gastado millones de euros del pueblo de Santa Cruz en la operación de Las Teresitas sin justificar, sino que ahora quiere continuar malgastando para manipular la opinión" de los ciudadanos.

Apuntó que ya hizo "lo mismo" en la víspera de las anteriores elecciones y argumentó que de esta manera Zerolo trata de convertir los próximos comicios "en un referéndum sobre su inocencia o su culpabilidad, que es algo que deben dilucidar los tribunales".

A su juicio, con esta nueva campaña propagandística y mala administración de los fondos públicos el alcalde trata de rehuir "lo que tiene que afrontar", y que es "explicar ante el pueblo de Santa Cruz y ante los tribunales con argumentos por qué los hechos en que se funda la querella del fiscal no son ciertos".

"Esa explicación es la que trata de evitar, primero, porque recurre a identificarse él con la noble imagen del pueblo de Santa Cruz y segundo, porque trata de blindarse con la unanimidad que consiguió forzar en el pleno en contra del criterio del PSC de Tenerife", añadió el dirigente socialista.

Si CC quiere difundir a los cuatro vientos "sus tonterías" que lo haga con su dinero "pero no con el de los santacruceros", continuó Pérez, quien insistió en que lo que tiene que hacer Zerolo es explicar por qué no es verdad que sean constitutivos de delito los hechos por los que se ha presentado una querella.

En opinión de Santiago Pérez, Miguel Zerolo intenta además "visiblemente" condicionar con dinero público a los medios de comunicación, lo que consideró "especialmente reprochable".

Canarias Ahora

viernes, enero 19, 2007

CC y PP rechazan revisar el plan parcial de Las Teresitas

CANARIAS
19/01/2007 (15:30 h.)
ARGUMENTAN QUE EL PGOU ES EL "MÁS LEGÍTIMO" DE CANARIAS

EFE. Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechazó este viernes, con los votos de CC y PP, sendas mociones de los grupos Socialista y Mixto para revisar el plan parcial de Las Teresitas por considerar que el PGOU, del que forma parte, tiene una legitimidad democrática muy superior a la de cualquier otro instrumento de planificación de Canarias.

En el pleno celebrado este viernes por la corporación municipal se debatieron dos mociones referentes al citado plan parcial, una de ellas del grupo Mixto, que pedía la paralización inmediata de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y del inicio de las obras previstas en la playa de Las Teresitas.

Esta moción fue rechazada por 19 votos en contra, de los grupos de CC y PP, dos a favor, del Mixto, y 5 abstenciones, del Socialista.

Posteriormente se debatió una moción del grupo Socialista en la que solicitaba evaluar las consecuencias e iniciar las actuaciones para revisar de oficio el plan parcial de Las Teresitas, y que fue rechazada con 19 votos en contra y siete a favor.

El portavoz municipal de CC, Bruno Piqué, dijo en respuesta a la moción del grupo Mixto que la querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción en relación con la compraventa de los terrenos de Las Teresitas "no puede constituir un motivo de suspensión de la tramitación del PGOU, ya que el plan afecta a todo el término municipal y no sólo al citado paraje costero.

Además Piqué consideró que sólo por el hecho de que estos terrenos sean mencionados en la querella no afecta a la validez del plan, y su mención sólo guarda relación con la hipotética responsabilidad que puede derivarse de la misma.

Tampoco tiene el Ayuntamiento por qué dejar sin efectos los actos administrativos "válidamente adoptados" por la mera presentación de una reclamación en este asunto, como hizo la asociación ecologista ATAN, y que además "nada tienen que ver con la tramitación del plan sino con el proyecto de obras, que afecta fundamentalmente al que ejecuta Costas, y se estará en todo caso a su resolución".

A estas consideraciones habría que añadir la responsabilidad patrimonial "de incalculable cuantía" que pudiera derivarse de una suspensión "infundada" del plan "y más allá de los límites previstos en la legislación urbanística", advirtió el edil.

También se refirió a las importantes repercusiones económicas derivadas de las reclamaciones que interpondrían las empresas adjudicatarias de las obras, si se procediera a su suspensión.

Añadió Piqué que el grupo Mixto ha hecho consideraciones de carácter político "en las que se atreven a justificar estas medidas con afirmaciones atentatorias contra la presunción de inocencia de autoridades y de funcionarios de la administración municipal".

En cuanto al argumento del mismo grupo de que ante la proximidad de las elecciones locales es aconsejable suspender la tramitación del PGOU, "lo que debe y va a hacer" el grupo de gobierno, prosiguió Piqué, es culminar su aprobación, en el que ha trabajado intensamente "y que ha generado unas expectativas que no se pueden defraudar sin motivo".

"Al contrario de lo que se dice en la moción, se han estimado alegaciones en el marco de un proceso de participación cuya duración es inédita en Canarias y ha permitido garantizar de forma real y efectiva la participación vecinal", señaló Piqué.

Respecto a la moción del grupo Socialista, el portavoz de CC precisó que la revisión de oficio cualquier actuación administrativa corresponde al órgano que la aprobó, en el caso del plan parcial de Las Teresitas, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

También negó que se incurra en alguna de las causas de nulidad establecidas en la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y además "es evidente", continuó Piqué, que la revisión debería avalarse en razones "de interés público, conveniencia y oportunidad".

