04/07/2007 (21:30 h.)
LA UNIVERSIDAD COBRA 10.000 EUROS POR 'ASESORAMIENTO CIENTÍFICO'
RAMÓN PÉREZ ALMODÓVAR. Santa Cruz de Tenerife
El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna (ULL) somete este jueves a ratificación, y con carácter de vigencia indefinida, un convenio de investigación suscrito entre un profesor titular de Derecho Penal del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas, Esteban Sola Reche, con la empresa Inversiones Las Teresitas SL. El convenio, considerado de asesoramiento científico, se denomina Derecho Penal y Urbanismo y la cuantía económica que figura asciende a 10.000 euros, de los que 9.523,81 euros son las retribuciones del profesor.
Este convenio de investigación fue firmado el 16 de abril por el ex rector de la ULL, Ángel Gutiérrez, y los empresarios Pedro González Santiago y C.A. Plasencia Romero. No obstante, la interventora de la ULL, Ana Isabel Bernardos, emitió un escrito de reparo al citado informe por considerar que es “público y notorio”, por haber aparecido tal noticia en los medios de comunicación, “que la empresa contratante (Inversiones Las Teresitas SL) está incursa en un proceso penal abierto por acusación del Ministerio Fiscal dirigido contra los accionistas y administradores de dicha sociedad”.
Por ello, la interventora estima que pudiera “no parecer oportuna la firma del contrato en cuestión, cuyo objeto es el asesoramiento jurídico sobre la trascendencia penal de actividades relacionadas con negocios jurídicos, y sobre la trascendencia jurídica de convenios urbanísticos entre la Administración Pública y empresas privadas, lo cual constituye precisamente el tema del objeto del proceso penal en curso”.
Según el contrato, el investigador se obliga a realizar para Inversiones Las Teresitas SL un asesoramiento sobre Derecho Penal y Urbanismo en los términos que se expresan en las cláusulas incluidas en el contrato. El segundo punto, Definición del trabajo de asesoría, implica “el asesoramiento jurídico e informes sobre la trascendencia penal de actividades relacionadas con negocios urbanísticos y el asesoramiento jurídico e informes sobre la trascendencia jurídica de convenios urbanísticos entre la Administración Pública y empresas privadas”.
“La vigencia del presente contrato es indefinida, de modo que a él se vincularán, en su caso, las concretas actividades de asesoramiento a las expresas solicitudes que sigan a este primer encargo, con las correspondientes contraprestaciones económicas”, se indica en el punto segundo del contrato. No obstante, se aclara que el primer asesoramiento vinculado al contrato con el objeto expresado en la cláusula anterior “tendrá un plazo de realización de nueve meses desde la fecha de su firma”.
A pesar de presentarse como un convenio de investigación, en el punto quinto del contrato, titulado ‘Obligación del Secreto’, se establece lo siguiente: “Los informes obtenidos como resultado del asesoramiento reflejado en el presente contrato tendrán carácter confidencial”.
Pago a la firma del primer encargo
En el contrato se deja abierta la posibilidad a que aumente la cuantía por el trabajo. Así, en el punto cuarto, Obligación de pago por la empresa, se indica: “Inversiones Las Teresitas se obliga a pagar por el primer asesoramiento contratado la cantidad de 10.000 euros, que hará efectiva a la Universidad de La Laguna al tiempo de la firma del mismo. Las sucesivas solicitudes de asesoramiento se documentarán con el correspondiente anexo, con el mismo objeto general, con la expresa indicación de plazos de realización y de los pagos que correspondan, en atención a la dificultad técnica que pueda objetivamente preverse, teniendo como referencia el primer encargo”.
El profesor titular de Derecho Penal del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas Esteban Sola Reche, que contó con el visto bueno de su departamento, ha sido magistrado suplente de la Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial y en la web de expertos de la ULL figura como miembro de la Comisión Interministerial de Bioética del Ministerio de Justicia, director de programas de doctorado sobre protección jurídica de derechos fundamentales y responsabilidad e investigador principal en proyecto de investigación sobre responsabilidad penal de menores.
