Esther Sarraute y las O.N.G.'s

Aunque la exconcejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Esther Sarraute ha fallecido, mientras se mantenga en Youtube, su ilustre video sobre las ONG, seguirá presidiendo la entrada éste blog, como recuerdo a los personajes que se cuelan en nuestras instituciones gracias a las listas cerradas y a los presuntos "tejemanejes" que se dan dentro de los partidos polítcos españoles.

domingo, diciembre 31, 2006

IpO revela que la Fiscalía denuncia a Valencia y Jiménez por los usos del polígono Las Arenas

TENERIFE
LA GACETA


El alcalde de la villa y el promotor deben declarar el 12 de enero por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con la pérdida de suelo público y el trato de favor al empresario

LA OROTAVA.– Iniciativa por La Orotava, principal partido de la oposición en el municipio, desveló ayer en rueda de prensa que la fiscal jefe de la Audiencia Provincial ha presentado una denuncia contra el alcalde de la villa, Isaac Valencia, y contra el promotor y empresario Ambrosio Jiménez, por la comisión de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, relacionados con la reordenación urbanística del polígono Las Arenas. El expediente se encuentra en el juzgado de instrucción Número 4 de La Orotava, en el que deben declarar Valencia y Jiménez el próximo día 12 de enero.

Según explican los responsables de IpO (Iniciativa por La Orotava), desde el año 1998, en el que se realiza el proyecto de compensación del polígono Las Arenas, con una superficie de 80.000 metros cuadrados, el Ayuntamiento se va desprendiendo de suelo (hasta 37.000 metros cuadrados), sin ningún tipo de venta ni subasta y presuntamente siempre a favor del promotor de la urbanización, Ambrosio Jiménez.

Iniciativa por La Orotava, formación liderada por José Manuel Hernández, argumenta que esta pérdida de suelo es irregular, por lo que decide presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que remite el expediente a la Audiencia Provincial, que a su vez cursa la denuncia, con el objetivo de que se aclare lo sucedido con estos suelos de dominio y titularidad pública que han pasado a manos privadas, quedándose el consistorio con las carreteras y con dos espacios muy pequeños de zonas verdes.

José Manuel Hernández estima que el precio del suelo perdido es de unos 55 millones de euros y considera que se trata de “un hecho de extrema gravedad. El Ayuntamiento tendrá que demostrar que todo se ha hecho conforme a la legalidad; nosotros entendemos que no es así y por eso hemos puesto el asunto en manos de la Justicia”, comentó ayer. Hernández recalcó que “nuestra única intención es defender los intereses generales de los ciudadanos de La Orotava”. Asimismo, cree que cuando es la Fiscalía quien “opta por presentar una denuncia es que la propia Fiscalía ha entendido que existen indicios de que se han cometido este tipo de delitos”.

El portavoz de IpO recuerda que su formación solicitó un Pleno extraordinario para pedir que el Ayuntamiento formara una comisión interna de investigación y para reclamar que se encargase una auditoría jurídica externa para dirimir lo que había sucedido. “El Grupo de Gobierno se negó y nuestra intención fue que el Ayuntamiento se encargase de la investigación para ver lo que había pasado con ese suelo, que había emigrado de las manos del Ayuntamiento hacia otras manos sin que el pueblo y el consistorio recibiesen nada a cambio”.

Tanto Isaac Valencia como Ambrosio Jiménez no quisieron hacer manifestaciones respecto a los datos aportados ayer por IpO ni sobre su citación y se limitaron a mostrar su respeto ante las actuaciones judiciales.

Fecha de Publicación: 29/12/2006 - 21:24:09
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La Gaceta de Canarias

La oposición no descarta presentarse como acusación contra Isaac Valencia

La Orotava
El alcalde insiste en que no hubo irregularidades en Las Arenas

P.H. MURILLO / LA OROTAVA

Los partidos en la oposición en el Ayuntamiento de La Orotava no descartan presentarse como acusación particular en el proceso judicial abierto contra el alcalde de la localidad, Isaac Valencia, y el promotor de las obras en la zona, Ambrosio Jiménez. En este sentido, a lo largo de la próxima semana, cada uno de los grupos políticos harán público el papel que desempeñarán en el caso.

La noticia de la imputación del alcalde de La Orotava por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias ha caído como una bomba en el seno de los grupos de la oposición en el consistorio villero. Las reacciones no se han hecho esperar por parte de los principales portavoces municipales, quienes han mostrado su sorpresa ante la situación en la que se encuentra el alcalde.

En este sentido, José Manuel Hernández realizó un llamamiento a todos los representantes políticos en la oposición para que se presenten como acusación particular. "Hay que recordar que en este momento, IpO no es quien realiza la denuncia que abre el procedimiento judicial pero queremos invitar al resto de los partidos de la oposición, así como aquellos colectivos ciudadanos que entiendan que este asunto debe investigarse hasta las últimas consecuencias", señaló Hernández.

Irregularidades

El edil de IUC en el consistorio norteño, Francisco Baute adelantó que tanto su partido como el PSC emitirán un comunicado de prensa con las principales valoraciones de la coalición acerca de la imputación del alcalde, Isaac Valencia. Sin embargo, el concejal aseguró que la noticia no le ha causado sorpresa ya que "el tema del sector 10 de Las Arenas y el polígono de San Jerónimo siempre estuvo ensombrecido por una serie de irregularidades, como la célebre pérdida del expediente del centro comercial Leroy Merlín en el verano de 2003". El resto de los partidos políticos en la oposición (PP y Los Verdes) se han mostrado cautelosos a la hora de realizar una valoración por lo que todo indica que en esta semana se despejará la incógnita de si se sumarán a la acusación particular contra Isaac Valencia y Ambrosio Jiménez que, por el momento, mantiene el grupo municipal IpO en solitario. Con todo, todas las miradas estarán puestas en el Juzgado de instrucción número 4 de La Orotava en donde están citados a declarar el alcalde y el empresario el próximo 12 de enero a las 10:30 de la mañana en calidad de imputados.

La Opinión de Tenerife

El PSC pedirá la paralización del Plan General de Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS
30/12/2006 (20:20 h.)

LOS SOCIALISTAS EXIGIRÁN LA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS EN LAS TERESITAS

El Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pedirá la paralización de la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación del municipio hasta que se resuelvan “las cuestiones referidas al Plan Parcial de Las Teresitas”, en referencia a la presentación de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades del proyecto urbanístico.

El concejal capitalino del PSC José Angel Martín pidió al alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, y a Coalición Canaria (CC) que expliquen lo sucedido en el plan parcial de Las Teresitas y dejen de atacar al Estado de Derecho. Según Martín, Zerolo debe explicar cuestiones como por qué "no defendió" a la ciudad en el crédito que CajaCanarias concedió a empresarios para la compra de terrenos en Las Teresitas y por qué permitió el "expolio" de terrenos a algunos propietarios.

Las declaraciones del concejal socialista se producen días después de que la fiscal María Farnés Martínez presentase una querella por el caso de Las Teresitas contra once personas, entre ellas el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo (CC), por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre otros, la acusación se dirige contra el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González; al concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y a los ex portavoces municipales del PSOE Emilio Fresco y del PP José Emilio García Gómez, y al presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), Atonio Plasencia.

La querella se fundamenta en una investigación de diecisiete meses por las plusvalías obtenidas por un grupo de empresarios por la compra de unos terrenos en la playa de Las Teresitas, parte de los cuales fueron vendidos después al Ayuntamiento, que recalificó como urbano el resto. Precisamente, el PSC quiere que el alcalde de la capital tinerfeña diga por qué se pagaron 8.750 millones por unos terrenos que valían unos 3.000 los motivos por los que se recalificaron los terrenos de El Cercado y Las Huertas, y las razones por las que "se pusieron los intereses" de la corporación al servicio de privados.

José Angel Martín manifestó que su partido pedirá que se paralice el Plan General de Ordenación Urbana de la capital tinerfeña hasta que se resuelvan las cuestiones judiciales relacionadas con el plan parcial de Las Teresitas, y que no se lleven a cabo las obras proyectadas en ese lugar por el arquitecto Dominique Perrault. El concejal socialista insistió en que en este caso no está en entredicho ni el prestigio ni la honorabilidad de la capital tinerfeña, ni el de los jueces y tribunales porque a CC "no le vengan bien las investigaciones".

José Angel Martín expresó su confianza en el "excelente trabajo" que el Poder Judicial realiza en toda España en contra de la corrupción, y animó al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, a seguir por esa línea. Reconoció que tampoco está en entredicho la presunción de inocencia de Miguel Zerolo, al contar a partir de ahora se abren todas las garantías judiciales, aunque sí se cuestiona la actuación del dirigente nacionalista como alcalde de Santa Cruz de Tenerife.

Respaldo de Ciudadanos de Santa Cruz

Posteriormente, Ciudadanos de Santa Cruz, integrado en el Grupo Mixto del Ayuntamiento de la capital, respaldó la petición anunciada por el PSC de paralizar la revisión del Plan General de Ordenación del municipio y las obras correspondientes al proyecto de urbanización de la Playa de Las Teresitas, "dado que estas situaciones están bajo sospecha de delito a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 19 de diciembre". Los concejales de la oposición consideran que es un asunto que debe tratarse en el próximo pleno de enero, según la moción que presentaron, y anunciaron que se sumarían a la solicitud socialista de una sesión monográfica sobre Las Teresitas.

Canarias Ahora

viernes, diciembre 29, 2006

Asamblea por Tenerife pide la “inmediata” destitución de Suárez Trenor como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
jueves,28 diciembre, 2006 14:51:00
 

Afirma que si el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, lo mantiene en su cargo se convertirá en cómplice de Suárez Trenor en términos de responsabilidad política. Asamblea por Tenerife opina que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife y los funcionarios “imputados” en el caso de Las Teresitas deberían ser apartados de sus puestos.


