IR-Los Verdes ha anunciado hoy que ampliará la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por el Plan Parcial de El Varadero. También pedirá a Cabildo y Cotmac que, para hacer efectiva la decisión del TJSC, se anule la calificación como urbanizable que hace el PGO para El Varadero y se reconzca la protección ambiental que recoge el PIOT para la zona.
El grupo municipal Iniciativa Por El Rosario- Los Verdes aseguró hoy que es demostrable “documentalmente” que en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), y por tanto también el Cabildo tinerfeño, “se obvió el cumplimiento de la legalidad a sabiendas” al permitir que el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio fije como urbanizable la zona de El Varadero, a pesar de que existen dos sentencias y el propio PGO recuerda que el Plan Insular de Ordenación (PIOT) califica este ámbito como de protección ambiental (no urbanizable).
IR-Los Verdes anunció que ampliará con nuevos datos “que van más allá” la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación del Plan Parcial de El Varadero, aunque no han avanzado en que dirección irá esta nueva acción, que se debe referir a personas concretas y no a instituciones.
Así lo indicó hoy el portavoz de IR-Los Verdes, Escolástico Gil, en la rueda de prensa ofrecida hoy junto a los tres ediles de su grupo, para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el acuerdo plenario del Consistorio que aprobaba, por silencio administrativo, el Plan Parcial de El Varadero.
Gil precisó que esta decisión judicial no anula directamente el PGO del municipio –aprobado definitivamente el pasado mayo y que contempla esta zona como urbanizable-, por lo que pedirán que se paralice su publicación “porque se entraría en una nueva contradicción legal”, ya que recordó existen tres sentencias e informes que remarcan la protección que concede el PIOT a esta zona.
Así, los servicios jurídicos del partido darán traslado de esta nueva sentencia al Cabildo y la Cotmac para que se anule de manera efectiva la calificación como urbanizable de El Varadero y que se reconozca con carácter definitivo la protección conforme a lo fijado en el PIOT.
Escolástico Gil dijo que el alcalde del municipio, Macario Benítez, “no ha dicho una verdad en todo este proceso” y consideró que la decisión del alcalde de no recurrir esta tercera sentencia e insistir en que el PGO se publique “tiene trampa y está sorteando de nuevo con una finta lo que pone en las sentencias”.
En esta línea, recordó que el alcalde sabía en 2002 de la existencia de informes tanto de la oficina técnica municipal, como la propia Cotmac y del Cabildo tinerfeño que cuestionaban la legalidad del Plan Parcial de El Varadero por no ajustarse a la ley de Directrices de Ordenación del Turismo y a la calificación de protección ambiental que concede el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) para esta zona.
Ante esta circunstancia, el alcalde pidió "a la deseperada" a la Cotmac, mediante un fax, que aplazara su decisión sobre el Plan Parcial en noviembre de 2002 para intentar poner de acuerdo a las administraciones. Posteriormente, el Ayuntamiento y el promotor Amador Díaz Ramos presentaron sendos recursos contra el PIOT, desestimados posteriormente por el TSJC en dos sentencias, que recuerdan la prevalencia de la calificación como protección ambiental que el PIOT da a la zona.
En su momento, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio recurrió el acuerdo plenario del Ayuntamiento –ahora anulado por el TSJC- en el que aprobaba, por silencio administrativo el Plan Parcial del Varadero, un recurso que posteriormente retiró tras la modificación por parte del Consistorio de las normas subsidiarias del municipio, en las que se retiraba el uso turístico del suelo del todo el municipio.
Gil recordó que, pese a ello, Macario Benítez firmó en 2006 un informe que establecía la zona de El Varadero como apto para uso residencial turístico y contemplaba la ubicación de hoteles, apartamentos y bungalows, “sin hacer mención al PIOT, ni a las decisiones judiciales”.
Pese a ello, la Cotmac aprueba en mayo de este año el Plan General de Ordenación del municipio, que contempla el uso urbanizable de El Varadero, a la vez que reconoce que el PIOT establece protección territorial para esta zona. “La Cotmac dice una cosa y la contraria”, afirmó Gil, quien remarcó que la propia sentencia del TSJC considera “que llama poderosamente la atención” la decisión de la Cotmac de retirar el recurso.
Ante ello, el dirigente de IR-Los Verdes sostuvo que “se pude demostrar documentalmente que la Cotmac, y por tanto el Cabildo tinerfeño presente en este órgano, “se obvió la legalidad a sabiendas”, y recordó que sabían que la aprobación del Plan Parcial por silencio adminitrativo no era legal, conocían la existencia de las dos sentencias y que el PIOT considera protegidos esos terrenos.
“Pero la Cotmac admite su desprotección y urbanización en sus informes”, afirmó Gil, quien insistió en que ambas administraciones “no pueden alegar desconocimiento” y criticó que ahora se refieran al cumplimiento de las sentencias, “antes que eso hay que cumplir la ley”, sentenció.
Gil consideró que el origen de todo "este desaguisado" se produce por la resistencia de un promotor y un alcalde "a admitir y cumplir la ley que se interpone en la tramitación de un plan parcial, que impide que pueda ejecutarse una urbanización de un terreno de 200.000 metros cuadrados, cuyo valor hipotecario en 2005 era de 12 millones de euros y valorados en miles de millones de pesetas una vez edificado".
"Respetando la presunción de inocencia, nosotros vemos en este proceder un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias, y tendrá que aclararse en el momento procesal oportuno", remarcó.
