OPINIÓN
COLABORACIÓN
Ramón Pérez Almodóvar
''Cuatro años más de gobierno de CC en Canarias, en los cabildos y en los ayuntamientos que ahora detentan y veremos incorporar nuevas legiones en sus redes organizadas, financiadas con presupuestos públicos; más funcionarios, más empresas públicas, multiplicar subvenciones y otras prebendas, para tener a sueldo, directa e indirectamente, a la mayoría del electorado''.
El párrafo anterior forma parte de una ponencia socioeconómica aprobada en el Congreso del PP celebrado el 29 de septiembre de 2002 en Las Palmas de Gran Canaria, texto elaborado por Jorge Rodríguez, ex concejal de Urbanismo de Soria y diputado regional repeinado, y por el popular palmero Manuel Lorenzo.
Según esta antológica ponencia, ''Canarias es víctima de la deficitaria y mala gestión de un gobierno de falso corte nacionalista que lo mejor que sabe practicar es la crispación, irritados o deprimidos por el aislamiento en que su propia política partidista y sectaria les hace vivir''. En el texto aprobado en ese Congreso del PP, es decir, votado por Soria y Cristina Tavío, presidenta del PP en Tenerife, diputada regional y concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde su grupo apoya al alcalde Miguel Zerolo (ATI-CC), se afirmaba que los representantes de CC ''sólo saben refugiarse en las medias frases, en las acusaciones insinuadas y descalificaciones, en el engaño o en cualquier otra cosa''.
Para los redactores del texto, la explicación a la ''imposición y control sistemáticos" que ejerce CC "puede residir en el miedo generado en mucha gente por la manera de practicar sus políticas, no sólo desde el Gobierno que ostenta, sino a través de todo el entramado que le rodea, miedo de mucha gente a expresarse libremente si no quiere poner en riesgo su puesto de trabajo o, incluso, sus posesiones materiales". Y contiene otra perla más: según los ponentes, la moratoria hotelera forma parte de la agenda de propaganda política de CC, una agenda "de carácter táctico electoral" que se diseña y se desenvuelve "entre la ineficacia de su aplicación y las operaciones publicitarias, en medio de objetivos políticos y el marasmo administrativo".
José Manuel Soria y Miguel Zerolo tienen muchas cosas en común: ambos son conservadores, aunque el segundo por la rama insularista; al primero lo llaman el Zeñorito y el segundo es un señorito de la burguesía chicharrera de toda la vida, esa que juega al golf en Tacoronte, almuerza en el Casino, toma el té en el Mencey y se toma las copas en el Club Náutico; ambos quieren ser presidente del Gobierno de Canarias, el primero despejando del camino a cualquier rival y el segundo por una cuestión natural de sucesión, después de Manuel Hermoso y Adán Martín. Y los dos tienen que ver con la moratoria turística: Soria, declarando de interés general el proyecto de Anfi Tauro; Zerolo, firmando un convenio el mismo día de entrada en vigor de la moratoria por la que se pasaba el uso hotelero de Las Teresitas a suelo residencial.
Y ahora los dos están en apuros, salpicados por la corrupción, y en una huida hacia delante: después de mí el diluvio. Mientras sus respectivos partidos se ponen de acuerdo para cerrar en falso las comisiones de investigación del caso Amorós y de la trama eólica, culpan de todos sus males al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, por ser el actual ministro de Justicia bajo cuyo mandato comienzan a salir casos de corrupción política, cuando estos casos se deben exclusivamente a la actuación de miembros del PP y de CC en instituciones que han gobernando como si fuera su finca particular…pero con el dinero de todos los canarios.
Porque una cosa son los discursos y otra los hechos, que demuestran que PP colabora con CC en aquello que denuncia: "Cuatro años más de gobierno de CC en Canarias, en los cabildos y en los ayuntamientos que ahora detentan y veremos incorporar nuevas legiones en sus redes organizadas, financiadas con presupuestos públicos; más funcionarios, más empresas públicas, multiplicar subvenciones y otras prebendas, para tener a sueldo, directa e indirectamente, a la mayoría del electorado". En el Ayuntamiento de Santa Cruz y en el Cabildo, el PP ha establecido un bloque con CC a lo largo de toda la presente legislatura, por lo que cabe deducir que forma parte de esas nuevas legiones que antes criticaba.
Deberían tener un poco más de hombría y menos chulería: tienen que afrontar sus responsabilidades. Y si se prevarica, se trafica con influencias, se malversan fondos públicos o se aceptan sobornos se debe pagar por ello igual que un choricito va al talego por vender un gramo de hachís en cualquier esquina. Gran parte de la sociedad más o menos informada está muy interesada en la delincuencia denominada de cuello blanco. Y esa población anhela resultados. De lo contrario, perder confianza en la Justicia es lo último que faltaba para que quede claro que una minoría elitista lo controla absolutamente casi todo: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y medios de comunicación. Estaríamos entonces ante un régimen político antidemocrático de hecho, no de palabra.
