La privatización de Emmasa en los tribunales
Al no haber participado en el concurso no hay garantías de su solvencia
NOÉ RAMÓN / SANTA CRUZ DE TENERIFE
La documentación que consta en la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre la privatización de Emmasa recoge entre alguno de sus más llamativos extremos que la empresa que compró las acciones de Emmasa no fue Sacyr-Vallehermoso pese a haber ganado el concurso, sino que en realidad quien lo hizo fue una filial del grupo llamada Valoriza Agua SLU.
Se da la circunstancia de que esta última empresa no acudió al concurso, con lo cual no se ha podido constatar que ofrezca las mismas garantías, solvencia económica y técnica que Sacyr. Pero es que además no se habría respetado los plazos que marca la ley para la cesión o traspaso de contratos administrativos o lo que es lo mismo que se haya consumido el veinte por ciento del tiempo de concesión.
Además, según consta en el expediente depositado ante los juzgados el aval emitido ante el Ayuntamiento lo suscribe Sacyr mientras que quien compró las acciones fue Valoriza. Otras irregularidades podrían ser, por ejemplo que en el informe elaborado por los técnicos de Emmasa no se valora ningún tipo de inversiones por parte de Sacyr mientras que en Canaragua se cifraba este capítulo en 132´6 millones.
Igualmente se recoge que Sacyr ofertó como inversión la construcción de una planta de tratamiento térmico de lodos pero para toda la isla por entre 20 ó 45 millones, una actuación que al superar el marco municipal se extralimita al objeto del concurso.
Sociedad vehículo
Pero es que además la oferta de Sacyr contempla que esta planta iba a ser construida, financiada y explotada a través de una sociedad vehículo que tendría como socio mayoritario a Emmasa, fórmula que tampoco está recogida en el pliego del concurso.
Al término del periodo de concesión el grupo Sacyr vendería la participación a Emmasa. Aspectos todos ellos que pueden ser considerados irregulares. Se da la circunstancia de que según el contrato la inversión para el tratamiento de fangos se considera obligatoria para el adjudicatario aunque puede destinarse a otra actuaciones.
Un punto que estaría un tanto indefinido ya que no se sabe si deben ser veinte o cuarenta y cinco millones ni la fecha en la que debería ejecutarse. En cualquier caso según esta documentación el Ayuntamiento habría alterado unilateralmente la oferta de un licitador favoreciendo a dicha empresa en la adjudicación.
Queda fuera de duda la puntuación otorgada a la mejora de la oferta económica donde todos los concursantes recibieron 40 puntos, pese a que no se menciona que Canaragua presentó un importe que significaba una mayor percepción para el Ayuntamiento y que eran 15 millones por encima de lo que se pedía en el pliego.
En la memoria económica-financiera no se explica por qué se da la menor puntuación a Canaragua frente a Sacyr y Aqualia, un criterio que parece ser un tanto subjetivo teniendo en cuenta que en el propio informe se destaca que Canaragua y Sacyr tienen el mismo grado general de adaptación al pliego. En la adaptación a la estructura del modelo económico-financiero no se tuvo en cuenta que el licitador de mayor puntuación en este apartado, Aqualia, dentro de las incidencias detectadas por el auditor KPMG se indica que no realizó el documento de flujos de caja, que era obligatorio y sin embargo quedó como el que más se adaptaba a lo exigido.
Se indica que Sacyr iba a ser la empresa menos endeudada pero en realidad este cálculo se basó en que no se contabilizó el impuesto de sociedades durante 20 años, lo que supone 53 millones, ni el pago de dividendos por ese mismo período que significa 2,3 millones.
Se ocultó información a los licitadores
Según la documentación que está en manos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo existe la sospecha de que durante el período de adjudicación el Ayuntamiento ocultó información a los licitadores, o al menos no se fue claro con el sistema que la Administración deseaba recibir, además de suponer una clara trasgresión de la trasparencia en la información.
Así aunque en el pliego se recogían las líneas generales de la que debía ser la gestión de Emmasa durante los próximos años, lo cierto es que éste no coincidía con el que luego aparecía realizado por la empresa auditora de Emmasa, KPMG.
No obstante esta última advierte que nunca tuvo acceso directo a la información, sino a la que la facilitaba Emmasa, no llevó a cabo ningún tipo de verificación legal y su trabajo no consistía en elegir la mejor oferta.
Extremo este último que no parece ser del todo cierto ya que KPMG se extralimitó de sus funciones y de hecho acabó realizando labores de valoración de ofertas a pesar de estar expresamente prohibido por la ley. Ante todo ello surgen preguntas como quién hizo el informe de valoración económica-financiera de las ofertas presentadas, quién lo suscribió, qué validez legal tenía o quién pagó los informes.
Por todo ello, aparece la sospecha de que el principio de objetividad quedó un tanto en entredicho ya que nadie analizó la validez legal mercantil, fiscal y contable de las ofertas y así Sacyr no introdujo ningún tipo de impuesto de sociedades, cosa que no cabe ni siquiera con el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario y no hay responsable de la valoración.
