Esther Sarraute y las O.N.G.'s

Aunque la exconcejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Esther Sarraute ha fallecido, mientras se mantenga en Youtube, su ilustre video sobre las ONG, seguirá presidiendo la entrada éste blog, como recuerdo a los personajes que se cuelan en nuestras instituciones gracias a las listas cerradas y a los presuntos "tejemanejes" que se dan dentro de los partidos polítcos españoles.

lunes, febrero 26, 2007

Zerolo afirma que el 'caso Las Teresitas' no se resolverá antes de las elecciones

CANARIAS 25/02/2007 (13:36 h.) TILDA EL ESTILO DE LÓPEZ AGUIAR DE ''ESTALINISTA''
EFE. Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y candidato a la reelección por Coalición Canaria, Miguel Zerolo, afirmó que el caso Las Teresitas no se va a resolver antes de las elecciones, ya que a él ni siquiera le han notificado aún que es uno de los querellados.

Zerolo y otras diez personas figuran en una querella interpuesta el 19 de diciembre pasado por la Fiscalía Anticorrupción ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por las plusvalías de más de 18.000 millones de pesetas obtenidas en un convenio para la urbanización de la playa de Las Teresitas.

En declaraciones a Radio Nacional de España en Canarias, el alcalde señaló que el caso no se va a resolver antes de las elecciones, sino que "tardará mucho más", puesto que ni a él ni a ninguno de los funcionarios del Ayuntamiento incluidos en la querella les han notificado nada.

"Pero al menos estamos con tutela judicial", comentó Zerolo, que se quejó de las filtraciones que se producían sobre las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción antes de que se presentara la querella.

Agregó que debe ser "el único ciudadano que ha pedido que se judicialice" un caso en el que es el investigado, porque "no se podía continuar" filtrando las investigaciones a los medios de comunicación, comentó.

Miguel Zerolo, quien confirmó que además de a la alcaldía va a concurrir en las listas de Coalición Canaria al Parlamento regional, señaló que decidió presentarse a la reelección como consecuencia de la querella.

"Decidí presentarme porque en política no vale todo y no vale que te digan de todo", dijo Zerolo.

Defendió su actuación en la aprobación del convenio de Las Teresitas, ya que tenía el pronunciamiento favorable de los técnicos municipales, fue aprobado por unanimidad del pleno y se ha conseguido que no se construya en la playa, afirmó.

"Como tengo la conciencia tranquila y se hizo lo mejor que se podía, nos queda esperar", dijo Zerolo.

Para el alcalde, "los que intentan obtener beneficios de las filtraciones y del timing de las actuaciones son los que tienen que pagar en las elecciones la mala utilización del aparato del Estado en beneficio propio".

Los "estanilistas" López Aguiar y Santiago Pérez

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife acusó al candidato socialista a la presidencia del Gobierno canario, Juan Fernando López Aguilar, y al candidato al Cabildo de Tenerife, Santiago Pérez, de representar al sector estalinista del partido.

Según dijo Zerolo en sus declaraciones a RNE en Canarias, el candidato de CC al Gobierno regional, Paulino Rivero, "le va a dar un baño" a López Aguilar, quien "no le va a durar un asalto".

El alcalde y candidato a la reelección predijo que la precampaña será "de lo más salvaje" y definió a López Aguilar como "una persona crispante por su manera de hablar".

En su opinión, López Aguilar ha llegado a Canarias sin el apoyo de su partido, pero ya se ha hecho con el PSC en Gran Canaria y ahora se está haciendo con el PSC en Tenerife.

Afirmó que el PSOE "se cargó las primarias en Tenerife", se impusieron los candidatos "y ahora los cambian otra vez" para poner en Tenerife a Santiago Pérez, que perdió internamente la dirección del partido pero es "el delegado" de López Aguilar en la isla, dijo.

"En el Partido Socialista hay gente honrada y honesta y hay un sector estalinista, y ese sector estalinista es el que en Tenerife es la sucursal de López Aguilar y de su sector estalinista en Gran Canaria", sostuvo Zerolo.