Canarias Ahora
COLABORACIÓN
Ramón Pérez Almodóvar
''Cuatro años más de gobierno de CC en Canarias, en los cabildos y en los ayuntamientos que ahora detentan y veremos incorporar nuevas legiones en sus redes organizadas, financiadas con presupuestos públicos; más funcionarios, más empresas públicas, multiplicar subvenciones y otras prebendas, para tener a sueldo, directa e indirectamente, a la mayoría del electorado''.
El párrafo anterior forma parte de una ponencia socioeconómica aprobada en el Congreso del PP celebrado el 29 de septiembre de 2002 en Las Palmas de Gran Canaria, texto elaborado por Jorge Rodríguez, ex concejal de Urbanismo de Soria y diputado regional repeinado, y por el popular palmero Manuel Lorenzo.
Según esta antológica ponencia, ''Canarias es víctima de la deficitaria y mala gestión de un gobierno de falso corte nacionalista que lo mejor que sabe practicar es la crispación, irritados o deprimidos por el aislamiento en que su propia política partidista y sectaria les hace vivir''. En el texto aprobado en ese Congreso del PP, es decir, votado por Soria y Cristina Tavío, presidenta del PP en Tenerife, diputada regional y concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde su grupo apoya al alcalde Miguel Zerolo (ATI-CC), se afirmaba que los representantes de CC ''sólo saben refugiarse en las medias frases, en las acusaciones insinuadas y descalificaciones, en el engaño o en cualquier otra cosa''.
Para los redactores del texto, la explicación a la ''imposición y control sistemáticos" que ejerce CC "puede residir en el miedo generado en mucha gente por la manera de practicar sus políticas, no sólo desde el Gobierno que ostenta, sino a través de todo el entramado que le rodea, miedo de mucha gente a expresarse libremente si no quiere poner en riesgo su puesto de trabajo o, incluso, sus posesiones materiales". Y contiene otra perla más: según los ponentes, la moratoria hotelera forma parte de la agenda de propaganda política de CC, una agenda "de carácter táctico electoral" que se diseña y se desenvuelve "entre la ineficacia de su aplicación y las operaciones publicitarias, en medio de objetivos políticos y el marasmo administrativo".
José Manuel Soria y Miguel Zerolo tienen muchas cosas en común: ambos son conservadores, aunque el segundo por la rama insularista; al primero lo llaman el Zeñorito y el segundo es un señorito de la burguesía chicharrera de toda la vida, esa que juega al golf en Tacoronte, almuerza en el Casino, toma el té en el Mencey y se toma las copas en el Club Náutico; ambos quieren ser presidente del Gobierno de Canarias, el primero despejando del camino a cualquier rival y el segundo por una cuestión natural de sucesión, después de Manuel Hermoso y Adán Martín. Y los dos tienen que ver con la moratoria turística: Soria, declarando de interés general el proyecto de Anfi Tauro; Zerolo, firmando un convenio el mismo día de entrada en vigor de la moratoria por la que se pasaba el uso hotelero de Las Teresitas a suelo residencial.
Y ahora los dos están en apuros, salpicados por la corrupción, y en una huida hacia delante: después de mí el diluvio. Mientras sus respectivos partidos se ponen de acuerdo para cerrar en falso las comisiones de investigación del caso Amorós y de la trama eólica, culpan de todos sus males al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, por ser el actual ministro de Justicia bajo cuyo mandato comienzan a salir casos de corrupción política, cuando estos casos se deben exclusivamente a la actuación de miembros del PP y de CC en instituciones que han gobernando como si fuera su finca particular…pero con el dinero de todos los canarios.
Porque una cosa son los discursos y otra los hechos, que demuestran que PP colabora con CC en aquello que denuncia: "Cuatro años más de gobierno de CC en Canarias, en los cabildos y en los ayuntamientos que ahora detentan y veremos incorporar nuevas legiones en sus redes organizadas, financiadas con presupuestos públicos; más funcionarios, más empresas públicas, multiplicar subvenciones y otras prebendas, para tener a sueldo, directa e indirectamente, a la mayoría del electorado". En el Ayuntamiento de Santa Cruz y en el Cabildo, el PP ha establecido un bloque con CC a lo largo de toda la presente legislatura, por lo que cabe deducir que forma parte de esas nuevas legiones que antes criticaba.
Deberían tener un poco más de hombría y menos chulería: tienen que afrontar sus responsabilidades. Y si se prevarica, se trafica con influencias, se malversan fondos públicos o se aceptan sobornos se debe pagar por ello igual que un choricito va al talego por vender un gramo de hachís en cualquier esquina. Gran parte de la sociedad más o menos informada está muy interesada en la delincuencia denominada de cuello blanco. Y esa población anhela resultados. De lo contrario, perder confianza en la Justicia es lo último que faltaba para que quede claro que una minoría elitista lo controla absolutamente casi todo: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y medios de comunicación. Estaríamos entonces ante un régimen político antidemocrático de hecho, no de palabra.
Canarias Ahora