El colectivo Asamblea por Tenerife exigió hoy la inmediata destitución del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, al estar “imputado” en un presunto delito de cohecho en varias operaciones inmobiliarias promovidas por empresas de Fórum Filatélico. Además, demanda al Ministerio de Fomento que abra una investigación general y “rigurosa” sobre las concesiones que han sido otorgadas por Puertos de Tenerife durante el periodo de mandato de Suárez Trenor.

Así lo demandaron hoy Ana Caballero y José Pérez Ventura, miembros de Asamblea por Tenerife, quienes consideraron “inmoral” que Suárez Trenor siga en su puesto, y se preguntaron si el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento van a permitir que el presidente actual de la Autoridad Portuaria adjudique las obras del futuro puerto de Granadilla, al opinar que la tramitación del proyecto puede estar “viciado”. Los miembros del colectivo afirman que su permanencia en el cargo y su actitud “suponen una burla en una sociedad democrática y una auténtica tomadura de pelo a los ciudadanos”.

El abogado José Pérez Ventura aseguró que el auto dictado por el juez Baltasar Garzón es un "auto de imputación" por un supuesto de delito de cohecho que afecta tanto a Suárez Trenor como al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, en el caso de la marina de San Andrés, y estimó que "lo normal, habitual y lógico" en estos casos es que se les retire de sus puestos de forma cautelar.

Respecto a Zerolo, Pérez Ventura recordó que además de estar imputado por el auto de Garzón en el caso de la marina deportiva de San Andrés, está también “imputado” por la Fiscalía Anticorrupción en los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso de compra de terrenos en la playa de Las Teresitas. Pérez afirmó que estos hechos son “incompatibles” con su cargo de alcalde y opinó que debería ser apartado de forma cautelar hasta que se aclaren los hechos, al igual que el resto de los funcionarios del Ayuntamiento implicados en el caso.

Respecto al presidente de la Autoridad Portuaria, José Pérez Ventura, recordó que el jefe del Ejecutivo canario tiene, por ley, la capacidad de nombrar y destituir en este caso a Suárez Trenor, y destacó que si Adán Martín no cesa de forma fulminante al actual titular de Puertos de Tenerife se convertirá, “en términos de responsabilidad política, en su cómplice”.

Al margen de la “imputación” de Suárez Tenor en el caso de la marina deportiva de San Andrés, Asamblea de Tenerife considera que existen otras razones para exigir su destitución. Entre ellas, el “desprecio” a la democracia y a los ciudadanos que se han manifestado reiteradamente contra el Puerto de Granadilla, al medio ambiente al impulsar un proyecto “nefasto” para la costa Sur de la Isla y a la ciudad de Santa Cruz y a su puerto.

Según se indica en un comunicado, Asamblea por Tenerife además demanda la destitución de Suárez Trenor por promover negocios que “pueden ser lesivos para el interés general” y habla de la concesión otorgada por la Autoridad Portuaria a la empresa Arlink para construir una marina deportiva en Valleseco, “lo que puede provocar una indemnización de 25 millones de euros a la empresa”.

ACN Press

La Fiscalía imputa a Isaac Valencia por prevaricación y tráfico de influencias

La Orotava
La denuncia de IpO ve indicios de delito en la operación de Las Arenas

P.H. MURILLO / LA OROTAVA

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha procedido a formular una denuncia por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias contra el alcalde de la localidad, Isaac Valencia, y el promotor, Ambrosio Jiménez. La Fiscalía considera que existen indicios de delito en la operación urbanística llevada a cabo por el consistorio en Las Arenas.

En virtud de esta denuncia formulada por la citada instancia judicial, el alcalde norteño y el empresario deberán comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 4 de La Orotava en calidad de imputados, el próximo 12 de enero a las 10:30 de la mañana. Valencia deberá explicar por qué el consistorio orotavense modificó el plan de compensación de suelo público en el sector 10 de Las Arenas y el Polígono de San Jerónimo, un aspecto que fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por el grupo municipal de Iniciativa por La Orotava (IpO).

En este sentido, el portavoz del citado partido, José Manuel Hernández explicó, en una rueda de prensa celebrada ayer, que los hechos se remontan a 1998, cuando el pleno de la corporación aprobó el Proyecto de Compensación del Plan Parcial Las Arenas, por medio del cual el empresario Ambrosio Jiménez debía de ceder obligatoriamente un total de 80.452 metros cuadrados destinados, según figuraba en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para equipamientos deportivos y zonas verdes.

"Desde la celebración de ese pleno, los terrenos de titularidad pública fueron disminuyendo, incumpliéndose el proyecto de compensación y favoreciendo al empresario. De los más de 80.000 metros cuadrados iniciales, el consistorio se quedó en 2004 con 37.000 metros cuadrados de suelo público",
señaló Hernández. Ante esta situación, IpO presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción quien remitió el caso a la Audiencia Provincial. Hernández se mostró satisfecho por la decisión tomada por la Audiencia Provincial y recalcó que en estos momentos "no es IpO quien denuncia, sino la Audiencia, en donde se ha visto que hay indicios suficientes como para citar en el juzgado al alcalde y al empresario como imputados por prevaricación".

El alcalde asegura que no se han cometido irregularidades

El alcalde de La Orotava, Isaac Valencia señaló, en declaraciones al programa El Club de la Tarde de la Cadena Ser, que en el caso del sector 10 de Las Arenas "no se han cometido irregularidades, ya que se ha cumplido con todos los acuerdos plenarios". En la misma línea se pronunció el portavoz y primer teniente de alcalde, Francisco Linares, quien mostró su "apoyo incondicional a Isaac Valencia" y rechazó las acusaciones de IpO. "No dudamos de la honorabilidad del alcalde de La Orotava y apoyamos sin fisuras sus 28 años de gestión al frente del consistorio", declaró Linares. En este sentido,el portavoz del grupo de gobierno acusó a IpO de "ostentar una actitud revanchista en este asunto". Por su parte, el empresario y representante de Proyectos Inmobiliarios Las Arenas, Ambrosio Jiménez, quien también ha sido imputado por la Audiencia, declinó realizar declaración alguna al respecto y citó a los medios de comunicación a una comparecencia pública tras su declaración en el juzgado el próximo 12 de enero.

La Opinión de Tenerife

jueves, diciembre 28, 2006

Puerto de Granadilla.- Varios colectivos piden la paralización del proyecto licitado porque se han introducido cambios.

ACN
26.12.06

Las organizaciones Ben Magec-Ecologistas en Acción, Plataforma Ciudadana en Defensa del Puerto de Santa Cruz, Plataforma contra el Puerto de Granadilla y el Rincón-Ecologistas en Acción han presentado hoy un escrito ante los Ministerios de Medio Ambiente y de Fomento en el que piden la paralización del proyecto del puerto de Granadilla, ya que los cambios introducidos por el dictamen de la Comisión Europea sobre el proyecto licitado hace preciso realizar un nuevo estudio de impacto ambiental.

Así lo indicó la portavoz de Coordinadora El Rincón y jurista, Elena Sánchez, quien afirmó que, de iniciarse las obras del proyecto licitado, y pendiente de adjudicación, se estaría incurriendo en un “fraude de ley”, porque el proyecto sobre el que ha emitido dictamen la UE en noviembre y el que licitó en 2004 son distintos “por lo que se estaría contraviniendo la normativa comunitaria”.

Sanchez apuntó que el Gobierno central tiene que revisar el proyecto de construcción del puerto, el plan de utilización de los espacios portuarios y la evaluación de impacto ambiental ante los cambios introducidos por el dictamen de la UE.

Las organizaciones sostienen que los efectos negativos sobre la Red Natura 2000 reconocidos por la Comisión Europea son mayores que los reconocidos por el Estado en la tramitación interna del proyecto.

Al respecto, indicó que el dictamen de la UE se refiere al trasvase de arena del norte al sur de la infraestructura, que no está contemplado en el proyecto original y que tendría una afección sobre un nuevo lugar de importancia comunitaria (LIC) de la piña de mar.

Esto obliga a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental que, aseguró, conforme a las medidas correctoras propuestas por el dictamen va a quedar de manifiesto que el proyecto es “inviable” tanto desde el punto de vista económico y medio ambiental.

Además, indicaron que los ministerios tienen ahora tres meses para responder a la petición de estas organizaciones ciudadanas y advirtieron de que si se produce un silencio administrativo recurrirán a la vía contencioso-administrativa.

Según explicaron cualquier modificación del proyecto obliga a una evaluación de impacto ambiental y el trasvase de arena puede tener un impacto no analizado convenientemente por la UE y tiene “empezarse desde cero”.

El portavoz de Ben Magec, Tony Rodríguez, precisó que el trasvase de arena no es una medida compensatoria, sino el dictamen lo considera como una parte del proyecto, pero el presupuesto de esta acción no está contemplado en el licitado, hay una modificación sustancial del proyecto y constituye un impacto ambiental “gravísimo” porque el sistema propone absorber la arena del norte de la infraestructura y trasladarlo al sur, donde se encuentra el LIC.

“Sólo por esto no es válida la licitación, ni el proyecto, ni la declaración de impacto, por lo que anula todo lo que hay hoy por hoy”, precisó Tony Rodríguez, quien lanzó un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos contrarios al proyecto e indicó que esta modificación del proyecto “echa por tierra” cualquier posibilidad de que se inicien las obras y obliga a partir de cero “con trámites que pueden durar años”.