"Como gobierne el sector estalinista éste, que dios nos coja confesados", agregó, porque para Zerolo "el peligro" del PSOE es que "el estilo" de López Aguilar y de Santiago Pérez "es totalmente estalinista".

Canarias Ahora

domingo, febrero 11, 2007

Domingo Medina despliega a unos treinta policías y guardias civiles ante una rueda de prensa de Ben Magec

Hay quien dice que nadie pasó más vergüenza que muchos de los agentes, de los que tienen al menos dos dedos de frente, que la mañana de este jueves se hicieron 'fuertes' en las inmediaciones de la Estación Marítima de Santa Cruz, armados con todo el material antidisturbios, porque -ojo al dato- Ben Magec-Ecologistas en Acción habían convocado una rueda de prensa para hablar de la proliferación indiscriminada de proyectos de puertos deportivos en Tenerife.

Cuando los cinco miembros de Ben Magec lleg
aron al lugar, armados con unos folios y un plano, no sólo no se dieron por aludidos por la ingente cantidad de policías y de guardias civiles que había desplegados en la zona sino que, sin duda, se imaginaron que algún barco cargado con miles de toneladas de cocaína estaba a punto de llegar al puerto, lo que les jodería la rueda de prensa que habían programado.

Nada más alejado de la realidad. Domingo Medina, que es el que asesora a la Delegación del Gobierno en estas cosas -y que como se sabe tiene muchos de sus negocios en el suelo público de las instalaciones portuarias- había oído algo de 'ecologistas', 'puertos deportivos' y convocatoria a media mañana y, ni corto ni perezoso, desplegó a todos los efectivos disponibles para reprimir cualquier acto que pudiese poner en cuestión algún asunto relacionado con puertos, negocios oscuros y demás.

El primer ecologista que llegó, el amigo Fran, fue abordado por dos policías nacionales que procedieron a registrarlo y a pedirles toda la documentación que llevaba. Cuando la policía se dio cuenta del ridículo tan espantoso -aunque muchos de los responsables políticos de estos cuerpos no tienen la más mínima vergüenza- se mantuvieron a cierta distancia mientras el protagonismo lo tomaban las tropas de Suárez Terror -el que apareció en unos papeles como perceptor de comisiones por la construcción de puertos deportivos de éstos- para echar a los ecologistas de un espacio público, de libre acceso para todo el mundo, menos para estas cinco personas. El espacio no es otro que la calle que pasa sobre la Estación Marítima en la mismísima Avenida de Anaga.


Claro que o estos tipos son unos belillos integrales o manejan una información más propia de comentarios de barra de taberna. Aunque también cabe la posibilidad de que en Tenerife no exista delincuencia alguna y tengan disponibilidad de medios como para hacerle perder el tiempo estúpidamente a 30 hombres como castillos que cobran de nuestros impuestos, se supone, para que se dediquen a perseguir el crimen y a protegernos.

Foro contra la Incineración

domingo, febrero 04, 2007

Carnavales, Justicia y maniobras

Opinión
Justo Fernández Rodríguez

Como ocurrió el pasado año, unos días antes del comienzo de los Carnavales se produce una decisión judicial, negándose a llevar hasta sus últimas consecuencias la defensa de derechos fundamentales ciudadanos establecidos en la Constitución Española, la doctrina del Tribunal Supremo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decide no suspender cautelarmente la celebración de los Carnavales en las zonas residenciales del centro de Santa Cruz de Tenerife, despreciando la Ley/98 de Espectáculos Públicos, aprobada por el Parlamento canario, y el Decreto posterior, que establecían la prohibición expresa de la música al aire libre en zonas residenciales, y el artículo 325 del Código Penal, que considera la relevancia penal de la contaminación acústica cuando pone en peligro la salud, pese a que el propio TSJC reconoce en su auto que se superan, con creces, los niveles de ruido, que pasan de un estadio de molestias y violación de la intimidad domiciliaria hasta convertirse en un atentado ilegal contra la salud.

Numerosos científicos y organismos oficiales (Organización Mundial de la Salud, Agencia Federal de Medio Ambiente (Alemania) o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas) consideran que la exposición a ruidos superiores a los 60 decibelios, durante horas, provoca trastornos fisiológicos y psicológicos, perturbación del sueño, estrés, irritabilidad, disminución del rendimiento y de la concentración, agresividad, cansancio, dolor de cabeza, alteración de la presión arterial y del ritmo cardíaco y agravamiento de estados depresivos.

