Diario de Avisos
Santa Cruz
El candidato de Izquierda Unida Canaria (IUC) a la alcaldía de Santa Cruz, Ramón Trujillo, considera que el Ayuntamiento capitalino "regaló a dos empresarios dinero de los contribuyentes, al comprar 9.076 metros cuadrados en Las Teresitas que, según informe pericial de la propia institución, eran dominio público marítimo". Además, Trujillo, también coordinador insular de IUC, sostiene que "las autoridades sabían que ese terreno público se podía ampliar en el futuro, y pese a saberlo, compraron un frente de playa cuyo estatus jurídico definitivo aún no estaba fijado, un acto propio de regímenes dictatoriales".
El dirigente izquierdista mantiene que todo lo acontecido con la compraventa del frente de playa de Las Teresitas constituye "un esperpento bananero".
IUC destaca que la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias "demuestra en sus conclusiones que el Estado compró al Estado pagando a dos empresarios". El informe de la fiscal pone de manifiesto que, de los 109.420 metros cuadrados del entorno de la playa comprados por el Ayuntamiento, 9.076 eran propiedad del Estado, puesto que se trataba de dominio público marítimo. "Es decir, un órgano del Estado compró a otro órgano del Estado 9.076 metros cuadrados y le pagó por tal compra a dos empresarios", enfatiza Trujillo.
Es más, a juicio del candidato de IUC, "la querella advierte que, cuando se determine definitivamente, el dominio marítimo podría suponer 31.159 metros cuadrados y, además, precisamente los de la zona que poseía derechos edificatorios. Es decir, el Ayuntamiento compró en el frente de playa sin esperar a que se estableciera qué espacios eran privados y susceptibles de venta y cuáles eran públicos e invendibles".
Anticorrupción se ha querellado contra el alcalde, Miguel Zerolo, y a otras diez personas por presuntas prevaricación y malversación de fondos en el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento e Inversiones Las Teresitas, constituida por Ignacio González Martín y Antonio Plasencia. Se hallan acusados además el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo; el ex portavoz del PP y actual asesor de Urbanismo, José Emilio García Gómez; el ex portavoz del PSOE, Emilio Fresco; el gerente de Urbanismo, Tomas Martín; el secretario de Urbanismo, Juan Reyes; el ex Interventor Antonio Messía; el ex interventor delegado, José Luis Roca;el secretario municipal, José de Zárate, y los dos empresarios citados.
Los Verdes
En este marco, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, José Ramón Carrillo, pidió ayer al Gobierno de Canarias que retire las competencias de urbanismo al Ayuntamiento de Santa Cruz, pues "no es de recibo" que una Corporación cuyo alcalde y la mayor parte de los responsables municipales del área de Urbanismo están imputados por graves delitos sigan ostentando las competencias en la materia".
Carrillo indica en un comunicado que "la principal obsesión del equipo municipal de gobierno es consolidar los grandes pelotazos urbanísticos aprobando, contra reloj, el Plan General de Ordenación (PGO)". Opina el dirigente verde que el PGO es un instrumento "importantísimo que hipotecará por muchos años el modelo de organización del un municipio y de ocupación de su territorio por lo que su aprobación no se debería dejar en manos de presuntos delincuentes urbanísticos".
Según el portavoz de Los Verdes, en junio, en junio se presentaron 5.480 alegaciones al PGO, que "a la luz de los nuevos acontecimientos judiciales deberían ser revisadas por el Gobierno, una subrogadas las competencias urbanísticas".
Santa Cruz
El candidato de Izquierda Unida Canaria (IUC) a la alcaldía de Santa Cruz, Ramón Trujillo, considera que el Ayuntamiento capitalino "regaló a dos empresarios dinero de los contribuyentes, al comprar 9.076 metros cuadrados en Las Teresitas que, según informe pericial de la propia institución, eran dominio público marítimo". Además, Trujillo, también coordinador insular de IUC, sostiene que "las autoridades sabían que ese terreno público se podía ampliar en el futuro, y pese a saberlo, compraron un frente de playa cuyo estatus jurídico definitivo aún no estaba fijado, un acto propio de regímenes dictatoriales".
El dirigente izquierdista mantiene que todo lo acontecido con la compraventa del frente de playa de Las Teresitas constituye "un esperpento bananero".
IUC destaca que la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias "demuestra en sus conclusiones que el Estado compró al Estado pagando a dos empresarios". El informe de la fiscal pone de manifiesto que, de los 109.420 metros cuadrados del entorno de la playa comprados por el Ayuntamiento, 9.076 eran propiedad del Estado, puesto que se trataba de dominio público marítimo. "Es decir, un órgano del Estado compró a otro órgano del Estado 9.076 metros cuadrados y le pagó por tal compra a dos empresarios", enfatiza Trujillo.
Es más, a juicio del candidato de IUC, "la querella advierte que, cuando se determine definitivamente, el dominio marítimo podría suponer 31.159 metros cuadrados y, además, precisamente los de la zona que poseía derechos edificatorios. Es decir, el Ayuntamiento compró en el frente de playa sin esperar a que se estableciera qué espacios eran privados y susceptibles de venta y cuáles eran públicos e invendibles".
Anticorrupción se ha querellado contra el alcalde, Miguel Zerolo, y a otras diez personas por presuntas prevaricación y malversación de fondos en el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento e Inversiones Las Teresitas, constituida por Ignacio González Martín y Antonio Plasencia. Se hallan acusados además el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo; el ex portavoz del PP y actual asesor de Urbanismo, José Emilio García Gómez; el ex portavoz del PSOE, Emilio Fresco; el gerente de Urbanismo, Tomas Martín; el secretario de Urbanismo, Juan Reyes; el ex Interventor Antonio Messía; el ex interventor delegado, José Luis Roca;el secretario municipal, José de Zárate, y los dos empresarios citados.
Los Verdes
En este marco, el portavoz de Los Verdes de Tenerife, José Ramón Carrillo, pidió ayer al Gobierno de Canarias que retire las competencias de urbanismo al Ayuntamiento de Santa Cruz, pues "no es de recibo" que una Corporación cuyo alcalde y la mayor parte de los responsables municipales del área de Urbanismo están imputados por graves delitos sigan ostentando las competencias en la materia".
Carrillo indica en un comunicado que "la principal obsesión del equipo municipal de gobierno es consolidar los grandes pelotazos urbanísticos aprobando, contra reloj, el Plan General de Ordenación (PGO)". Opina el dirigente verde que el PGO es un instrumento "importantísimo que hipotecará por muchos años el modelo de organización del un municipio y de ocupación de su territorio por lo que su aprobación no se debería dejar en manos de presuntos delincuentes urbanísticos".
Según el portavoz de Los Verdes, en junio, en junio se presentaron 5.480 alegaciones al PGO, que "a la luz de los nuevos acontecimientos judiciales deberían ser revisadas por el Gobierno, una subrogadas las competencias urbanísticas".