Los representantes de Ben Magec y de Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz insistieron además en pedir la dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luís Suárez Trenor, que dijeron ha llevado al puerto capitalino a una situación de “abandono y quiebra por la falta de inversiones”.

En esta línea, el representante de la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz, Cándido Quintana, insistió en que para el desarrollo económico de Tenerife es suficiente con la ampliación del puerto de Santa Cruz de Tenerife, que afirmó era uno de las instalaciones portuarias “punteras” de España y se le ha dejado en una situación de “caída libre y abandono” para favorecer la construcción del puerto de Granadilla.

Revista Digital San Borondón

miércoles, diciembre 27, 2006

Las Juventudes Socialistas de Santa Cruz solicitan la dimisión de Florentino Guzmán Plasencia.

Ideapress
23.12.06

Las Juventudes Socialistas de Santa Cruz en una reunión de Ejecutiva celebrada en el día de ayer, han solicitado la dimisión del Secretario de la Agrupación Local de Santa Cruz, Florentino Guzmán Plasencia, ante lo que califican como "graves declaraciones realizadas a título personal, contraviniendo todas las resoluciones emitidas hasta la fecha por el PSC-PSOE y las Juventudes Socialistas de Canarias".

"La opinión personal expresada por Florentino Guzmán en papel oficial del partido, es incompatible con ostentar la máxima representación de los socialistas santacruceros, y con el mensaje de transparencia, manos limpias y bolsillos de cristal que representa Juan Fernando López Aguilar", aseguran en un comunicado.

Para los jóvenes socialistas santacruceros, Florentino Guzmán Plasencia ha puesto por delante de los intereses del PSC-PSOE la defensa de "su amigo y mentor" Emilio Fresco que a día de hoy aparece como querellado por la Fiscal Anticorrupción.

"No debe olvidar Florentino que son socialistas santacruceros los que han llevado el peso de la oposición en el affaire de Las Teresitas durante toda una década, y que son socialistas tinerfeños afilados a su propia Agrupación Local quienes han llevado este tema a los juzgados y su conocimiento por parte del Ministerio Fiscal."

La Secretaria de Organización de las JS Santa Cruz Amanda López manifestó que las declaraciones de Florentino Guzmán intentan dilapidar el trabajo realizado por el Grupo Municipal de Santa Cruz, llegando incluso, a contradecir las resoluciones votadas por el mismo, en la asamblea de los socialistas de Santa Cruz.

A la reunión de la Comisión Ejecutiva Local asistió como invitada la Senadora Patricia Hernández Gutiérrez (militante de JSE en Santa Cruz), Secretaria General de las Juventudes Socialistas de Tenerife que mostró su apoyo a la resolución de la Ejecutiva Local.

Revista Digital San Borondón

Los Verdes dicen que Florentino Guzmán es la conexión entre Emilio Fresco y Macario Benítez.

Ideapress
23.12.06


La Mesa de Unidad de Los Verdes en Tenerife ha criticado las declaraciones realizadas recientemente por el secretario de la agrupación local del PSC-PSOE en Santa Cruz, Florentino Guzmán, en la que ha defendido el voto afirmativo de Emilio Fresco a la compra de terrenos en Las Teresitas, aduciendo que "fue la dirección del partido la que, oído el grupo municipal, fijó el voto en sentido favorable tras una asamblea".

Los Verdes recuerdan en un comunicado que Emilio Fresco está encausado junto a otras diez personas en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación y malversación de caudales públicos en el convenio urbanístico de Las Teresitas, por lo que consideran "relevante el hecho de que sean los vecinos del municipio de El Rosario los que paguen religiosamente el salario mensual del secretario y portavoz del PSOE en Santa Cruz". "Las declaraciones de Guzmán vienen a trazar una interesante conexión entre Emilio Fresco, vecino de El Rosario, y Macario Benítez, alcalde de la misma localidad. Florentino Guzmán tiene nómina en el ayuntamiento de El Rosario, donde nunca está ni se le espera porque anda muy ocupado haciendo declaraciones como cabeza de lista del PSOE por Santa Cruz", denuncian Los Verdes, para quienes las contradicciones en el seno de los socialistas sobre Las Teresitas demuestran "que en el PSOE también podría haber un sector inmobiliario" homologable a los que se han atribuido al PP y a ATI, en el que se encuadrarían los llamados "desarrollistas", que actualmente dirigen la ejecutiva insular de ese partido.

El conflicto interno en el PSC-PSOE se expresa, a juicio de Los Verdes, en que "la misma política que perjudicó en 2003 la candidatura de Santiago Pérez en La Laguna, dirigió la derrota de los santiaguistas en el Congreso Insular del PSOE, mientras que ahora es Santiago Pérez quien denuncia el caso Teresitas contra esa política desarrollista y son sus detentadores los que se ven salpicados dentro del PSOE y reaccionan a la defensiva. Por eso se contradicen públicamente". Para Los Verdes "debe prevalecer la presunción de inocencia de Emilio Fresco, pero las concomitancias cómplices y opacas son una cuestión de ética política y ese es el sentido de nuestra crítica".

Los Verdes recuerdan que han denunciado "irregularidades urbanísticas graves en el ayuntamiento de El Rosario, como la aprobación del plan parcial El Varadero" y considera que "Florentino Guzmán debería dar cuenta de cuál es el acuerdo con Macario Benítez por el que se mantiene su relación laboral con el ayuntamiento de El Rosario".

Revista Digital San Borondón

lunes, diciembre 25, 2006

Trujillo: "El caso Las Teresitas es un esperpento bananero"

Diario de Avisos

Santa Cruz
El candidato de Izquierda Unida Canaria (IUC) a la alcaldía de Santa Cruz, Ramón Trujillo, considera que el Ayuntamiento capitalino "regaló a dos empresarios dinero de los contribuyentes, al comprar 9.076 metros cuadrados en Las Teresitas que, según informe pericial de la propia institución, eran dominio público marítimo". Además, Trujillo, también coordinador insular de IUC, sostiene que "las autoridades sabían que ese terreno público se podía ampliar en el futuro, y pese a saberlo, compraron un frente de playa cuyo estatus jurídico definitivo aún no estaba fijado, un acto propio de regímenes dictatoriales".

El dirigente izquierdista mantiene que todo lo acontecido con la compraventa del frente de playa de Las Teresitas constituye "un esperpento bananero".

IUC destaca que la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias "demuestra en sus conclusiones que el Estado compró al Estado pagando a dos empresarios". El informe de la fiscal pone de manifiesto que, de los 109.420 metros cuadrados del entorno de la playa comprados por el Ayuntamiento, 9.076 eran propiedad del Estado, puesto que se trataba de dominio público marítimo. "Es decir, un órgano del Estado compró a otro órgano del Estado 9.076 metros cuadrados y le pagó por tal compra a dos empresarios", enfatiza Trujillo.

Es más, a juicio del candidato de IUC, "la querella advierte que, cuando se determine definitivamente, el dominio marítimo podría suponer 31.159 metros cuadrados y, además, precisamente los de la zona que poseía derechos edificatorios. Es decir, el Ayuntamiento compró en el frente de playa sin esperar a que se estableciera qué espacios eran privados y susceptibles de venta y cuáles eran públicos e invendibles".

Anticorrupción se ha querellado contra el alcalde, Miguel Zerolo, y a otras diez personas por presuntas prevaricación y malversación de fondos en el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento e Inversiones Las Teresitas, constituida por Ignacio González Martín y Antonio Plasencia. Se hallan acusados además el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo; el ex portavoz del PP y actual asesor de Urbanismo, José Emilio García Gómez; el ex portavoz del PSOE, Emilio Fresco; el gerente de Urbanismo, Tomas Martín; el secretario de Urbanismo, Juan Reyes; el ex Interventor Antonio Messía; el ex interventor delegado, José Luis Roca;el secretario municipal, José de Zárate, y los dos empresarios citados.

Los Verdes

En este marco, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, José Ramón Carrillo, pidió ayer al Gobierno de Canarias que retire las competencias de urbanismo al Ayuntamiento de Santa Cruz, pues "no es de recibo" que una Corporación cuyo alcalde y la mayor parte de los responsables municipales del área de Urbanismo están imputados por graves delitos sigan ostentando las competencias en la materia".

Carrillo indica en un comunicado que "la principal obsesión del equipo municipal de gobierno es consolidar los grandes pelotazos urbanísticos aprobando, contra reloj, el Plan General de Ordenación (PGO)". Opina el dirigente verde que el PGO es un instrumento "importantísimo que hipotecará por muchos años el modelo de organización del un municipio y de ocupación de su territorio por lo que su aprobación no se debería dejar en manos de presuntos delincuentes urbanísticos".

Según el portavoz de Los Verdes, en junio, en junio se presentaron 5.480 alegaciones al PGO, que "a la luz de los nuevos acontecimientos judiciales deberían ser revisadas por el Gobierno, una subrogadas las competencias urbanísticas".

La culpa no es de López

Opinión
JUSTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Desde que el ministro de Justicia anunció que iba a dar la batalla a la corrupción, especialmente a la urbanística, solapada en los años de gobiernos aznaristas, nombrando 20 fiscales Anticorrupción y destinando dos a Canarias, los dirigentes de Coalicion Canaria y el Partido Popular iniciaron una campaña de descalificación contra el ministro. En Canarias no existía corrupción y el nombramiento de dos fiscales Anticorrupción parecía pretender reflejar que la situación político-económica no tenía la limpieza, transparencia y diafanidad que reflejaban, con excepciones, los terminales mediáticos controlados o subvencionados por los gobiernos, fueran municipales, de cabildos o autonómico. El anuncio de que López Aguilar podría ser el candidato a la Presidencia del Gobierno canario intensificó la ofensiva de desprestigio. Se le acusa de ser un "candidato a palos".