La Opinión de Tenerife
Al no haber participado en el concurso no hay garantías de su solvencia
NOÉ RAMÓN / SANTA CRUZ DE TENERIFE
La documentación que consta en la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre la privatización de Emmasa recoge entre alguno de sus más llamativos extremos que la empresa que compró las acciones de Emmasa no fue Sacyr-Vallehermoso pese a haber ganado el concurso, sino que en realidad quien lo hizo fue una filial del grupo llamada Valoriza Agua SLU.
Se da la circunstancia de que esta última empresa no acudió al concurso, con lo cual no se ha podido constatar que ofrezca las mismas garantías, solvencia económica y técnica que Sacyr. Pero es que además no se habría respetado los plazos que marca la ley para la cesión o traspaso de contratos administrativos o lo que es lo mismo que se haya consumido el veinte por ciento del tiempo de concesión.
Además, según consta en el expediente depositado ante los juzgados el aval emitido ante el Ayuntamiento lo suscribe Sacyr mientras que quien compró las acciones fue Valoriza. Otras irregularidades podrían ser, por ejemplo que en el informe elaborado por los técnicos de Emmasa no se valora ningún tipo de inversiones por parte de Sacyr mientras que en Canaragua se cifraba este capítulo en 132´6 millones.
Igualmente se recoge que Sacyr ofertó como inversión la construcción de una planta de tratamiento térmico de lodos pero para toda la isla por entre 20 ó 45 millones, una actuación que al superar el marco municipal se extralimita al objeto del concurso.
Sociedad vehículo
Pero es que además la oferta de Sacyr contempla que esta planta iba a ser construida, financiada y explotada a través de una sociedad vehículo que tendría como socio mayoritario a Emmasa, fórmula que tampoco está recogida en el pliego del concurso.
Al término del periodo de concesión el grupo Sacyr vendería la participación a Emmasa. Aspectos todos ellos que pueden ser considerados irregulares. Se da la circunstancia de que según el contrato la inversión para el tratamiento de fangos se considera obligatoria para el adjudicatario aunque puede destinarse a otra actuaciones.
Un punto que estaría un tanto indefinido ya que no se sabe si deben ser veinte o cuarenta y cinco millones ni la fecha en la que debería ejecutarse. En cualquier caso según esta documentación el Ayuntamiento habría alterado unilateralmente la oferta de un licitador favoreciendo a dicha empresa en la adjudicación.
Queda fuera de duda la puntuación otorgada a la mejora de la oferta económica donde todos los concursantes recibieron 40 puntos, pese a que no se menciona que Canaragua presentó un importe que significaba una mayor percepción para el Ayuntamiento y que eran 15 millones por encima de lo que se pedía en el pliego.
En la memoria económica-financiera no se explica por qué se da la menor puntuación a Canaragua frente a Sacyr y Aqualia, un criterio que parece ser un tanto subjetivo teniendo en cuenta que en el propio informe se destaca que Canaragua y Sacyr tienen el mismo grado general de adaptación al pliego. En la adaptación a la estructura del modelo económico-financiero no se tuvo en cuenta que el licitador de mayor puntuación en este apartado, Aqualia, dentro de las incidencias detectadas por el auditor KPMG se indica que no realizó el documento de flujos de caja, que era obligatorio y sin embargo quedó como el que más se adaptaba a lo exigido.
Se indica que Sacyr iba a ser la empresa menos endeudada pero en realidad este cálculo se basó en que no se contabilizó el impuesto de sociedades durante 20 años, lo que supone 53 millones, ni el pago de dividendos por ese mismo período que significa 2,3 millones.
Se ocultó información a los licitadores
Según la documentación que está en manos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo existe la sospecha de que durante el período de adjudicación el Ayuntamiento ocultó información a los licitadores, o al menos no se fue claro con el sistema que la Administración deseaba recibir, además de suponer una clara trasgresión de la trasparencia en la información.
Así aunque en el pliego se recogían las líneas generales de la que debía ser la gestión de Emmasa durante los próximos años, lo cierto es que éste no coincidía con el que luego aparecía realizado por la empresa auditora de Emmasa, KPMG.
No obstante esta última advierte que nunca tuvo acceso directo a la información, sino a la que la facilitaba Emmasa, no llevó a cabo ningún tipo de verificación legal y su trabajo no consistía en elegir la mejor oferta.
Extremo este último que no parece ser del todo cierto ya que KPMG se extralimitó de sus funciones y de hecho acabó realizando labores de valoración de ofertas a pesar de estar expresamente prohibido por la ley. Ante todo ello surgen preguntas como quién hizo el informe de valoración económica-financiera de las ofertas presentadas, quién lo suscribió, qué validez legal tenía o quién pagó los informes.
Por todo ello, aparece la sospecha de que el principio de objetividad quedó un tanto en entredicho ya que nadie analizó la validez legal mercantil, fiscal y contable de las ofertas y así Sacyr no introdujo ningún tipo de impuesto de sociedades, cosa que no cabe ni siquiera con el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario y no hay responsable de la valoración.
La Opinión de Tenerife