Resulta sorprendente que el TSJC considere superior la importancia de una fiesta, que no tendría que celebrarse en zonas residenciales cumpliendo la propia legislacion canaria, que los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados. El TSJC entiende que "ha de considerarse como predominante el interés general, ya que no se debe olvidar que de lo que se trata es de la suspensión de una de las Fiestas de mayor importancia y trascendencia de la ciudad".

Sin embargo, el TSJC, en su sentencia, referida a una denuncia similar en Las Palmas, tiene un criterio totalmente distinto:"No se escapa a la Sala la importancia para la ciudad de Las Palmas tiene la fiesta del Carnaval, verdadero acontecimiento multitudinario conocido y disfrutado por una gran parte de la población, pudiendo considerar óptima la presente ubicación del denominado mogollón en el parque Santa Catalina, desde el punto de vista estrictamente lúdico, si bien no desde el respeto que sin duda merecen también los vecinos del lugar"… "No puede perderse de vista la necesidad de que toda la Administración pública actúe desde una postura de defensa y respeto a la legalidad vigente". Argumentos recogidos en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 13 de abril de 2005: "El mantenimiento de la tranquilidad pública no se asegura cuando durante un tiempo considerable la Administración permite la producción de ruidos que causan molestia al vecindiario e impiden o dificultan el descanso nocturno"… "Nuestra jurisprudencia y la del Tribunal Constitucional, amén del propio Tribunal de Justicia Europeo, está procurando cuidadosamente la protección contra las contaminaciones acústicas que no son tolerables y no deben ser padecidas por la población en general o por el vecindario más próximo en particular".

La sentencia del Tribunal Constitucional (29-5-2001) ratifica que "una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamente a la intimidad personal y familiar".

Al parecer, el TSJC no ha considerado que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 7, "los derechos fundamentales reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan, en su integridad, a todos los jueces y tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva del los mismos"… "en especial los derechos enunciados en el artículo 53,2 de la Constitución… sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido".

Habrá que reconocer que el auto judicial,se atreve a recomendar al Ayuntamiento que, para proteger los derechos ciudadanos, debería llegar, "incluso, al traslado de actividades nocturnas a zonas no residenciales, a fin de proteger los derechos de éstos y dar cumplimiento a la normativa existente sobre ruidos y celebración de espectáculos".

Es preciso resaltar la manifiesta ingenuidad de los juzgadores. Hace once años, terminado los Carnavales, en el buzón de mi domicilio, encontré una carta impresa del alcalde, Miguel Zerolo. En su texto explicaba que "se iban a sentar las bases de una nueva etapa en la que diversión y descanso sean verdaderamente compatibles". Lo único que hicieron fue trasladar los concursos de comparsas, murgas y rondallas al Recinto Ferial. Lo único que no molestaba a los vecinos.

El 1 de febrero de 2003, en DIARIO DE AVISOS, Miguel Zerolo declaraba: "Tal y como se celebra en el centro de la ciudad, el Carnaval está muy limitado. Desde la redacción del Plan General de Ordenación se trabaja en la búsqueda de una alternativa y crear un gran recinto del Carnaval". "Así se podría celebrar el Carnaval , sin molestias para los vecinos que, obviamente, durante veinte días tienen que malvivir en ese entorno".

Casi por sorpresa, cuando iba a comenzar en el Parlamento canario, el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, se presentó una proposicion de Ley para la modificación de la Ley 1/1998, que regula el régimen jurídico de los espectáculos públicos, añadiéndole una Disposición Adicional Sexta que otorga a los alcaldes, en las fiestas populares, la potestad ilegal de suspender los derechos constitucionales, obviar la legislación vigente y ciscarse en la jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales.