En el momento en que López Aguilar anunció su compromiso en la lucha contra la corrupción y animó a los ciudadanos a que denunciaran los casos que conocieran, aumentaron los niveles de las descalificaciones, no sólo al ministro de Justicia y al fiscal general del Estado, sino a los jueces y fiscales que, según manifestaban los dirigentes de CC y PP, iniciaban procesos judiciales, por irregularidades y casos de corrupción, para hacer el juego a las ambiciones políticas del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de Canarias, olvidando que todas las actuaciones se habían iniciado por denuncias de empresarios o ciudadanos perjudicados.

Ante la cascada de ataques, injustificados y sin pruebas, en los que han destacado Paulino Rivero, Zerolo, Soria y Melchior, cuestionando la independencia de presidentes de tribunales, magistrados, jueces y fiscales, se han producido algunas reacciones. El presidente del TSJC, Antonio Castro, declaraba: "La justicia actúa cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo y, por tanto, lo investiga, sea el implicado de CC, PP o PSC o de cualquier otro partido". El nuevo juez decano de Las Palmas, Miguel Losada, considera "una barbaridad", las críticas, porque el ministro de Justicia, "no interviene para nada en el trabajo de los jueces y no tiene atribución alguna sobre ellos, ni puede exigir nada a ningún juez". El fiscal jefe del TSJC, Vicente Garrido, ha sido rotundo: "Nos guía el principio de legalidad, no el ministro".

Los dirigentes del PP y de CC parecen olvidar dos cosas. En España la mayoría de jueces, fiscales, magistrados y miembros del Consejo General del Poder Judicial son conservadores. Para mayor claridad coloquial, son de derechas y, algunos, de extrema derecha. Cuando gobernaba el PSOE, tenía un ministro de Justicia y un fiscal general del Estado, lo que no evitó que algunos casos de corrupción, con conspiración mediática o sin ella, dieran con algunos dirigentes y cargos públicos en la cárcel. Y el juez Garzón fue un intérprete activo. Por eso, no cuelan las acusaciones de quienes pretenden dar a entender que, hasta la llegada al Ministerio de Justicia de López Aguilar, en Canarias no existía corrupción y que los escándalos surgidos en los últimos tiempos son producto de las manipulaciones del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado, con la complicidad de jueces y fiscales.

Y nada más lejos de la realidad. La corrupción en Canarias viene de lejos. La memoria y las hemerotecas son fieles reflejos de la progresión e impunidad de la corrupción. En 1999 mucho antes de que López Aguilar se metiera en política, 128 letrados canarios, de diversas ideologías, publicaban un informe, denunciando "las sombras de impunidad", "sospechas de galopante tráfico de influencias", "utilización parasitaria de los poderes públicos", "prácticas caciquiles, mallas de blindaje, sobornos de hecho y pago de favores", "mordidas al presupuesto de dineros públicos" o "la corrupción política al más puro estilo del PRI" mexicano.

En 2002, la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJC informaba de que "no es necesaria una presión persistente de los promotores inmobiliarios ante la enorme facilidad con que se dejan convencer los alcaldes, si vislumbraban la posibilidad de obtener dinero en efectivo, proveniente de cesiones urbanísticas, lo que está permitiendo un número de urbanizaciones y construcciones desmesuradas". Según la Fiscalía, los ayuntamientos se han convertido en "verdaderos delincuentes ambientales".

En 2001, el Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción animaban a los jueces canarios a aclarar los escándalos de corrupción.

También ha habido políticos y cargos públicos que han denunciado la corrupción, en determinados momentos, con poco éxito. Tengo registrados en el ordenador, 78 testimonios. Sólo expondré algunos. En cualquier caso, todos son anteriores a la llegada de López Aguilar al Ministerio de Justicia.

(1992).- Domingo González Arroyo, diputado del PP, imputado en varias causas penales. "Cuatro golfos se están enriqueciendo, unos con el betún de las carreteras y otros llenando no ya maletines, sino carretillas de dinero".

Ildefonso Chacón, consejero de Obras Públicas y Aguas, justificaba su dimision: "El Gobierno vive condicionado por unos intereses ajenos al interés general". Bravo de Laguna, presidente del Parlamento: "En Canarias abunda el amiguismo y el chanchullismo".

(1993).- José Carlos Becerra, cesado como consejero de Pesca y Transporte, explicaba que "presiones deshonestas de varios diputados que han antepuesto sus intereses y ambiciones personales a cualquier otra consideración".

(1999).- Juan Manuel García Ramos, presidente del PNC. "Tres dirigentes de CC han creado sesenta empresas durante el ejercicio de sus cargos". "Altos cargos de CC tienen una estrecha vinculación con empresas que tienen suscritos contratos con distintas Administraciones públicas. No se puede confundir la política con los negocios".

(2000).- José Manuel Soria, presidente del PP, en referencia al escándalo del ICFEM: "La batalla contra la corrupción es de toda la sociedad que debe rebelarse para desterrar estas prácticas de ciertos políticos".

(2001).- Alfonso Soriano, diputado nacional del PP: "Nunca me ha interesado la política regional, porque la veo sucia y corrupta. Estamos ante una Administración bananera".

Desde 1990, he podido documentar 175 casos de corrupción, todos sucedidos y denunciados antes de que López Aguilar fuera ministro de Justicia. Los más importantes, continúan sin solucionarse. Caso Floreal, Edificio Santander, Despilfarro en Atlanta, Caso Baute, Intel, Istmo de Las Palmas, Dimas Martín, Amarilla Golf, Infecar, La Favorita, Casinos de Las Palmas, Palacios de Congresos, Caso González Arroyo, Convalidaciones irregulares, ICFEM, Caso Amorós, Trama Eólica, Corrupción en Telde, Estadio Insular, Añaza, Relaciones de políticos con John Palmer, Caso Turismo, Caso León, Las Teresitas, puerto de Granadilla, puerto deportivo de San Andrés, etc., etc. Tengo que reconocer mi error cuando he puesto de manifiesto mis dudas sobre la actuacion de la fiscal Anticorrupción, María Farnés, en el ’caso de Las Teresitas’. Dentro de mis lógicas carencias jurídicas, considero la querella presentada ante el TSJC como una magnífica pieza de investigación judicial, con argumentaciones irrefutables y conclusiones determinantes sobre la deplorable, indeseable y sospechosa actuación de quienes tenían que representar los intereses públicos.

Finalmente, una recomendación al secretario general del PSC-PSOE de Santa Cruz de Tenerife, que ha mostrado su apoyo a la actuación de los concejales socialistas que apoyaron el Convenio urbanístico de Las Teresitas. Si ha leído la querella y le queda un solo gramo de decencia política, no puede continuar en el cargo ni un minuto más.

sábado, diciembre 23, 2006

Transcripción de palabras de Justo Fernández en Radio San Borondón

22/12/2006
Radio San Borondón

Conversación-entrevista entre César Rodríguez Placeres y Justo Fernández en el programa "La Trapera" sobre las manifestaciones de Florentino Guzmán al frente del PSOE de Santa Cruz de Tenerife, en la que se posiciona del lado de los querellados por la fiscalía anticorrupción:

César R. Placeres: Tenemos con nosotros a Justo Fernández. Bienvenido Justo.

Justo Fernández: Hola Buenos Días.

César R. Placeres: Hola muy buenos días. Bueno, la verdad es que tu opinión en éstos momentos es imprescindible. Menuda marea, no?.

Justo Fernández: Bueno, ayer estuve dedicado hora y media en el programa a hablar de la corrupción..., y de los casos de corrupción y de la responsabilidad de los casos de corrupción y del extraordinario trabajo que hizo María Farnés, que lo he leido y es una cosa consistente, seria, con deducciones importantísimas basadas en hechos reales. Es muy importánte. Por eso me extraña más todavía una comunicación que hizo un muchachito que se llama no se qué Guzmán...

César R. Placeres: Florentino Guzmán

Justo Fernández: Florentino Guzmán Plasencia, al parecer secretario general del Partido Socialista de Santa Cruz de Tenerife y que viene a avalar lo que hicieron los cuatro concejales del Partido Socialista apoyando el convenio del año 2001. Y entónces yo lo que quiero decir es que... Por cierto, ha lanzado ya otro comunicado variando la situación diciendo que hablaba a título personal, inmediatamente, hace unos momentos.

Yo lo que diría a éste señor es que si ha leído el texto de la querella y tuviera sólo un gramo de vergüenza dejaría el cargo ahora mismo. Y si no lo deja él, hay que estar observando qué hace la dirección del Partido Socialista ante un caso escandaloso como éste.

Me parece absolutamente inadmisible que después de la batalla que se ha dado en todos sitios, salga un petardo aquí diciendo que él apoya el Convenio de Las Teresitas. Es que éste tío, o no ha leído la querella, o no tiene ni idea, o no es de aquí. Yo qué sé, ¿pero él no sabe lo que ha pasado?. Y hablando además que fué un problema de la dirección colectivamente, ahora parece ser que en el comunicado que ha lanzado hace un momento, pues ya dice que es a título personal y que no fué el comité ejecutivo el que decidió la situación.

César R. Placeres: Bueno, te adelanto que según nos dicen algunos asesores nuestros, ayer en el programa de éste, de "El Laja", exibía una comunicación de Florentino Guzmán en el sentido de decir eso, que estában oficialmente a favor. Eso fué la utilización, según nos dicen, permanente para intentar apuntar al PSOE a una decisión que todos sabemos lo que defendía la dirección presidida además por Santiago Pérez, que lo ha repetido por activa y por pasiva, dentro de un ratito hablaremos con Antonio Martinón porque la comunicación estaba siendo muy defectuosa, abundará sin duda en el mismo sentido, ya que Coalición y tal ahora está intentando meter en el medio también algo de electoralismo diciendo que aclare las contradicciones que hay respecto al tema de Las Teresitas.