Asimismo se debería evaluar la repercusión en los intereses municipales y en los propietarios afectados por una nueva propuesta.

"Es evidente que ello llevaría aparejado unas consecuencias de incalculable alcance económico por la responsabilidad patrimonial en la que se podría incurrir con grave daño para los intereses públicos y la hacienda municipal", declaró Bruno Piqué.

Canarias Ahora

jueves, enero 18, 2007

Teidagua recomienda no usar agua de la red para el consumo y la preparación de alimentos para niños

escrito por Agencias
18/01/2007 - 21:27

La Laguna

El Ayuntamiento estudiará alguna bonificación en el recibo del agua para aquellas familias que su situación económica no les permita adquirir de forma habitual agua embotellada. El concejal de Aguas del Ayuntamiento de La Laguna y el gerente de la empresa concesionaria del servicio de aguas en el municipio, Antonio Pérez Godiño y Javier Davara, respectivamente han recomendado hoy no usar agua de la red para el consumo y la preparación de alimentos para niños menores de ocho años en diversas zonas del municipio.


Este anuncio surge después de que la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias haya comunicado la superación, en varias zonas del municipio de La Laguna, de los límites correspondientes al parámetro del ión fluoruro en el agua de consumo humano. El Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero establece un valor máximo para el citado parámetro de 1,5 miligramos por litro.

Así, las zonas afectadas que superan dicho parámetros son el Coromoto, San Benito, Las Gavias, Urbanización Aguere, San Roque, Lomo largo, Valle Tabares, y Las Mercedes, así como Dávila (zona alta de Guamasa), Finca Pacho, Los Andenes y El Gramal.

También superan el valor máximo de fluoruro El Cardonal, Taco, San Matías, Montaña de la Mina y la parte alta de los Baldíos, por encima de San Francisco de Paula, según informa el Ayuntamiento de La Laguna en un comunicado.

Por este motivo, Teidagua, siguiendo instrucciones del Gobierno de Canarias, está comunicando a los vecinos de las zonas afectadas la recomendación sanitaria para la población de hasta 8 años de edad de no usar este agua para beber o preparar alimentos. Antonio Pérez Godiño informó de que se va a estudiar alguna bonificación en el recibo del agua para aquellas familias que su situación económica no les permita adquirir de forma habitual agua embotellada para sus hijos menores de 8 años.

En la carta que será enviada a los vecinos se informa de que “teniendo en cuenta de que se trata de un problema supramunicipal, que afecta a los acuíferos de la Isla de Tenerife por su origen volcánico, se están tomando las medidas técnicas que permitan cumplir los parámetros de ión fluoruro en el agua de abastecimiento de la zona donde reside”.

Teidagua ha dispuesto dos teléfonos para atender cualquier consulta a este respecto: 900200563 / 902200563. La vigencia de esta medida tiene carácter indefinido, mientras no se realice una comunicación en sentido contrario.

Canarias 24 Horas

Un incendio revela que el ´camping´ Nauta ha invadido una reserva natural

Arona
El expediente reseña que la infracción urbanística cometida es "grave"


BLANCA SALAZAR / ARONA

La inspección realizada en el camping Nauta (en Arona) en mayo de 2006 a raíz de un incendio que devastó una caravana y una caseta, ha acabado delatando que en esa instalación se ha cometido una infracción urbanística "grave" al ampliar sin permiso la zona de acampada y ejecutar obras sin licencia, todo ello sobre una zona declarada como reserva natural.

A mediados del año pasado un inquilino del camping movió cielo y tierra para denunciar que un pequeño incendio había devastado su caravana, su caseta y todas sus propiedades "porque no había ni un sólo extintor". La inspección que realizó la Guardia Civil a raíz de ese incendio ratificó que, efectivamente, en la zona del siniestro no localizaron "ninguna boca de incendio o extintores" y matizaron que en el lugar "se observa que otras parcelas presentan construcciones similares que constituyen un riesgo".

Pero además, los agentes recogieron en su acta de inspección que la zona de acampada donde se produjo el incendio "no se haya en proyecto original al ser ésta una ampliación". Y a mediados del pasado mes de junio, la Delegación del Gobierno en Canarias remitió el acta policial levantada por infracción a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas al alcalde de Arona, José Alberto González, "para su conocimiento y a los efectos oportunos". A partir de ese momento, el procedimiento relativo a la infracción detectada en el camping Nauta recayó sobre el Ayuntamiento aronero, cuya sección de Disciplina Urbanística comprobó durante una visita realizada el pasado mes de noviembre que la zona de acampada ampliada "no cuenta con las pertinentes autorizaciones".

Informes técnicos posteriores confirman que las obras de ampliación de la zona de restaurante y colocación de casetas de madera invade sin ningún tipo de autorización una reserva natural. Asimismo, ponen de manifiesto que la infracción urbanística cometida en este camping está calificada como "grave" en el texto refundido de las leyes de Ordenación y del Territorio de Canarias y Espacios Naturales .