Se trata de utilizar, una vez más, al Parlamento, como hicieron con la expropiación ilegal de los vecinos, cuyas lógicas indemnizaciones ahora tenemos que pagar todos los ciudadanos. Un Parlamento que, hace unos meses, fue sede de las III Jornadas sobre Contaminación Acústica, en las que se responsabilizaba del "maltrato y la violencia acústica", principalmente, a la "dejadez, pasividad, permisividad y falta de voluntad política" de los ayuntamientos. Esa modificación es inconstitucional. Más parece un remedo de las potestades legislativas concedidas a Hugo Chávez para legislar durante 18 meses sin controles parlamentarios o el regreso al franquismo, donde los alcaldes, jefes locales del Movimiento, podían cometer todos los abusos que les viniera en gana. ¿Serán cómplices los grupos parlamentarios de tamaña barbaridad? ¿Estaremos ante un Parlamento prevaricador?

Resulta curioso que los máximos responsables del abandono de los barrios, de la pobreza creciente, de la falta de viviendas sociales, de las carencias en la atención a los mayores, del mayor fracaso escolar de España, de la marginación, del incremento de la pobreza, de las mayores cifras de desempleo, menores salarios, pensiones más bajas y mayor precariedad laboral, de la desastrosa situación de la sanidad, del incremento de las dificultades de los hogares para llegar a fin de mes, pretendan utilizar a los ciudadanos, sus auténticas víctimas, para intentar atacarlos simplemente porque recurren al amparo de la Justicia ante la violación de sus derechos fundamentales y constitucionales.

Todavía queda esperanza. El Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrabrugo son una valiosa garantía de defensa de los derechos de los ciudadanos al descanso, la intimidad y la inviolabilidad del domicilio.

Diario de Avisos

sábado, febrero 03, 2007

Valoriza compró las acciones de Emmasa pese a que Sacyr resultó la adjudicataria

La privatización de Emmasa en los tribunales
Al no haber participado en el concurso no hay garantías de su solvencia

NOÉ RAMÓN / SANTA CRUZ DE TENERIFE

La documentación que consta en la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre la privatización de Emmasa recoge entre alguno de sus más llamativos extremos que la empresa que compró las acciones de Emmasa no fue Sacyr-Vallehermoso pese a haber ganado el concurso, sino que en realidad quien lo hizo fue una filial del grupo llamada Valoriza Agua SLU.

Se da la circunstancia de que esta última empresa no acudió al concurso, con lo cual no se ha podido constatar que ofrezca las mismas garantías, solvencia económica y técnica que Sacyr. Pero es que además no se habría respetado los plazos que marca la ley para la cesión o traspaso de contratos administrativos o lo que es lo mismo que se haya consumido el veinte por ciento del tiempo de concesión.

Además, según consta en el expediente depositado ante los juzgados el aval emitido ante el Ayuntamiento lo suscribe Sacyr mientras que quien compró las acciones fue Valoriza. Otras irregularidades podrían ser, por ejemplo que en el informe elaborado por los técnicos de Emmasa no se valora ningún tipo de inversiones por parte de Sacyr mientras que en Canaragua se cifraba este capítulo en 132´6 millones.

Igualmente se recoge que Sacyr ofertó como inversión la construcción de una planta de tratamiento térmico de lodos pero para toda la isla por entre 20 ó 45 millones, una actuación que al superar el marco municipal se extralimita al objeto del concurso.

Sociedad vehículo

Pero es que además la oferta de Sacyr contempla que esta planta iba a ser construida, financiada y explotada a través de una sociedad vehículo que tendría como socio mayoritario a Emmasa, fórmula que tampoco está recogida en el pliego del concurso.

Al término del periodo de concesión el grupo Sacyr vendería la participación a Emmasa. Aspectos todos ellos que pueden ser considerados irregulares. Se da la circunstancia de que según el contrato la inversión para el tratamiento de fangos se considera obligatoria para el adjudicatario aunque puede destinarse a otra actuaciones.

Un punto que estaría un tanto indefinido ya que no se sabe si deben ser veinte o cuarenta y cinco millones ni la fecha en la que debería ejecutarse. En cualquier caso según esta documentación el Ayuntamiento habría alterado unilateralmente la oferta de un licitador favoreciendo a dicha empresa en la adjudicación.