Precisamente nos acaba de llegar un comunicado que dice: "Coalición Canaria insta a Martinón a que aclare las contradicciones del PSOE sobre Las Teresitas". Esto es de ahora, de la una menos algo, hace una horita escasa.

Justo Fernández: Sí, sí, porque es como consecuencia de esa situación pero yo vuelvo a repetir que si les quedara un gramo de decencia política dimitirían después de haber leído la querella de la Fiscal Anticorrupción.

César R. Placeres: Bueno, tú sabes que, bueno, lo que nos dicen los asesores, nosotros no conocemos todas las interioridades. Tú seguro que las conoces, no?, y estás haciendo una crítica con la que coincido totalmente, pero lo que está detras es que se ha hablado siempre que Florentino Guzmán es un hombre de Emilio Fresco, puesto por Emilio Fresco ahí.

Justo Fernández: Eso está claro, eso yo he estado hablándolo hace un rato con Santiago y lo ha dicho claramente, ese es un hombre de los que apoyó a ese tío y por lo que hicieron la limpia, porque por el apoyo de éstos cuatro o cinco pues lograron quitar a Santiago Pérez de la Secretaría General y con consecuencias nefastas para el Partido Socialista en Tenerife, porque yo advierto desde aquí, que si éste señor sigue de Secretario General apoyando lo que se hizo en el año 2001 después de haber leído lo que dice la Fiscalía Anticorrupción y lo que todos sabemos, yo haré campaña contra el PSOE en Santa Cruz de Tenerife.

César R. Placeres: Pues, no sé si los oyentes están dándose cuenta de lo que está comentando Justo: que hará campaña en contra del PSOE si se mantiene ese posicionamiento absolutamente loco.

Justo Fernández: ...que quede claro que es en Santa Cruz de Tenerife.

César R. Placeres: Está claro, está claro.

Justo Fernández: Pues eso es lo que quería decir

César R. Placeres: Pues te lo agradezco muchísimo. ¿Tú sabes ya el colmo hoy también en el Ayuntamiento de Santa Cruz en el Pleno?. Llevaba "Ciudadanos de Santa Cruz", apoyado también por el Grupo Socialista el que se parase el desarrollo del Plan de Las Teresitas, que se parase todo eso, para que en Mayo, cuando se haga el nuevo grupo que entrará el 27 de Mayo, que sea elegido el 27 de Mayo, pues asuma el tema.

Pues nada, no lo dejaron debatir porque dicen que no era de urgencia. Bueno, Ciudadanos de Santa Cruz y Paco Tovar, supongo que estarán como chinos. Dentro de un momento entraremos también a charlar con Paco Tovar.

Justo Fernández: Eso es normal, es la forma de actuar. Ahí llevan actuando años y años, y años. Pero ya vuelvo a repetir, eh?, es de una desvergüenza tal... Bueno yo tampoco he visto a éste señor ni en manifestaciones ni en protestas ciudadanas, ni en nada de nada. Pero que es una desvergüenza tal, que no puede estar ni un minuto más en un cargo de responsabilidad del Partido Socialista un personaje como éste.

César R. Placeres: Pues repitamos, acaba de decir Justo que hará campaña en Santa Cruz contra el PSOE si se siguen manteniendo éstas ambigüedades y confusión por parte de la Secretaría General. Un fuerte abrazo, Justo.

Justo Fernández: Un abrazo.

El PSOE calificó de ''abusivas'' las condiciones de los terrenos de Las Teresitas en 2001

22/12/2006 (18:16 h.)
CON UN PRECIO QUE PRODUCÍA UNOS BENEFICIOS "INJUSTIFICADOS"

EFE. Santa Cruz de Tenerife

La posición oficial del PSC-PSOE de tenerife sobre el convenio de Las Teresitas quedó fijada en una reunión de la Ejecutiva en 2001 en la que por unanimidad se calificó las condiciones pactadas con los vendedores de los terrenos como de "manifiestamente abusivas", con un precio que producía unos beneficios "claramente injustificados".

La dirección insular del partido ha hecho público de nuevo aquel acuerdo después de que el secretario local del PSOE de Santa Cruz de Tenerife, Florentino Guzmán, se manifestara a favor del convenio, como lo hizo el grupo municipal socialista, cuyo entonces portavoz, Emilio Fresco, está denunciado por la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos.

En el acuerdo de 2001, la Ejecutiva insular denunció la "escandalosa operación inmobiliaria" que se preparaba, con un precio que se iba a pagar con el ahorro de los santacruceros.

La Ejecutiva insular se mostraba entonces dispuesta a impedir que los intereses públicos quedaran inermes e indefensos "ante esta operación inmobiliaria de injustificados beneficios" y se comprometió a utilizar "todos los instrumentos jurídicos" para proteger los intereses del pueblo de Santa Cruz.

También se comprometía la dirección insular a que el nombre del Partido Socialista y lo que representa no quedara asociado "a una operación inmobiliaria bendecida desde el poder que presenta aspectos tan oscuros y escandalosos".

CC pide al PSOE que se aclare

El presidente de CC de Tenerife, Javier González Ortiz, opinó que el PSOE debe explicar sus contradicciones respecto a las posturas que mantiene sobre el convenio de Las Teresitas y afirmó que los socialistas quieren "camuflar la realidad" y olvidar que apoyaron el convenio de Las Teresitas porque lo consideraban beneficioso.

En un comunicado, González Ortiz considera que el PSOE ha "entrado en un túnel sin salida" y estima que la estrategia socialista no se ampara en la búsqueda de la verdad sino en desgastar la imagen del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo.

Agrega que se está asistiendo a un "sorprendente ejercicio de funambulismo político" por parte del PSOE ya que, a su juicio, es evidente que la asamblea local de Santa Cruz apoyó el convenio de Las Teresitas y de ahí la posición mantenida en el pleno en el que fue aprobada esta iniciativa.

El dirigente de CC añade que llama la atención las prisas del PSOE "por esconder sus miserias" puesto que mientras el portavoz en el Congreso, Diego López Garrido, "se afanó" en anunciar que ex portavoz municipal, Emilio Fresco, imputado en la querella presentada por la Fiscalía, sería suspendido de militancia, el secretario organización del PSC, Manuel Armas, lo desmintió.

González Ortiz señala que los que han sido defenestrados por el PSOE recuerdan los hechos "y defienden con firmeza una manera de actuar que se corresponde con lo que fue, a través de la asamblea, la voluntad del partido socialista" mientras que los que hablan "de regeneración de la vida pública dan un nuevo giro de tuerca y ponen en evidencia sus endebles cimientos democráticos".

González Ortiz vincula este proceso con la suspensión de las primarias para elegir candidato y en concreto se refiere al presidente del grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Antonio Martinón, que después, agrega, de ser descabalgado se acoge a "las tesis "de los nuevos amigos del ministro y candidato", en referencia a Juan Fernando López Aguilar.

En su opinión, Martinón sigue el ejemplo de Santiago Pérez, "a la sazón martillo de herejes de los que se atreven a discrepar", y de Francisco Hernández Spínola.

Canarias Ahora

El Ayuntamiento frena una moción que pedía parar las obras en Las Teresitas

El Grupo Mixto solicitaba que se paralizara la revisión del Plan General

ISABEL OVALLE / IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE TENERIFE

No pudo ser. El Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no trató la candente querella que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado contra el alcalde Miguel Zerolo, algunos empresarios y funcionarios de la corporación. Además, la mayoría del grupo de gobierno municipal rechazó una moción que solicitaba la paralización de las obras en Las Teresitas.

Diecisiete votos en contra impidieron que el debate sobre el caso Las Teresitas llegara al Pleno del Ayuntamiento. Los siete votos a favor de la oposición no sirvieron para que se hablara sobre la querella presentada por Anticorrupción contra el alcalde Miguel Zerolo y sendos altos funcionarios, entre ellos el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y el secretario José Eugenio de Zárate.

Una moción del Grupo Mixto planteaba al pleno "la paralización inmediata de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife, así como del inicio de las obras previstas en la playa de Las Teresitas". Esta propuesta tenía fecha del 20 de diciembre, demasiado tarde para entrar en el orden del día. El portavoz del Grupo Mixto, Guillermo Guigou, requirió que se tratara por la vía de urgencia, lo que consintió el alcalde tras la votación de los 24 concejales para definirla como urgente.

Después de que los 17 concejales del equipo de gobierno votaran como urgentes otros cuatro expedientes fuera del orden del día, votaron en contra de la moción del Grupo Mixto sobre Las Teresitas. Por su parte, los cinco ediles socialistas votaron a favor, así como los tres miembros del Grupo Mixto. La única en dar una explicación de su voto fue la portavoz popular Cristina Tavío, quien no quería "juicios paralelos sobre un asunto que ya está en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y afecta a la honorabilidad de muchos funcionarios de este Ayuntamiento".

De la mano del edil socialista José Ángel Martín llegaron dos mociones sobre asuntos sociales. La primera pedía que las empresas con personas en situación de riesgo o exclusión tuvieran condiciones favorables para su contratación por parte del Ayuntamiento. El pleno aprobó la iniciativa por unanimidad, así como la propuesta de poner en marcha un proyecto municipal especializado en enfermos mentales, no sin la puntualización de la edil de Asuntos Sociales, Maribel Oñate, quien recomendó tratar el tema en una comisión del área a celebrar en enero.