La familia García Santamaría, en el punto de mira

Es más que probable que las infracciones detectadas en el camping Nauta (Cañada Blanca, Arona) den mucho que hablar. Ya es motivo de asombro que uno de los pocos campings del sur de Tenerife realice obras de ampliación sin las autorizaciones pertinentes, invadiendo además una reserva natural y poniendo en riesgo a los residentes, caravanas y casetas por carecer de extintores. Pero además, será difícil que la propiedad de ese camping pase inadvertida políticamente. Los informes consultados por este periódico recogen que la titularidad de esa instalación recae sobre Explotaciones Eloy R. García García SA y que su propietario es Eloy Román García Santamaría. Sin embargo, la gran mayoría de las consultas realizadas (incluso a políticos) muestran la convicción de que el candidato del PSC Francisco García Santamaría está vinculado a la propiedad del camping.

La Opinión de Tenerife

miércoles, enero 17, 2007

Greenpeace pide a Madrid que retire el proyecto del puerto de Granadilla

ECONOMíA
17/01/2007 (17:38 h.)

"APOYARLO ES APOYAR LA CORRUPCIÓN Y NO VAMOS A CONSENTIRLO"

EFE. Santa Cruz de Tenerife

La organización ecologista Greenpeace ha pedido por escrito a los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente que retiren el proyecto de construcción del puerto industrial de Granadilla, en el sur de Tenerife.

Greenpeace ha tomado esta iniciativa tras un dictamen aprobado por el Consejo de Estado en el que señala que el Estado no puede eludir su obligación de gestionar la biodiversidad ante las amenazas que pesan sobre el medio marino, señalaron los ecologistas en un comunicado.

Este dictamen, indicó Greenpeace, fue elaborado a petición del Consejo de Ministros y en él se denuncia que hay un retraso en la puesta en marcha de una política de Estado de conservación de la biodiversidad marina que debe remediarse con rapidez.

El Consejo de Estado recuerda que el Estado es competente y responsable de la política de conservación y utilización sostenible de la biodiversidad biológica del medio marino.

"Graves afecciones al medio marino"

Para Greenpeace, el dictamen del Consejo de Estado "tiene una clara incidencia sobre un proyecto como el puerto de Granadilla, que ocasionará graves afecciones al medio marino, reconocidas hasta por la Comisión Europea".

"La incompatibilidad del puerto con el dictamen debe ser resuelta con urgencia", indica Greenpeace, y por eso ha pedido información a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente "sobre las medidas que van a adoptar a este respecto".

Los ecologistas advierten de que "si los ministerios de Fomento y Medio Ambiente se quedan de brazos cruzados y permiten la destrucción de la costa de Granadilla, estarán incumpliendo el mandato del Consejo de Estado a sabiendas de que lo están haciendo y tendrán que asumir las responsabilidades que se derivan de ello".

Greenpeace también ha pedido información a Fomento y a Medio Ambiente sobre sus actuaciones respecto al presunto caso de corrupción del puerto deportivo de San Andrés, denunciado en un auto del juez Baltasar Garzón.

En ese auto, recuerda Greenpeace, se pide que se investigue el presunto cobro de comisiones por parte del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor.

La ubicación de ese puerto deportivo "imposibilita cualquier ampliación por el norte del Puerto de Santa Cruz", que es la "excusa utilizada para justificar la construcción del puerto de Granadilla", según Greenpeace.

"Una vez destapada la gigantesca trama de corrupción en torno a este proyecto y su implicación con Granadilla, ahora existen realmente 'razones imperiosas de primer orden' para desestimar de una vez este puerto", según María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Para la dirigente ecologista, "apoyar Granadilla es apoyar la corrupción y no vamos a consentirlo".

Canarias Ahora

martes, enero 16, 2007

Guimerá: ''La privatización de Emmasa puede completar "Las Teresitas""

CANARIAS
09/01/2007 (20:35 h.)

EL PORTAVOZ DE CIUDADANOS POR SANTA CRUZ ADVIERTE DE IRREGULARIDADES EN AGUAS

CANARIAS AHORA. Las Palmas de Gran Canaria

El portavoz de Ciudadanos de Santa Cruz, partido integrado en el Grupo Mixto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ángel Isidro Guimerá, no descarta que la privatización de la empresa municipal de aguas (Emmasa), acabe en la Fiscalía Anticorrupción dado que “las actuaciones en uno y otro caso “son el mismo retrato”.

La oposición ya presentó en su momento una demanda por la vía contencioso-administrativa para que se paralizara la venta de la empresa municipal, pero el juzgado no estimó oportuno intervenir de forma cautelar. El procedimiento sigue su curso y Guimerá no descarta que de la investigación puedan determinarse actuaciones que aconsejen el envío del expediente a la Fiscalía Anticorrupción.

“No sólo puede acabar en la Fiscalía Anticorrupción, sino que puede completar el caso de Las Teresitas, porque las actuaciones son el mismo retrato y en este asunto se han hecho muchas cosas que se pueden relacionar con el modo como se hizo lo de Las Teresitas”, declaró Guimerá en una entrevista concedida al programa El Espejo Canario de CANARIAS AHORA RADIO.