Queda fuera de duda la puntuación otorgada a la mejora de la oferta económica donde todos los concursantes recibieron 40 puntos, pese a que no se menciona que Canaragua presentó un importe que significaba una mayor percepción para el Ayuntamiento y que eran 15 millones por encima de lo que se pedía en el pliego.

En la memoria económica-financiera no se explica por qué se da la menor puntuación a Canaragua frente a Sacyr y Aqualia, un criterio que parece ser un tanto subjetivo teniendo en cuenta que en el propio informe se destaca que Canaragua y Sacyr tienen el mismo grado general de adaptación al pliego. En la adaptación a la estructura del modelo económico-financiero no se tuvo en cuenta que el licitador de mayor puntuación en este apartado, Aqualia, dentro de las incidencias detectadas por el auditor KPMG se indica que no realizó el documento de flujos de caja, que era obligatorio y sin embargo quedó como el que más se adaptaba a lo exigido.

Se indica que Sacyr iba a ser la empresa menos endeudada pero en realidad este cálculo se basó en que no se contabilizó el impuesto de sociedades durante 20 años, lo que supone 53 millones, ni el pago de dividendos por ese mismo período que significa 2,3 millones.

Se ocultó información a los licitadores

Según la documentación que está en manos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo existe la sospecha de que durante el período de adjudicación el Ayuntamiento ocultó información a los licitadores, o al menos no se fue claro con el sistema que la Administración deseaba recibir, además de suponer una clara trasgresión de la trasparencia en la información.

Así aunque en el pliego se recogían las líneas generales de la que debía ser la gestión de Emmasa durante los próximos años, lo cierto es que éste no coincidía con el que luego aparecía realizado por la empresa auditora de Emmasa, KPMG.

No obstante esta última advierte que nunca tuvo acceso directo a la información, sino a la que la facilitaba Emmasa, no llevó a cabo ningún tipo de verificación legal y su trabajo no consistía en elegir la mejor oferta.

Extremo este último que no parece ser del todo cierto ya que KPMG se extralimitó de sus funciones y de hecho acabó realizando labores de valoración de ofertas a pesar de estar expresamente prohibido por la ley. Ante todo ello surgen preguntas como quién hizo el informe de valoración económica-financiera de las ofertas presentadas, quién lo suscribió, qué validez legal tenía o quién pagó los informes.

Por todo ello, aparece la sospecha de que el principio de objetividad quedó un tanto en entredicho ya que nadie analizó la validez legal mercantil, fiscal y contable de las ofertas y así Sacyr no introdujo ningún tipo de impuesto de sociedades, cosa que no cabe ni siquiera con el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario y no hay responsable de la valoración.

La Opinión de Tenerife

jueves, febrero 01, 2007

Zerolo dice que la campaña informativa sobre la playa costó 116.000 euros

Escrito por Agencias
01/02/2007 - 15:29

El alcalde asegura que la campaña no la pagó el Ayuntamiento sino la empresa adjudicataria de las obras OHL

S/C de Tenerife

El portavoz del grupo Mixto, Guillermo Guigou, acusó al alcalde de "faltar a la verdad" diciendo que la campaña la paga la empresa de obras, y de "manipular, de faltar el respeto democrático y de despilfarrar el dinero público”. Recordó que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha seguido “una publicidad institucional , que puede perseguir la justicia".

Zerolo considera “normal” que se investigue su patrimonio

La campaña informativa sobre la Playa de Las Teresitas costó 116.000 euros que “no pagó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sino la empresa adjudicataria de las obras, OHL”, según afirmó este jueves durante el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento, el alcalde Miguel Zerolo, quien explicó que en el pliego de condiciones para las obras que se van a llevar a cabo en Las Teresitas constaba una partida presupuestaria para publicidad, aunque fue el gabinete de prensa del Consistorio el que elaboró la campaña.

“Nosotros decidimos destinar ese dinero a informar a la población y responder a las acusaciones que se nos han hecho por esta campaña, que no ha sido pagada por fondos municipales ni de la Gerencia de Urbanismo, sino con cargo a las partidas para publicidad que tiene la obra de la playa”, aseveró Zerolo durante su comparecencia en la sesión plenaria, a petición de los grupos de la oposición: el Mixto y el Socialista (PSC-PSOE).

