Tedy Fernández
Tenerife/ El jefe de policía del servicio de puesto fronterizo en el aeropuerto de
Los Rodeos, está condenado a cinco años y medio de cárcel por la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El motivo, una trama de narcotráfico desarrollada en varias localidades de la isla entre 2002 y 2003, según la sentencia hecha pública el pasado mes de Julio. Se da la casualidad de que esta persona, ha sido uno de los protagonistas de la deportación del grupo venezolano Ensamble Gurrufío.
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Enrique de Toro Castosa, que fuera inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía de La Laguna se encuentra en estos momentos recurriendo la sentencia, en la que se le acusa por unos hechos que se remontan al año 2002 y se refieren al tráfico de cocaína en el norte de Tenerife. Así se desprende de las informaciones publicadas por varios medios de comunicación de la isla en su momento.
El referido forma parte de los 8 acusados por este motivo y entre los que se encuentra también un agente de la Guardia Civil, condenado igualmente a cinco años. Tras varias investigaciones realizadas por la policía, se logró constatar que uno de los procesados mantenía frecuentes contactos con Enrique de Toro, inspector jefe de la Policía Nacional en La Laguna en ese entonces y al que en la sentencia se le acusa entre otros, de facilitar información de personas y vehículos o de avisarle de vigilancias policiales.
Tras conocer estas informaciones, la redacción de CANARIAS24HORAS.COM, se ha puesto en contacto con uno de los abogados de la asociación “Justicia y Sociedad”, que en estos momentos investiga las causas de lo ocurrido con el grupo venezolano Ensamble Gurrufío. El letrado José Manuel Rivero no salía de su asombro: “¿Qué me estás diciendo, que el jefe del puesto fronterizo de Los Rodeos, de Toro Castosa, está acusado en un asunto de tráfico de drogas?” preguntó sorprendido. “Si eso es así, es impresentable. Aunque la sentencia no sea firme, no cabe la menor duda que esta ahí” matizó, “de cara a generar confianza en los ciudadanos y en aras de la transparencia y objetividad, la administración pública tiene que actuar de manera transparente y no dar lugar a que ningún ciudadano de este o cualquier país, pueda tener la más mínima sospecha en la actuación de la autoridad” concluyó.
Reproducimos textualmente una de las declaraciones de los musicos donde aparece el nombre del inspector condenado:
-"Poco a poco nos fueron llamando individualmente a hacernos una supuesta entrevista protagonizada contundentemente por un oficial (Fdo.: 92581) y un coro de otros funcionarios ante los cuales me sentí verdaderamente intimidado, además de una abogada de nombre María Monserrat Trujillo Consul que certificaba no tan vehementemente los dictámenes del oficial solista, quien entre sus comentarios recalcaba que esa invitación ..."era un papel mojado que él mismo podría hacer en su ordenador", nosotros no sabemos lo que significa el término "papel mojado", apresuradamente nos hicieron firmar un documento "ya que si no lo hacíamos, iba a ser peor" (no sé a que se refería con esto), en el que también aparecían la abogado Trujillo, y el Inspector Jefe, Jefe de Servicio: Enrique de TORO Castosa, - que ironía con mi mismo apellido, sabiendo las maravillosas relaciones que existen entre venezolanos y canarios, a lo mejor hasta era mi primo" -
Según informaciones publicadas por los medios de comunicación, el departamento de Asuntos Internos, comenzó a saber de las andanzas de su compañero gracias a los pinchazos telefónicos, un seguimiento intensificado cuando uno de los finalmente absueltos, conocido letrado lagunero cuya identidad responde a las iniciales J.M.S.V, le informa de que uno de los acusados D.R. pretendía vender unos tres kilos de cocaína.
La sentencia considera igualmente probado que De Toro ideó un plan para quedarse con los tres kilos de cocaína de D.R, para lo que contó con la colaboración del letrado, que adujo en el proceso que creía estar colaborando con la Policía Nacional.
Enrique del Toro Castosa, finalmente está penado con cinco años y seis meses de prisión y multa de 90.000 euros por un delito contra la salud pública, cualificado por su notoria importancia, pena atenuada al terminar los tres kilos de esta sustancia en manos de la policía. Dos años de inhabilitación como funcionario de la carrera policial por un delito de omisión del deber.