Una venta en un mes

Según explicó Guimerá, la venta o privatización de la Emmasa la propuso el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista Miguel Zerolo, en el año 1999. “Pero desde la propuesta, en ese año, hasta 2004, nada se hizo. Fue en el mes de julio de 2005 cuando se hicieron todos los trámites, se aportaron todos los informes, memoria técnica, aprobación de planes e incluso dictamen del área de intervención, para enajenar una empresa que daba beneficios”.

Para el portavoz de Ciudadanos de Santa Cruz “todo se hizo en un momento determinado, alterando el ritmo y tomando las decisiones a una velocidad enloquecida, con una dinámica muy parecida a lo de Las Teresitas”. Además de la coincidencia en las formas, Guimerá apuntó la coincidencia en el tiempo a la hora de vender Emmasa por 10.000 millones de las antiguas pesetas y hacer frente al pago de la compra de Las Teresitas que costó alrededor de 9.000 millones de pesetas.

A la hora de analizar la venta del 90% de la empresa municipal de aguas, Guimerá recordó que su partido se opuso tanto al pliego de condiciones como a la venta final. Y es que sostiene que nadie encuentra explicación para la enajenación de una empresa pública que daba beneficios, tantos como que con ellos se pudo comprar el edificio que es su sede en la capital tinerfeña.

“Yo no veo en el horizonte otra cosa que la posibilidad de comisiones que pudieran cobrar determinadas personas que yo no sé quiénes serán, porque es inexplicable desde cualquier punto de vista que se enajenara Emmasa con el pretexto de hacer una política de Plan de Barrios”, dijo Guimerá, quien sostuvo que “en torno a estas operaciones, los planes parciales y las obras siempre hay comisiones”.

Guimerá aseguró que el expediente de la operación está “lleno de irregularidades” por lo que se elevó a la Justicia. Explicó que, aunque todo apuntaba a que el concurso lo ganaría la empresa Aguas de Barcelona “porque el pliego era prácticamente una fotografía de esta empresa”, fue finalmente Sacyr-Vallehermoso la que se quedó la gestión del abasto de agua en Santa Cruz de Tenerife. “Una empresa que no tiene experiencia en el campo del agua, que tuvo algo que ver con gestión del agua en Zaragoza que acabó en los juzgados y que ya ha anunciado un déficit de dos millones de euros”.

Señaló que este anuncio de déficit es la excusa perfecta para que “una vez pasen las elecciones y estos empresarios se queden en libertad para hablar” pidan un incremento de las tarifas que el Ayuntamiento podría aprobar.

“Llevamos 15 años con los mismos perros con el mismo collar, gobernados de forma oscurantista. Lo mismo pasa con el PGOU, con la vía exterior, que pasa por la zona de los amigos. Aquí das un paso adelante, atrás, a la derecha o la izquierda y te encuentras con los intereses de CC”, denunció.

En este contexto, aseguró que “esa forma de gobernar en la impunidad durante tantos años le ha llevado a creerse que todo es de ellos y que pueden hacer lo que quieran, con total falta de transparencia y de espaldas a los ciudadanos”.

El portavoz de Ciudadanos de Santa Cruz consideró que Emmasa era una empresa “entrañable” para los santacruceros, que había gestionado el abastecimiento de agua con calidad y buenos precios, y prometió que de alcanzar la alcaldía en las próximas elecciones municipales su partido recuperaría su titularidad municipal.

Canarias Ahora

La interpelación de Santiago Pérez al Gobierno sobre el caso Teresitas está en condiciones de ir al pleno del Parlamento.

Ideapress 16.01.07
La Mesa del Parlamento acordó el pasado miércoles, 10 de enero, admitir a trámite la interpelación del diputado del PSC, Santiago Pérez, al Gobierno de Canarias sobre el caso de Las Teresitas. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara, la iniciativa está en condiciones de ser incluida en el próximo pleno, que está previsto para el próximo miércoles, 24 de enero.


En su iniciativa, Santiago Pérez está interesado en saber la conducta del Ejecutivo de Adán Martín sobre la aprobación del planeamiento territorial y urbanístico en supuestos de actuación de la Fiscalía o del Poder Judicial.

En los fundamentos de la interpelación, el diputado del PSC recuerda que la presentación de una querella criminal, por el Ministerio Fiscal, relacionada con el convenio urbanístico, firmado entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la mercantil Inversiones Las Teresitas, SL, "pone en cuestión" todas las actuaciones urbanísticas derivadas de dicho convenio, que culminaron con la aprobación, por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), de la modificación del Plan Parcial de Las Teresitas, el 5 de abril de 2004.

La relación de hechos que sirve de fundamento a la Fiscalía para el ejercicio de la acción penal, según Pérez, suscita "profundas dudas" sobre si el ejercicio de las potestades en materia de planeamiento por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife "ha respetado" la Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales de Canarias, en orden a la tutela de los intereses generales. Por otro lado, la coincidencia temporal de dichas operaciones urbanísticas, agrega el PSC, con la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias, o Ley de Moratoria, pone de manifiesto "cómo, a través de una modificación del planeamiento, se puede dificultar la consecución de los objetivos previstos por la ley, desencadenando reconversiones importantes de suelo con destino turístico en suelo formalmente residencial". Éstos y otros muchos aspectos del asunto "Las Teresitas", le dan al mismo, según Pérez, una trascendencia que va más allá del ámbito municipal "al poner a prueba" la aplicación efectiva de los mecanismos legales establecidos para la ordenación y la protección del territorio e las islas.