 La Opinión de Tenerife

El ´caso Las Teresitas´ vuelve a abrir la polémica entre los socialistas tinerfeños

La dirección insular aclara que el PSC estuvo y está en contra de la operación

ELOÍSA REVERÓN / SANTA CRUZ DE TENERIFE


La operación de Las Teresitas causó hace unos años una grave crisis interna en el PSC. Ahora ese fantasma ha regresado. Florentino Guzmán, secretario general del PSC de Santa Cruz, ha dicho que los concejales socialistas no desobedecieron las órdenes del partido cuando votaron a favor de la operación en 2001. Estas declaraciones han provocado la indignación de la dirección insular, y Guzmán ha rectificado.

La dirección insular del PSC-PSOE quiere dejar claro que la postura de los socialistas tinerfeños ha sido, es y será contraria al convenio de Las Teresitas. El secretario general del PSC de Tenerife, José Miguel Rodríguez Fraga, señaló ayer que la posición de este partido quedó establecida de "forma muy clara" por la Ejecutiva insular, de junio de 2001, que "era crítica y contraria" a la operación de Las Teresitas.

Dicha aclaración se realiza tras las declaraciones vertidas en estos días por el secretario general de PSC de Santa Cruz de Tenerife, Florentino Guzmán Plasencia, con las que ha señalado que los concejales socialistas del Ayuntamiento capitalino no habían desobedecido las instrucciones del partido cuando votaron a favor del convenio en 2001, y que la Asamblea de Militantes celebrada en julio de aquel año había puesto de manifiesto "mayoritariamente" la posición favorable a este convenio y a la compra del frente de la playa de Las Teresitas.

Guzmán también dijo que "algún militante, más o menos destacado, en cuanto a su cargo orgánico, manifestó su oposición, pero estableciendo al mismo tiempo su reconocimiento de que debían ser los socialistas de Santa Cruz y sus órganos de dirección los que adoptasen una decisión".

Estas afirmaciones de Guzmán han provocado la indignación de la dirección insular, y han vuelto a despertar a aquel fantasma que dividió al Partido Socialista por este asunto. La Ejecutiva insular ha manifestado que cualquier declaración pública -refiriéndose a la del militante de su propio partido, Guzmán- que se realice en otro sentido distinto al expresado en el acuerdo de la Ejecutiva en 2001 rechazando el convenio, "constituye un posicionamiento personal, que no está exento del cumplimiento de las normas estatutarias de esta formación política, y en consecuencia, al control interno de las mismas".

Rectificación


Y tras la polémica desatada, a Guzmán no le ha quedado otro remedio que rectificar, aclarando en un comunicado que "la opinión expresada por mí" en estos días sobre el proyecto de Las Teresitas "fue a título personal". "La posición oficial del PSC es la aprobada en el Comité Insular de los socialistas tinerfeños en el año 2001, que respeto y acato". También ha recordado que este proyecto "suscitó un amplio debate entre el grupo municipal y la Agrupación de Santa Cruz con la dirección insular de Tenerife en aquel año sobre la manera de enfocar este proyecto, discrepancias legítimas en un partido democrática". Eso sí, dice en su rectificación que la actuación del grupo municipal socialista de la capital "estuvo siempre presidida por la posición contraria a la edificación del frente de playa", al mismo tiempo que se cuestionaba el convenio económico. "Mi opinión personal es que los concejales socialistas actuaron en la convicción de que defendían los intereses de la capital", comenta.

En el partido se escuchan voces que piden la dimisión de Guzmán por sus primeras declaraciones, aunque éste ha declarado a este periódico que no le consta esta información. Asimismo, vuelve a dejar claro que "yo no hablaba en nombre del partido".

"Ni competencia ni potestad"

Sin embargo, y por su parte, el vicesecretario del PSC de Tenerife, José Manuel Corrales, lamentó ayer que el secretario general de la Agrupación Socialista de Santa Cruz, Florentino Guzmán, "utilizase el nombre del partido" para realizar las declaraciones que tanta polémica han provocado en el seno del partido. "Esta persona no tiene competencia ni potestad para fijar la postura del partido. Se estudiarán las medidas a establecer", indicó José Manuel Corrales.

"Desde siempre, la posición de todos los socialistas de Tenerife ha sido la de estar en contra de la operación y del convenio de la playa de Las Teresitas, una operación que sólo ha beneficiado a unas pocas personas y con la que se han perjudicado los intereses de los ciudadanos", añadió el vicesecretario del PSC de Tenerife. Corrales recordó que hasta la Ejecutiva local ha establecido hace unos diez días su total desacuerdo con este convenio.

Florentino y la llamada de la Alcaldía

Una llamada de la Alcaldía de Santa Cruz alertó el jueves por la noche a los periódicos del envío de una nota de la Agrupación Socialista de Santa Cruz de Tenerife, remitida directamente por Florentino Guzmán, sin firma ni sello, y a través del fax.

Ante lo extraño del conducto utilizado para avisar del envío, y no existiendo constancia de la nota en ninguna de las agencias de noticias que operan en las islas, este periódico intentó la noche del jueves confirmar la nota en cuestión en la Agrupación Local del PSOE de Santa Cruz, sin conseguir localizar a Florentino Guzmán. Sí se hablo con otras instancias de ese partido -miembros de su ejecutiva insular- que negaron categóricamente que la nota fuera una nota oficial de la Agrupación Socialista de Santa Cruz de Tenerife, por lo que este periódico optó por no publicarla.

Ayer, y ante la tormenta desatada al conocerse la nota en las filas del PSOE, Florentino Guzmán rectificó su comunicado y aclaró que -a pesar de ir en papel de la Agrupación Socialista- en él lo que se recogía era exclusivamente su opinión personal. Guzmán reconoció también que parte de la información de su nota sobre la posición oficial del PSOE ante el convenio no era correcta.

Lo que no aclaró en ningún momento Guzmán. es porqué se llamó de la Alcaldía a los periódicos para anunciar el envío de su comunicado.

La Opinión de Tenerife

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Plasencia provoca un nuevo cisma en el PSC tinerfeño por el "caso Las Teresitas"

Tanto el Grupo Municipal como la dirección insular socialistas criticaron ayer con dureza las manifestaciones del secretario general de la Agrupación Local de Santa Cruz, que ratificó la posición favorable al proyecto de urbanización de la playa de sus concejales en 2001.

J.D. MÉNDEZ, S/C de Tfe.

Las declaraciones de Florentino Guzmán Plasencia, secretario de la Agrupación Local del PSC, en las que ratificaba el pasado jueves el voto favorable en el año 2001 de los entonces concejales socialistas en el Ayuntamiento de Santa Cruz a la operación urbanística de Las Teresitas frente al rechazo histórico del PSC a dicho planteamiento han provocado un nuevo cisma en el seno del partido. La primera crisis por este caso les costó su militancia a José Luis Martín y Herminia Gil por contravenir los postulados que defendió el jueves Plasencia. Ayer contestaron al secretario local tanto su Grupo Municipal como la dirección insular. El primero llegó a insinuar, incluso, la petición de dimisión del dirigente.

Francisco Tovar, portavoz del Grupo Socialista, dijo que "el secretario general de la Agrupación Local ha dado su opinión personal y nos parece legítimo, aunque es incompatible con el desempeño de un cargo orgánico dentro del partido, que ha mantenido siempre un pronunciamiento contrario". "Esta legislatura votamos contra la firma del convenio y del Plan Especial de Las Teresitas en octubre de 2003 y presentamos una moción en contra", añadió. Tovar indicó que "el secretario de la Agrupación debe hacer frente a sus responsabilidades y si mantiene una posición discrepante a la del PSC, sabe lo que tiene que hacer".

En referencia al documento de la Ejecutiva insular de 2001, Francisco Tovar dijo que "el partido adoptó una postura unánime con los votos favorables de los socialistas de Santa Cruz, posición que provocó medidas disciplinarias en la Ejecutiva Local y en el Grupo Municipal".

La dirección insular, en un comunicado de su secretario general, José Miguel Rodríguez Fraga, apunta que "la postura de los socialistas tinerfeños contraria al convenio de Las Teresitas quedó muy clara en la Ejecutiva Insular de 2001, con un acuerdo aprobado por unanimidad de todos los miembros" y añade que "todos los cargos orgánicos y públicos deben atenerse a un acuerdo vigente. Cualquier manifestación pública en otro sentido constituye un posicionamiento personal no exento del cumplimiento de las normas estatutarias y al control interno".

El Día

Unanimidad

Opinión
Francisco Pomares


Ya conocen la unánime decisión del Cabildo tinerfeño de proponer al intrépido editorialista y sin par medallista como Premio Canarias de Comunicación. Resulta que ese Premio, según la ley que lo regula, "será concedido a aquellas personas o entidades cuya labor haya contribuido... ...a divulgar los valores propios de nuestra Comunidad Autónoma". Ahí es nada, qué adecuado: como si la Asociación Rabínica propusiera premiar al doctor Menguele.

Nuestro agreste cazador de canariones, moros y negros de diferente tamaño y pelaje se ha hecho merecedor en los últimos años de un sinfín de reconocimientos, placas, medallas y distinciones. La lista completa, incluyendo el diploma del club de ping-pong de Candelaria, ronda todavía por la Web, para mayor gloria de este patricio híbrido del Mr. Scrooge dickensiano y el pérfido señor Burns de los Simpson.