CanariasAhora.es
LA UNIVERSIDAD COBRA 10.000 EUROS POR 'ASESORAMIENTO CIENTÍFICO'
RAMÓN PÉREZ ALMODÓVAR. Santa Cruz de Tenerife
El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna (ULL) somete este jueves a ratificación, y con carácter de vigencia indefinida, un convenio de investigación suscrito entre un profesor titular de Derecho Penal del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas, Esteban Sola Reche, con la empresa Inversiones Las Teresitas SL. El convenio, considerado de asesoramiento científico, se denomina Derecho Penal y Urbanismo y la cuantía económica que figura asciende a 10.000 euros, de los que 9.523,81 euros son las retribuciones del profesor.
Este convenio de investigación fue firmado el 16 de abril por el ex rector de la ULL, Ángel Gutiérrez, y los empresarios Pedro González Santiago y C.A. Plasencia Romero. No obstante, la interventora de la ULL, Ana Isabel Bernardos, emitió un escrito de reparo al citado informe por considerar que es “público y notorio”, por haber aparecido tal noticia en los medios de comunicación, “que la empresa contratante (Inversiones Las Teresitas SL) está incursa en un proceso penal abierto por acusación del Ministerio Fiscal dirigido contra los accionistas y administradores de dicha sociedad”.
Por ello, la interventora estima que pudiera “no parecer oportuna la firma del contrato en cuestión, cuyo objeto es el asesoramiento jurídico sobre la trascendencia penal de actividades relacionadas con negocios jurídicos, y sobre la trascendencia jurídica de convenios urbanísticos entre la Administración Pública y empresas privadas, lo cual constituye precisamente el tema del objeto del proceso penal en curso”.
Según el contrato, el investigador se obliga a realizar para Inversiones Las Teresitas SL un asesoramiento sobre Derecho Penal y Urbanismo en los términos que se expresan en las cláusulas incluidas en el contrato. El segundo punto, Definición del trabajo de asesoría, implica “el asesoramiento jurídico e informes sobre la trascendencia penal de actividades relacionadas con negocios urbanísticos y el asesoramiento jurídico e informes sobre la trascendencia jurídica de convenios urbanísticos entre la Administración Pública y empresas privadas”.
“La vigencia del presente contrato es indefinida, de modo que a él se vincularán, en su caso, las concretas actividades de asesoramiento a las expresas solicitudes que sigan a este primer encargo, con las correspondientes contraprestaciones económicas”, se indica en el punto segundo del contrato. No obstante, se aclara que el primer asesoramiento vinculado al contrato con el objeto expresado en la cláusula anterior “tendrá un plazo de realización de nueve meses desde la fecha de su firma”.
A pesar de presentarse como un convenio de investigación, en el punto quinto del contrato, titulado ‘Obligación del Secreto’, se establece lo siguiente: “Los informes obtenidos como resultado del asesoramiento reflejado en el presente contrato tendrán carácter confidencial”.
Pago a la firma del primer encargo
En el contrato se deja abierta la posibilidad a que aumente la cuantía por el trabajo. Así, en el punto cuarto, Obligación de pago por la empresa, se indica: “Inversiones Las Teresitas se obliga a pagar por el primer asesoramiento contratado la cantidad de 10.000 euros, que hará efectiva a la Universidad de La Laguna al tiempo de la firma del mismo. Las sucesivas solicitudes de asesoramiento se documentarán con el correspondiente anexo, con el mismo objeto general, con la expresa indicación de plazos de realización y de los pagos que correspondan, en atención a la dificultad técnica que pueda objetivamente preverse, teniendo como referencia el primer encargo”.
El profesor titular de Derecho Penal del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas Esteban Sola Reche, que contó con el visto bueno de su departamento, ha sido magistrado suplente de la Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial y en la web de expertos de la ULL figura como miembro de la Comisión Interministerial de Bioética del Ministerio de Justicia, director de programas de doctorado sobre protección jurídica de derechos fundamentales y responsabilidad e investigador principal en proyecto de investigación sobre responsabilidad penal de menores.
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