Santiago Pérez quiere saber "cómo piensa actuar" el Gobierno de Canarias "a la hora de ejercer sus potestades" sobre la aprobación del planeamiento territorial y urbanístico, en aquellos supuestos en que la actuación de la Fiscalía o del Poder Judicial pongan en cuestión el ejercicio de sus potestades urbanísticas por parte de ciertos ayuntamientos.

Revista Digital San Borondón

Guzmán dimite como secretario general del PSC en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS
16/01/2007 (19:25 h.)
TRAS SU APOYO AL GRUPO SOCIALISTA QUE AVALÓ 'LAS TERESITAS'

EFE. Santa Cruz de Tenerife

El secretario general del Partido Socialista Canario (PSC) en Santa Cruz de Tenerife, Florentino Guzmán, presentó su dimisión ante la comisión ejecutiva federal de su fuerza política para evitar divisiones como consecuencia de su actuación en el caso Las Teresitas.

Florentino Guzmán explicó que en las últimas semanas se ha creado una crisis artificial con el único ánimo de perjudicar al PSC-PSOE y añadió que no puede permitir que "alguien haga daño al partido", por lo que se aparta para que no vuelvan a meterse con él mismo. El dirigente socialista concluyó que "está y estará" a disposición del PSOE.

La decisión de Florentino Guzmán de ratificar el apoyo que en su momento adoptó el grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al plan parcial de Las Teresitas ha suscitado divergencias en la formación, cuyos dirigentes cuestionaron su postura al contradecir las tesis del partido.

Canarias Ahora

Mauricio critica que la planta de gas ‘off shore’ es “un montaje de una multinacional que ha ofrecido cosas feas para instalarse”.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, manifiesta que las empresas de tecnología de la regasificadora en el mar “han ofrecido al Gobierno cosas feas, y los he mandado a la porra”. Sin embargo Mauricio no aclara si los piratas del cemento le han ofrecido "cosas más bonitas".

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, durante una entrevista en la Cadena Ser esta mañana, ha apuntado que las empresas que “han intentado vender” la tecnología de la regasificadora en el mar “han ofrecido al Gobierno cosas feas, y los he mandado a la porra”.

José Carlos Mauricio, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, mantiene que la planta de gas no se instalará en el mar porque los técnicos del Ministerio de Industria han desaconsejado su uso en “este tipo de aguas”.

En una entrevista concedida al programa ‘El drago’ de la Cadena Ser, Mauricio ha apuntado que este planteamiento ‘off shore’ es “un montaje de una multinacional que quiere vender este tipo de tecnología, ellos son los que preparan las jornadas, y ofrecen cosas feas”.

El responsable de Hacienda explicó que, a pesar de no tener datos concretos, tiene constancia de que “algunas de empresas ha ofrecido cosas feas no a los grupos pero del sur de gran canaria sino al gobierno y los he mandado a la porra”.

Mauricio considera que el Protocolo de Kioto es necesario y que la Unión Europea impone un 20 por ciento del uso en 2010, y “ojalá lleguemos al 25 o al 30 por ciento pero tenemos un límite territorial”.

En cuanto a la ejecución de la obra del gas, argumentó que la empresa Endesa está muy interesada en realizarla porque ya tiene la central eléctrica y no quiere sólo depender del fuel.

Revista Digital San Borondón

lunes, enero 15, 2007

Ben Magec exige la dimisión de Berriel por apostar contra el medioambiente

CANARIAS
15/01/2007 (14:06 h.)

DENUNCIA LA PÉRDIDA DE AYUDAS Y EL PRESUPUESTO ''IRRISORIO'' DE LA CONSEJERÍA

AGENCIAS. Las Palmas de Gran Canaria

Gota a gota la Consejería de Medio Ambiente ''ha rebasado el vaso'' de la paciencia de Ben Magec-Ecologistas en Acción. Por ello, la federación ecologista, después de cuatro años de legislatura, ha pedido este lunes la dimisión del consejero Domingo Berriel. Una demanda que Ben Magec en la política contraria al medioambiente y al desarrollo sostenible que ha ejercido el responsable del Gobierno canario. Esas gotas a las que se refieren tienen que ver con el apoyo de Berriel a la regasificadora, las autovías a la La Aldea, Tindaya o Las Teresitas, razones que le hacen definir a la Consejería como la defensora de la política desarrollista del Gobierno canario.

El responsable de la organización en Canarias, Heriberto Dávila, rechazó la política llevada a cabo por el consejero en los dos años que lleva al frente del departamento y, sobre todo, en los seis últimos meses, en los que aseguró que "ha defendido a ultranza cualquier tipo de proyecto desarrollista", el último el de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.