Y digo yo que aunque muchos nos hayamos acostumbrado a que se trabaje los premios con el mismo entusiasmo con el que da codazos para salir al lado de los famosos en las fotos o para sentarse a la diestra de quien sea en los ágapes, eso no debiera justificar ni la cobardía ni el silencio. Porque si hay alguien que no merece un Premio Canarias es precisamente quien anda empeñado en cruzadas tan peregrinas como la de quitarle a Gran Canaria el Gran, o se prodiga en gestos de particular buen gusto, como calificar editorialmente a los gcanarios de "ratas que muerden y soplan" (sic), o -ya en lo humanitario- defendió militante la marcha racista que contaminó las calles chicharreras.

José Rodríguez es alguien conocido en Tenerife. Y eso a pesar de que sus editoriales no los lee nadie, no lucen mucho más que sus comportamientos y sus titulares, a veces zafios y a veces directamente ridículos, actitudes y estilos que no soporta ni su sufrido personal de redacción. Él contesta a los de dentro con presiones feudales, y a los de fuera alegando estratosféricas difusiones logradas multiplicando por diez cada uno de sus periódicos vendidos, y vociferando cual Franco subido a la peña que cualquier ataque a él es un ataque a Tenerife. Su vesania y salvajismo en el insulto a quienes disienten de su patriótica forma de entender el mundo como sucursal de su patio de Monipodio es proverbial.

Pero el hombre goza de una suerte de impunidad social. Una impunidad que no es fruto del respeto a su provecta ancianidad, sino del interés de parte de la dirigencia tinerfeña por tener de compañero de viaje a alguien tan blando y servil con ellos, alguien que es capaz de ponerse al servicio de lo que sea, a cambio de una croqueta preferente en un cóctel, una mención honorífica o una placa distinguida.

Entre los que quieren una prensa mansa y sumisa, y la cobardía de los que no son nunca invitados al banquete concertado entre el poder y su medio predilecto -pero aspiran a serlo-, se urden unanimidades tan bochornosas como la del Cabildo tinerfeño. Una pequeñita vergüenza.

La Opinión de Tenerife
fpomares@epi.es

jueves, diciembre 21, 2006

Hermoso había adquirido una parte del frente de playa de Las Teresitas en 1986

CANARIAS AHORA. Las Palmas de Gran Canaria

La compra del frente de playa de Las Teresitas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presidido por Miguel Zerolo (CC) se entiende cada vez menos.

En 2001, momento en que el Consistorio abonó 52,6 millones de euros por unos terrenos en los que no se podía edificar, según la Ley de Costas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias aún no había declarado la nulidad parcial del acuerdo suscrito en 1986 por el ex alcalde Manuel Hermoso con la Junta de Compensación del Polígono Playa de Las Teresitas, por el cual el Ayuntamiento recibía sin coste directo alguno 67.300 metros cuadrados del frente de playa y sus accesos a cambio de la edificabilidad de los terrenos de la zona.

El documento suscrito en 1986
recoge las firmas de Manuel Hermoso Rojas, como alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Francisco José Llarena Codesido, en su condición de secretario general del Ayuntamiento santacrucero, y Mauricio Hayek Hayek, "en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Compensación".

Hayek Hayek pactó la cesión gratuita de parte de los terrenos registrados como propiedad de la Junta, ocupados por la playa y sus accesos, cuya superficie es de 63.700 metros cuadrados.

Cedía también gratuitamente "la totalidad de los terrenos de dominio privado, sobrantes de la nueva ordenación, clasificables como espacio de rehabilitación paisajística", con una superficie aproximada de 560.000 metros cuadrados.

Asimismo pasaban a ser propiedad del Ayuntamiento la edificabilidad complementaria de los espacios libres situados entre San Andrés y la playa.

Además, la Junta de Compensación debía abonar once millones de pesetas al Ayuntamiento, en el plazo de un año, a partir de la modificación del plan parcial de Las Teresitas, que permitiría la edificabilidad en el resto de terrenos de la zona no afectados por los 63.700 metros cuadrados de la playa y sus accesos.

La fiscal María Farnés Martínez hace referencia a este convenio de 1986 en su querella contra el alcalde, Miguel Zerolo, y otras diez personas más por prevaricación y malversación de fondos públicos en el convenio urbanístico posterior firmado 2001 entre Inversiones Las Teresitas, SL, que en 1998 compró otra vez los terrenos a la Junta de Compensación, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

martes, diciembre 19, 2006

Santa Cruz pagó 52,5 millones por 74.420 metros cuadrados de acantilado

19/12/2006 (22:13 h.)
CANARIAS AHORA. Las Palmas de Gran Canaria

"El Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en realidad ha satisfecho la cantidad de 8.750.000.000 pesetas -52,6 millones de euros- por 74.420 metros cuadrados de acantilado". De esta manera tan contundente concluye el Ministerio Fiscal la querella contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), y otras diez personas, por prevaricar y malversar fondos públicos en el convenio urbanístico de la playa de Las Teresitas. El Ayuntamiento justificó la compra de terrenos a una empresa privada para evitar que se construyera en el frente de playa. Pero despilfarró el dinero: según la Ley de Costas, una tercera parte del terreno adquirido "era y es de dominio público". Y precisamente esos terrenos "inalienables, imprescriptibles e inembargables", según la Constitución Española, eran donde presumiblemente irían ubicados los hoteles de la iniciativa privada.

Es al término de un relato sorprendente de cómo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife salvó a una empresa, Inversiones Las Teresitas, SL de su "absoluta angustia" finaciera cuando la fiscal advierte un dato, "extremadamente relevante", producido este mismo año dentro del caso Las Teresitas. Recuerda que la Ley de Costas 22/1988 elimina la posibilidad de adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción de dominio público como consecuencia de la realización de obras. Farnés aclara que la Ley bloquea la posibilidad de realizar cualquier tipo de construcción en estos terrenos hasta no haberse realizado el correspondiente deslinde.

Pues bien, considera la fiscal que la Corporación presidida por Miguel Zerolo, al pagar los 52,5 millones de euros el 18 de septiembre de 2001 a Inversiones Las Teresitas por el frente de playa -califica ese mismo gasto como "considerable y sin justificar"- abonó esa cantidad de dinero antes de solicitar a la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife el pertinente deslinde, que lo hiciera el 4 de octubre de 2001 por medio de un oficio por parte del gerente de Urbanismo santacrucero.

Observa la fiscal en su querella que "se realizó dicha petición con posterioridad a la compra de las parcelas y al pago de las mismas, lo que, sin embargo, no puede sorprendernos dado que ni siquiera tuvo en cuenta la línea de deslinde que existía desde el año 1961 y que según el informe pericial de su propia arquitecta, Doña Pía Oramas ya afectaba a 9.076,50 metros cuadrados de los 109.420 metros cuadrados que había adquirido, y que por lo tanto ya en el momento de la compra por parte del mismo, según la Constitución española eran inalienables, imprescriptibles e inembargables".

Indica además Farnés Martínez que el pasado 20 de febrero de 2006, cuando la Dirección General de Costas autorizó a la Demarcación de Costa para iniciar el expediente de deslinde del dominio púbblico Marítimo-Terrestre en el tramo de la costa perteneciente a la playa de Las Teresitas, "nos encontramos con que lejos de reducir la de 1.961 la amplía considerablemente y como consecuencia de ellos ya de los 109.420 metros cuadrados que compró el Ayuntamiento no están afectados sólo los 9.076,50 metros cuadrados dichos, sino que están afectados 31.159 metros cuadrados, es decir casi una tercera parte del terreno adquirido por el mismo, era y es de dominio público, pero, es más, resulta que los terrenos que se encuentran afectados son, precisamente, donde presumiblemente irían ubicados los hoteles, ya que son los únicos que son llanos".

La Corporación acude "en ayuda" de una entidad privada

En la querella, presentada este martes, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la fiscal relata cómo en 1998 la empresa Inversiones Las Teresitas S.L., consiguió un crédito de 5.500 millones de pesetas de la Caja de Ahorros de Canarias a pesar de tratarse de "una sociedad que únicamente tenía un capital social de 30 millones de pesetas" y con "un futuro totalmente incierto", recoge Efe.

Además, añade, "no tenía más garantía que los terrenos que iba a adquirir" y ni se encontraba inscrita en el Registro Mercantil, por lo que en 2000 ya el Banco de España levantó un acta de inspección.

En 2001, el ayuntamiento de la capital y la Junta de Compensación del Polígono Playa de las Teresitas llegaron a un acuerdo para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial de Las Teresitas.

Recuerda la fiscal que Inversiones Las Teresitas "necesitaba salir de cualquier forma y con rapidez del atolladero en el que se encontraba" para satisfacer los intereses del crédito que había solicitado.

En este sentido, subraya la querella, "ante tan "angustiosa" situación sorprende enormemente que sea la Corporación Municipal la que se empieza a poner en marcha para acudir en ayuda de una entidad totalmente privada", a la que compra así once parcelas por 8.750 millones de pesetas.

"De una forma totalmente consciente e inexplicable", dice la fiscal anticorrupción, el Ayuntamiento "elimina el sistema de compensación de aprovechamientos que le facultaría para hacer frente" a la adquisición de las parcelas "sin gasto alguno para su cuenta" y "afronta un gasto muy considerable sin que exista causa alguna que lo justifique".

La fiscal considera que "no es casual" que el 65% del pago inicial que recibió Inversiones Las Teresitas del Ayuntamiento por la venta de las parcelas "concuerde con la cifra" que debía a la Caja.

Con ello, añade, además de dejar de estar "ahogada económicamente" y obtener "3.000 millones de pesetas adicionales", la empresa quedó "enormemente mejorada" puesto que las parcelas que no fueron "objeto de la transacción" pasaron "a tener un uso residencial como vivienda que no estaba permitido" en un planeamiento urbanístico anterior.