De hecho, este asunto del pleno se desarrolló en un clima de enfrentamiento y de crispación, sobre todo entre el grupo de Gobierno, Miguel Zerolo, y el grupo Mixto, los concejales Guillermo Guigou y Ángel Isidro Guimerá, hasta el punto de que el alcalde tuvo que llamar la atención a Guimerá por decirle haciendo gestos que Zerolo tenía mucha cara y afirmar que la campaña era ilegal. “Obviamente tengo cara pero no tan dura como la de usted y sin quiere tener la palabra la pide, pero no me haga gestos de menuda cara”, reprochó a Guimerá.

Ángel Isidro Guimerá replicó al alcalde que su gesto era sólo de asombro, como el que tienen muchos ciudadanos de Santa Cruz “al ver una campaña publicitaria y partidista con el dinero de todos”.

La sesión plenaria comenzó con enfrentamientos. El portavoz del grupo Mixto, Guillermo Guigou, aseguró que no entendía por qué esta comparecencia de Zerolo se traía a un pleno extraordinario cuando se podía llevar a uno ordinario y recordó que el Mixto también había solicitado la convocatoria del Consejo de Urbanismo “porque ahí se debía debatir”. Guigou criticó, asimismo, a Miguel Zerolo por no haber explicado en el pleno anterior la campaña de Las Teresitas y por “estar a la defensiva”.

ACUSACIONES QUE NO SE AJUSTAN A LA REALIDAD

Miguel Zerolo argumentó que su intención era adelantar la intervención a esta sesión plenaria porque en los medios de comunicación se habían hecho en torno a esta campaña “muchas acusaciones que no se ajustan a la realidad”.

El portavoz del grupo municipal Socialista (PSC-PSOE), Ramiro Cuende, sostuvo que cuanto antes se aclararan las cosas mejor, aunque advirtió al alcalde que hubiera sido mejor que se reuniera antes el Consejo rector de la Gerencia de Urbanismo para tratar este tema, que abordarlo directamente en el pleno.

Una vez aclaró Miguel Zerolo los motivos de su comparecencia, recordó que aparte de esta campaña de Las Teresitas, el Ayuntamiento ha hecho campañas en los medios de comunicación de otras obras y “unas habrían gustado más o menos a la población y a los grupos políticos”. Además, aseguró que la información sobre los trabajos en la Playa se ha hecho “ante una demanda popular que pedía que se le informara de esa obra porque ha habido muchas tergiversaciones que han creado dudas en la población”.

Guillermo Guigou expresó a Zerolo que le “sorprendían” sus manifestaciones y que eran un “ejemplo claro de lo que no se debe hacer desde las responsabilidades públicas”. Apuntó al alcalde que en la campaña “no aparecía por ningún lado el logo de la empresa, sino el de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz”.

“Usted sacó la campaña y se ha dado cuenta que metió la pata y lo que hace ahora es faltar a la verdad diciendo que la paga la empresa de obras”, indicó Guillermo Guigou, acusando al alcalde de “manipulación, de faltar el respeto democrático y de despilfarrar el dinero público”.

Además, señaló a Zerolo que este tema no se trata en el pleno por la “duda importante que tiene la población sobre la obra”, sino por que “existe una querella presentada por el fiscal anticorrupción. A mí me encanta la publicidad, pero no que se destine dinero público a ella”, subrayó el portavoz del grupo Mixto.

También Guigou recordó a Miguel Zerolo que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha seguido “una publicidad institucional , que puede perseguir la justicia y que coincide con una similar que hizo ATI sobre las Teresitas en 2003”.

CAMPAÑAS DESINFORMATIVAS

Ramiro Cuende (PSOE) precisó que los socialistas con la solicitud de comparecencia pretendían conocer “cómo se gasta el dinero el Ayuntamiento en campañas desinformativas que no tienen ningún sentido y cuyo objetivo es engañar a la opinión pública”.

Cuende, al igual que Guigou, apuntó a Miguel Zerolo que la Ley persigue las campañas cuyo fin sea la alabanza propia, el autobombo y malgastar el dinero público”.