Dávila, que ofreció una rueda de prensa junto al coordinador de Ben Magec en Gran Canaria, Antonio Hernández, manifestó que la elección de Berriel al frente de la Consejería obedece a que se sabía que iba a aprobar proyectos "desarrollistas".

Hernández responsabilizó al consejero de "enterrar en una tumba" la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, así como de promover proyectos como los puertos de Arinaga, en Gran Canaria, y Granadilla, en Tenerife, contrarios al medio ambiente, al tiempo que criticó su "apoyo de viviendas ilegales".

El responsable de Ben Magec en Canarias destacó que, cuando ha habido que defender proyectos como la planta de regasificación que se pretende construir en la localidad grancanaria de Arinaga, no lo ha hecho la titular de Industria, Marisa Tejedor, sino Berriel.

La obra de infraestructura viaria de la carretera que unirá Agaete con La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, y que atravesará el Parque Natural de Tamadaba, tampoco ha sido defendida por el consejero de Obras Públicas, Antonio Castro, sino por Berriel, añadió.

Berriel, además, ha promovido disposiciones legales para "vaciar" de contenido de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, afirmó Dávila, quien recordó la disposición transitoria que incluye la Ley de Vivienda de Canarias de abril de 2006, que "legaliza la aprobación de planes territoriales e insulares que no se adaptan a determinados filtros de las directrices".

Mediante esas excepciones se están contraviniendo los objetivos que se persiguen en la Ley de Directrices, aseguró el ecologista, quien dijo que en Gran Canaria se han aprobado proyectos del Cabildo contrarios a la filosofía de "no que caben más camas turísticas" en la isla.

Dávila señaló que "la falta de voluntad" del consejero para promover políticas medioambientales se refleja en que las partidas destinadas a los grupos que las promueven no se han distribuido por problemas burocráticos, según la Consejería, y, en su opinión, porque se ha querido "castigar" al movimiento social que representan los ecologistas, los más "contestatarios del Gobierno".

Estas partidas anuales son, además, "irrisorias", pues ascienden a 60.000 euros al año, precisó Dávila, quien además citó como otro ejemplo de "mala gestión" del consejero la pérdida de una ayuda europea de 300.000 euros destinada a la reforestación, debido también a problemas burocráticos.

Canarias Ahora

domingo, enero 14, 2007

Ángel Llanos confirma que el puerto de Granadilla se adjudicará a final de mes

La Autoridad Portuaria trabaja en cumplir los requisitos de la UE

SONIA GALDÓN / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El consejero de Relaciones Institucionales del Cabildo, Ángel Llanos, afirma que la adjudicación para la construcción del puerto industrial de Granadilla se producirá a finales de este mes y que las obras podrían iniciarse antes del verano. Mientras, la Autoridad Portuaria explica que sigue trabajando en cumplir los requisitos exigidos por la Unión Europea (UE) y para cumplir los plazos previstos.

Ángel Llanos afirma que la Autoridad Portuaria de Tenerife tiene previsto adjudicar a finales de enero las obras para la construcción del polémico puerto industrial de Granadilla. El consejero insular explicó que las ofertas de las empresas participantes ya se habían recibido en 2005 y que el único procedimiento realizado en este sentido ha sido la "calificación de las propuestas técnicas, aunque quedó pendiente las ofertas económicas hasta que la Unión Europea dictaminara el sí definitivo", que se produjo el 6 de noviembre del año pasado a través de un Dictamen comunitario.

Además, el consejero y también candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por el Partido Popular (PP) matizó que la Autoridad Portuaria necesitaba, para "poder proceder a la adjudicación, la creación del órgano que velará por el cumplimiento de las medidas compensatorias exigidas por la UE, como se especifica en su Dictamen, y que se está creando ahora". Ésta es la razón que motiva a Llanos para adelantar que, "en las próximas dos o tres semanas, el objetivo es adjudicar las obras y que empiecen con carácter inmediato".

No obstante, algunas de esas medidas compensatorias, como las obras de restauración de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja -cuya contratación fue acordada por la Autoridad Portuaria el pasado 28 de diciembre-, tienen un plazo de ejecución de un año, lo que podría retrasar el inicio de la construcción del puerto. Al respecto, Llanos manifestó que las obras "empezarán antes del verano, ya que no todas las actuaciones en el puerto están sometidas a este Dictamen", en referencia a que la adjudicación corresponderá a la ejecución del dique exterior y del contradique.

El consejero explicó que existen tres actuaciones diferenciadas en esta infraestructura y "cuyos presupuestos se obtienen mediante vías de financiación distintas". Así, el dique exterior será financiado, "al cincuenta por ciento, con los fondos de cohesión y el presupuesto propio de la Autoridad Portuaria, mientras que el contradique se construirá sólo con los fondos del organismo portuario y la explanada para los contenedores, además de las instalaciones para la descarga del gas natural, se ejecutarán mediante la inversión privada".