Así, "a resultas de los cambios" Inversiones Las Teresitas ganó tres mil millones de pesetas, canceló la deuda hipotecaria y obtuvo "una cifra indeterminada de beneficio económico en función de la recalificación practicada".

La fiscal destaca que según la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado, las plusvalías obtenidas por Inversiones Las Teresitas en esta operación le ha supuesto un beneficio que "supera, en bastante, los 18.000 millones de la antiguas pesetas", y "todo ello sin arriesgar una sola peseta".

El 11 de enero de 2006, Inversiones Las Teresitas vendió siete parcelas por 46.100.516 euros, beneficio que "materializa parcialmente los ya mencionados 18.000 millones de pesetas y que, no nos resistimos a repetir, se ha obtenido sin arriesgar nada" y "siendo gran parte de este beneficio satisfecho" por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dice la fiscal.

Canarias Ahora.es

La querella de Las Teresitas acusa de prevaricación y malversación a Zerolo

escrito por Agencias
19/12/2006 - 16:32

Canarias/La querella de Farnés acusa de prevaricación y malversación a Miguel Zerolo y afecta en total a once personas

Miguel Zerolo, Antonio Plasencia, Ignacio González, Manuel Parejo, Antonio Messía, Juan Victor Reyes Delgado, José Luis Roca Gironés, Emilio Fresco, José Emilio García Gómez, José Eugenio de Zarate Peraza de Ayala y José Tomas Martín González son las personas contra las que se ha querellado la Fiscal Anticorrupción de Tenerife por la compra de Las Teresitas.

La querella presentada este martes por la Fiscal Anticorrupción de Tenerife, María Farnés, ante la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la que ha tenido acceso ACN, está dirigida al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, a los dos empresarios supuestamente beneficiados por la compra de parte de Las Teresitas, Ignacio González (actual presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife), Antonio Plasencia y a siete personas más, vinculadas al Ayuntamiento capitalino en el momento de la supuesta comisión de unos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la operación de compra de parte de la playa.

Según la querella, que consta de 63 páginas y conlleva la solicitud del secreto de las actuaciones, el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y las personas vinculadas al Ayuntamiento Manuel Parejo (entonces concejal de Urbanismo), Antonio Messía de Yraola (interventor general del Ayuntamiento), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca Gironés (interventor delegado del Ayuntamiento), Emilio Fresco Rodríguez (ex concejal del PSOE y en ese momento portavoz socialista), José Emilio García Gómez (ex alcalde del municipio y en ese momento portavoz del PP), José Eugenio de Zárate Peraza (ex secretario general del Ayuntamiento) y José Tomás Martín (gerente de Urbanismo en 2001) podrían haber cometido un un delito de "prevaricación" previsto y penado en el Artículo 404 del Código Penal.

Además, la querella también menciona al propio Zerolo, a Manuel Parejo, A Emilio Fresco, José Emilio García Gómez y a los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Ramón Plasencia como posibles autores de un delito de "Malversación de Caudales Públicos" previsto y penado en el art. 432 nº 1 y 2 del Código Penal.

Canarias 24 Horas.com

Se presenta la querella del conocido "Caso de Las Teresitas" tras 17 meses de investigación

CANARIAS
19/12/2006 (12:45 h.)

FARNÉS SE NIEGA A DETALLAR CONTRA QUIÉNES VA DIRIGIDA NI QUÉ DELITOS SE IMPUTAN
La fiscal anticorrupción presenta ante el TSJC la querella por 'Las Teresitas'

EFE. Las Palmas de Gran Canaria

La fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, presentó este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una querella por las presuntas irregularidades urbanísticas en la playa de Las Teresitas. Tras su llegada al Alto Tribunal canario, la fiscal anunció a un grupo de periodistas la presentación de la querella, que posteriormente formalizó sobre las 13.40 horas ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, según informaron fuentes de su gabinete de prensa.

La fiscal declinó detallar a cuántas personas afecta y los delitos que se les imputan, si bien adelantó que solicitará el secreto de sumario.

La Fiscalía Anticorrupción pidió este lunes al Parlamento de Canarias que acreditara la condición de parlamentario autonómico del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), investigado por el caso Las Teresitas.

La fiscal Martínez se reunió la pasada semana en Madrid con el máximo responsable de esta Fiscalía, Antonio Salinas, con quien despachó sobre este caso.

El expediente investigado por la Fiscalía hace referencia a una denuncia por las plusvalías obtenidas por un grupo de empresarios por la compra de esos terrenos, parte de los cuales fueron vendidos después al Ayuntamiento, que recalificó como urbano el resto.

La fiscal explicó este martes que se trata de un asunto "complejo" de varios años sobre el que ha estado investigando durante los últimos diecisiete meses.

Indicó que aún desconoce quién será la magistrada de la Sala de lo Penal que instruirá el caso, si Carla Bellini o Margarita Varona.

Una vez que se investigue el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si existen indicios de delito, la causa continuará y, en caso contrario, será archivado, explicó la fiscal que informó de que el asunto lo llevará a partir de ahora en colaboración con el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río.

Canarias Ahora.es

lunes, diciembre 18, 2006

La Fiscalía presentará la querella contra Zerolo este martes

18/12/2006 (13:06 h.)
CANARIAS AHORA / EFE. Santa Cruz de Tenerife


La Fiscalía Anticorrupción pidió este lunes al Parlamento de Canarias que acredite la condición de parlamentario autonómico del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, investigado por el caso Las Teresitas. Está previsto que la querella contra el alcalde y cuatro personas más se interponga este martes ante el TSJC.

Fuentes parlamentarias informaron de que sobre las 11,00 horas de este lunes un miembro de la Policía Judicial ha entregado en el Parlamento la petición de la Fiscalía.

Las fuentes agregaron que la Secretaría General de la Cámara ya ha remitido a la Fiscalía la acreditación de Zerolo como diputado autonómico durante esta legislatura.

La petición de la Fiscalía se circunscribe en la investigación que está realizando sobre el expediente de la playa de Las Teresitas y que tal y como adelantó el viernes pasado el programa El Espejo Canario, de CANARIAS AHORA RADIO, se materializará en la presentación de una querella contra el alcalde en las próximas horas. Esa querella será presentada con toda probabilidad este martes ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, a donde se desplazará la fiscal María Farnés, que ha dirigido la investigación los últimos diecisiete meses.

La Fiscalía Anticorrupción tenía decidido desde la semana pasada presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y los propietarios de la empresa Inversiones Las Teresitas, SL, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, maquinación para alterar el precio de las cosas y estafa, en relación al caso Las Teresitas.

La querella, que por la condición de aforado del también diputado autonómico Miguel Zerolo llegará al Tribunal Superior canario, incluye, además de a Inversiones Las Teresitas, SL, al concejal de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo, y al presidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez.

Una investigación de año y medio

Después de un año y medio de investigación -con dos prórrogas concedidas a Farnés por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido-, que ha provocado en la última semana airadas reacciones de Miguel Zerolo y la cúpula de ATI-CC en Tenerife, a raíz de saltar a la luz pública la derivación tinerfeña del caso Fórum con el auto del juez Garzón, la fiscal de Santa Cruz se dispone a dejar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la apertura de diligencias previas a la fase de instrucción del caso o, en su defecto, el archivo de las mismas, dada la condición de aforado del alcalde de Santa Cruz.

Los hechos investigados por Farnés, a raíz de una denuncia de un colectivo ciudadano en julio de 2005, se remontan a 72 horas clave de junio de 1998. Tres días antes de hacerse pública una sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de junio, que permitía edificar en la zona como recogía el Plan Parcial de 1988 recurrido por el PSOE, la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, formada en 1964 por 102 propietarios de 155 fincas de la trasera de la playa, en el Valle de Huertas, vendió los terrenos a Inversiones Las Teresitas, SL, por 30 millones de euros.

La empresa se había creado el 24 de junio, el mismo día en que el Consejo de Administración de CajaCanarias aprobaba un crédito de 33 millones de euros para la empresa de González y Plasencia. Sólo se pidió el suelo como garantía en una operación calificada por el Banco de España como de alto riesgo. Los empresarios inscribieron la empresa en el Registro Mercantil el 26 de junio, el mismo día en que compraban la playa santacrucera.

Tres años después de aquella jugada clave en 72 horas, el Ayuntamiento de Santa Cruz, por acuerdo plenario tomada por unanimidad de todos sus grupos -en las filas socialistas provocó una seria crisis al no seguir sus concejales las directrices contra la operación marcadas por su secretario insular, Santiago Pérez- compró a Inversiones Las Teresitas el frente de playa por 52,6 millones de euros.

El convenio urbanístico aprobado por el pleno chicharrero el 23 de julio de 2001 incluía la recalificación de 120.000 metros cuadrados de terreno rústico para Inversiones Las Teresitas, SL, que mantenía la propiedad de esa zona en el Valle de Huertas a cambio del frente de playa en el que la empresa pretendían construir seis hoteles y dos centros comerciales.

El Consistorio tinerfeño, que durante más de 40 años nunca se planteó comprar los terrenos o incluso expropiarlos a la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, firmó la escritura de compra y pagó a Inversiones Las Teresitas un 65% de los 52,6 millones de euros el 18 de septiembre de 2001, veinticuatro días antes de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicara el 12 de octubre de 2001 el convenio aprobado en el pleno del 23 de julio.

La operación urbanística por la cual Inversiones Las Teresitas se habría llevado, en siete años, casi 120 millones de euros sin arriesgar un céntimo de sus bolsillos se remató a finales del año pasado. Inversiones Las Teresitas SL, vendió a Mapfre Inmobiliaria los terrenos recalificados por el Ayuntamiento en el convenio de 2001 por 96 millones de euros.

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