Zerolo afirmó que entendía que la campaña pudiera ser “engañosa” para unas personas “pero para otras es muy ilustrativa”, a la vez que explicó que “si el Ayuntamiento no hubiera tenido una partida a disposición para hacer la publicidad de las obras, seguramente hubiera sido al cargo de la Gerencia de Urbanismo o de la Alcaldía”. Apuntó, además, que el Consistorio ha recibido muchas llamadas de ciudadanos de Tenerife agradeciendo la campaña porque por fin saben lo que se va a crear en Las Teresitas.

Guillermo Guigou manifestó a Zerolo que “el nivel de convicción” con que decía las cosas era tan mínimo que “ni usted se las cree” e insistió en que la campaña de Las Teresitas no es publicidad engañosa “sino una gran manipulación” y sostuvo que si la campaña la hubiera realizado la Gerencia de Urbanismo “hubiera sido ilegal”.

Ramiro Cuende, por su parte, transmitió a Zerolo que muchos de los votantes de CC le han manifestado que “sienten vergüenza” por la publicidad de Las Teresitas. “Esta campaña es engañosa y no tiene el escudo de la institución municipal”, dijo Cuende, reiterando que el Ayuntamiento no está para tirar el dinero.

EL PP NO CUESTIONA LA LEGALIDAD

La portavoz del grupo Popular (PP), Cristina Tavío, dejó claro que para el PP “no es cuestión de gusto si la campaña es buena o no, sino de legalidad”. En ese sentido, manifestó que el PP cree que se ha de elaborar un informe jurídico “para dar certitud de lo que tanto se cuestiona”, aunque “no tenemos duda de que la campaña es legal”, dijo.

El alcalde Miguel Zerolo, ´por último, anunció que el secretario del Ayuntamiento informaría a todos los grupos, en un plazo de diez días, si la campaña de Las Teresitas la hubiera pagado el Consistorio hubiera sido ilegal o no.

Canarias 24 Horas

Los Verdes solicitan la elaboración de un decreto que obligue a los políticos a declarar su patrimonio

Para Los Verdes, la corrupción se ha convertido en una seria amenaza que atenta contra los principios y valores democráticos, afecta a la confianza de los ciudadanos en la democracia y daña el concepto de legalidad, poniendo en peligro el progreso social, económico y político de un pueblo. La corrupción política existe y perseguirla es un objetivo, no solo judicial, sino también político. Según los estudios de las instituciones que tratan de luchar contra la corrupción, la mayoría de los casos se producen alrededor de las campañas electorales, la financiación de los partidos y el enriquecimiento personal de quien distribuye recursos.

Los Verdes apuestan por la educación, la formación, la sensibilización, la investigación y la transparencia como medios eficaces para afrontar la corrupción y creen necesario replantearse en profundidad el papel que juega el dinero en los procesos políticos. La financiación de los partidos políticos, por ejemplo, es un ejemplo más de las corruptelas a las que se presta. Todos los partidos deberían disponer de igualdad de oportunidades.

Incentivar la honestidad y procurar la transparencia en todos los procesos políticos es la mejor forma de luchar contra el deseo de apropiarse de lo ajeno, o de cobrar comisiones u ofrecer sobornos. Para ello, LOS VERDES van a solicitar a los distintos grupos políticos del Parlamento, y al Gobierno canario, que establezca mediante decreto la obligatoriedad de declarar el patrimonio, no sólo a los altos cargos de la administración autonómica, sino a todos los políticos que representen al pueblo, y a todos los que tengan capacidad de tomar decisiones políticas, incluso dentro de los propios partidos políticos.

Este decreto debe establecer barreras y “semáforos en rojo” para aquellos que sueñen con dedicarse a la política, con el fin de garantizarse unas rentas y un patrimonio. Con una declaración patrimonial se sabe cuales son: el punto de partida, económicamente hablando, y de llegada. Será un elemento persuasivo para espantar y ahuyentar a los que nunca debieron gozar de la confianza de los ciudadanos. Quien accede a política ha de corresponsabilizarse con sus representados y hacer público su patrimonio.

LOS VERDES se comprometen a presentar una propuesta escrita de decreto, para que pueda ser debatida y asumida por los grupos políticos representados en el Parlamento.

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