Llanos también adelantó que, según los datos de los que dispone y de las previsiones del Cabildo de Tenerife -en función del acuerdo plenario adoptado en noviembre de 2003-, los plazos de ejecución del dique exterior y del contradique, que son las secciones que se adjudicarían a finales de este mes, "son de 36 meses". Además, afirmó que "dos años después, se terminará el resto del puerto, de forma que esta instalación empezará a funcionar en el 2011".
El consejero por el PP explicó que su partido ha comenzado, desde diciembre, las gestiones políticas para que "se inicie el proyecto de ampliación antes de que se acabe el puerto". Llanos justifica estos trámites en que el proyecto aprobado, que "es de 900 metros de línea de atraque, no será todo lo eficaz posible para captar el trasbordo intercontinental de mercancías". El consejero insular calcula que la eslora de los grandes buques portacontenedores, superior a los cuatrocientos metros, hace necesaria una línea de atraque de 1.200 metros, que es lo que propondremos".

Cumplimiento del Dictamen

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife informaron de que aún no se puede adelantar fechas porque este organismo sigue "trabajando en diferentes estamentos para cumplir con todos los requisitos pedidos por Europa y para cumplir las fechas previstas". Esta institución, dependiente del Ministerio de Fomento explica que, aunque la decisión de la UE, recogida en el Dictamen de noviembre, hace que el proceso continúe y que el inicio esté próximo, ahora deben proceder a la contratación de las obras necesarias para cumplir con las medidas correctoras exigidas por Europa y concluir la creación del organismo independiente que velará por su cumplimiento.

Asamblea anuncia acciones jurídicas y de protesta contra la adjudicación

José Pérez Ventura, abogado y miembro de Asamblea por Tenerife, ha respondido a las declaraciones de Ángel Llanos anunciando que este colectivo ciudadano no descarta "el ejercicio de todas las acciones jurídicas para evitar la adjudicación y el inicio de las obras, además de que emplearemos todas las acciones de protesta y de desobediencia civil pacífica necesarias". Pérez insistió en la gravedad de que se adjudiquen unas obras por la Autoridad Portuaria, "presidida por una persona, Luis Suárez Trenor, que podría haber cometido un delito de cohecho, porque las responsabilidades políticas salpicarían directamente al Ministerio de Fomento y al PSOE". También criticó que Llanos, "en lugar de solicitar la dimisión de Suárez y que se aclaren las irregularidades de su mandato, lo que haga es meter prisa, en un proyecto de más de mil millones. Esto nos parece preocupante y le hará corresponsable de lo que ocurra". Asamblea decidirá su estrategia ante la posible adjudicación de las obras en la reunión plenaria del 20 de enero, aunque la respuesta oficial a las declaraciones de Llanos llegará la próxima semana.

La UE impone al puerto varias medidas para compensar los efectos en el entorno

El Dictamen aprobado por la Unión Europea (UE) el pasado 6 de noviembre, con el que se da vía libre a la construcción del puerto industrial de Granadilla, impone una serie de medidas para "compensar" los efectos de esta infraestructura sobre la tortuga Caretta Caretta, las dunas grises y los Lugares de Interés Comunitario (LIC) Sebadales del sur y Montaña Roja. Además, el documento exige que, antes de comenzar las obras, habrá de crearse una fundación independiente y permanente que vigile el cumplimiento de estas medidas.

La Comisión Europea considera que el puerto de Granadilla "tendrá un impacto significativo sobre las especies protegidas y la integridad de los LIC", por lo que se deberán crear tres zonas nuevas de protección especial antes de que comience la construcción y que permitirán garantizar, a largo plazo, la coherencia de la Red Natura 2000 de la UE. La primera se ubicará en el parque industrial de Granadilla, mientras que las restantes, serán dos nuevos LIC que albergarán bancos de arena, cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda, en la playa tinerfeña de Antequera y en Güi Güi (Gran Canaria).

La Opinión de Tenerife

sábado, enero 13, 2007

Rodríguez Fraga apuesta por el diálogo para que Plasencia abandone su cargo

En caso contrario, el partido procederá a su destitución el próximo martes

NOÉ RAMÓN / SANTA CRUZ DE TENERIFE

La ejecutiva insular del Partido Socialista Canario-PSOE en Tenerife analizó en la noche ayer la situación creada en el comité local a raíz del apoyo del secretario, Florentino Guzmán Plasencia, a la operación de compra-venta de Las Teresitas. Al respecto, el secretario insular, José Miguel Rodríguez Fraga, indicó que se sigue apostando por una solución dialogada.

Aunque las declaraciones al término del encuentro fueron muy escuetas, Rodríguez Fraga dio a entender que la solución no va a pasar por mantener al secretario en su actual puesto, de manera que las conversaciones van en la línea de intentar que dimita a voluntad propia. Con ello se conseguirá que Plasencia y los miembros de la ejecutiva local que aún no han dimitido tengan que ser sustituidos "a las bravas" por una gestora, con la mala imagen pública que traería consigo.

En cualquier caso, en la reunión de la ejecutiva insular celebrada ayer se hizo una apuesta clara por intentar reconducir la situación creada. Al encuentro asistieron el portavoz del grupo municipal, Francisco Tovar, y la candidata a la Alcaldía, Gloria Rivero, quien fue muy clara al desmentir que en ningún caso ella vaya a abandonar este puesto si Plasencia sigue al frente del PSC de Santa Cruz. Rivero, visiblemente enfadada, calificó de "indignidad" las informaciones que apuntaban en este sentido, sobre todo cuando han existido posicionamientos públicos como los de Centro Canario Nacionalista (CCN), de Ignacio González, en el día de ayer criticando unas declaraciones que no habían existido. De hecho, en el seno del PSC se mostraba su indignación porque la posición de Plasencia haya servido una vez más como percha en la que los partidarios de la compra de Las Teresitas puedan justificar sus argumentos.

Compra de terrenos

Por su parte, Tovar tan sólo indicó al término del encuentro que habían estudiado la moción presentada en el Ayuntamiento para que sea debatida en la sesión plenaria donde se apuesta por anular el Plan Parcial y volver a la situación anterior a la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento en el año 2001.

Lo cierto es que de aquí a la reunión del próximo martes se intentará llegar a una especie de "pacto" que en realidad no es tal, ya que las posibilidades que ahora mismo se le ofrecen a Plasencia son bien pocas, y más bien de carácter estético. O dimite de forma aparentemente voluntaria o es cesado junto con su comité local en la sesión del próximo martes. Quienes están llevando a cabo estas negociaciones quieren que Plasencia sea consciente del daño que está haciendo al partido que será aún peor en caso de que se tenga que poner en marcha una gestora por las bravas. Aún así, fuentes de la formación política reconocen que la situación está muy enquistada y que son prácticamente nulas las posibilidades de que Plasencia renuncia de forma voluntaria a su cargo en las próximas horas.

Tovar pide que se vuelva a la situación previa a la compra del frente de playa

El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Tovar señaló ayer que lo que busca con esta moción no es otra cosa que devolver los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento en el año 2001 a la situación previa a esta operación de compra a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.

En realidad esta moción, que es difícilmente asumible por parte del grupo de gobierno, supone la primera piedra que los socialistas ponen en el camino del alcalde, Miguel Zerolo, después de que se iniciara la querella. De aceptarse la propuesta los terrenos volverían a estar en la situación en la que se encontraban en el año 1999 cuando una sentencia del Tribunal Supremo (TS) avaló las posibilidades de edificar en el frente de la playa.

La diferencia es que no se podría construir ya que según Tovar, "la propia Fiscalía Anticorrupción apunta que la mayor parte de los terrenos eran ya de titularidad pública y tenían las mismas posibilidades edificatorias que un acantilado". Por ello, el Ayuntamiento tendría que volver a negociar la adquisición de los solares, aunque eso sí a un precio mucho más económico que el que se abonó en aquel entonces y que ascendió a ocho mil millones de pesetas, frente a los cinco mil por los que fueron adquiridos por los empresarios. Esta moción se unirá a otra batería de propuestas que presentarán los miembros del grupo mixto aunque en este caso piden toda la anulación del PGO.

El PSC pedirá en pleno la anulación del Plan Parcial de la playa de Las Teresitas

El grupo municipal socialista presentó ayer una moción a través de la cual quiere que el pleno que se celebrará el próximo viernes, 19 de enero proceda a anular el acuerdo plenario que en su día aprobó el Plan Parcial de Las Teresitas. Esta petición se basa en la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en la que está imputado el alcalde, Miguel Zerolo y diez personas más.
De hecho, en el texto se indica que "vista la relevancia de las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de estos procedimientos abiertos, se evalúe lo actuado y se inicie, en previsión de daños irreparables al interés general las actuaciones que permitan la revisión de oficio del acuerdo plenario que aprobó este Plan Parcial".

En concreto, la oposición cree que en la tramitación del expediente de aprobación del Plan Parcial ha podido haber una dejación por parte del Ayuntamiento de sus competencias en materia urbanística, según se desprende de la querella.

En los antecedentes de la moción se recuerda que el 17 de octubre del año 2003 el pleno aprobó con los votos en contra del grupo municipal socialista y el mixto la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) que data del año 92 para incluir en el mismo el Plan Parcial de Las Teresitas. "Con ello se daba cumplimiento a lo pactado en el convenio urbanístico para la reordenación del ámbito del Plan parcial Playa de Las Teresitas firmado el 18 de septiembre de 2001 entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación". Pero es que además el llamado ya como "Caso de las Teresitas" está en la actualidad siendo investigado en el ámbito jurisdiccional penal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha aceptado dar trámite a la querella planteada por la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife.

En esta querella se pone en entredicho la legalidad de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz en relación a la compra de los terrenos del frente de playa y las actuaciones urbanísticas posteriores. "Es decir, se ponme en entredicho todas las actuaciones que derivan en la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Junta de Compensación Polígono de Las Teresitas".

Contenido penal

"No corresponde a este grupo municipal ni a este pleno entrar a valorar el contenido penal de la querella. De esa cuestión se ocupan ya los tribunales de justicia y será allí donde se resuelva lo que proceda. tampoco nos corresponde efectuar juicios paralelos ni a tipificar conductas ni actuaciones desde una óptica penal. Ahora bien, de la querella se pueden extraer cuestiones colaterales".

La Opinión de Tenerife