El acto comenzó con media hora de retraso sobre el horario previsto y se contó con la presencia de numeroso público.
El tema de la exposición se centró en la adjudicación aprobada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, también con los votos favorables de los representantes socialistas, de las primeras obras para construir el Puerto Industrial de Granadilla lo que, a juicio de los ponentes, es una burla a la democracia y a la Justicia y demuestra que muchos políticos en Canarias siguen instalados en la impunidad total. A juicio de los ponentes es absolutamente impresentable que un imputado por cohecho por el juez Garzón, por el caso Forum, como el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, presida la adjudicación de la contestada obra, además sin un presupuesto consignado y sin informes de impacto ambiental específicos pues se ha modificado el proyecto. Para intentar salvar el primer escollo, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria tuvo que aprobar previamente el primer punto del día: “el contrato de crédito para financiación externa a largo plazo, mediante la modalidad "Club Deal", para acometer los planes de inversión de esta Autoridad Portuaria en los que se recogen 120 millones de euros para poder iniciar las obras de Dique de Abrigo del Puerto de Granadilla”.
Se han adjudicado por 114.582.734,45 euros (114,5 millones de pesetas, más de 18 mil millones de pesetas) las obras de abrigo del Puerto de Granadilla a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC Construcción, S.A./SATO/Promotora Punta Larga, S.A., esta última involucrada en la operación de Las Teresitas y en manos del empresario Antonio Plasencia. Las empresas tienen un plazo de ejecución de 37 meses.
Además, según denuncia la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz, “una vez adjudicado el proyecto, si se tuviera que desechar” por todas las supuestas irregularidades cometidas, “la Autoridad Portuaria tendría que hacer frente, de forma innecesaria y con el dinero de todos, al lucro cesante, que suele establecerse desde un mínimo del 6% hasta llegar al 20% del coste total presupuestado de la obra, o sea, unos 27 millones de euros”, que se llevarían las empresas aunque la obra no se ejecutara.
Se da la circunstancia de que la página web de la Autoridad Portuaria se ha ido autocensurando hasta el punto de que, a fecha de hoy, se podría decir que tan sólo contiene publicidad del ente público.
Revista Digital San Borondón
El tema de la exposición se centró en la adjudicación aprobada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, también con los votos favorables de los representantes socialistas, de las primeras obras para construir el Puerto Industrial de Granadilla lo que, a juicio de los ponentes, es una burla a la democracia y a la Justicia y demuestra que muchos políticos en Canarias siguen instalados en la impunidad total. A juicio de los ponentes es absolutamente impresentable que un imputado por cohecho por el juez Garzón, por el caso Forum, como el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, presida la adjudicación de la contestada obra, además sin un presupuesto consignado y sin informes de impacto ambiental específicos pues se ha modificado el proyecto. Para intentar salvar el primer escollo, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria tuvo que aprobar previamente el primer punto del día: “el contrato de crédito para financiación externa a largo plazo, mediante la modalidad "Club Deal", para acometer los planes de inversión de esta Autoridad Portuaria en los que se recogen 120 millones de euros para poder iniciar las obras de Dique de Abrigo del Puerto de Granadilla”.
Se han adjudicado por 114.582.734,45 euros (114,5 millones de pesetas, más de 18 mil millones de pesetas) las obras de abrigo del Puerto de Granadilla a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC Construcción, S.A./SATO/Promotora Punta Larga, S.A., esta última involucrada en la operación de Las Teresitas y en manos del empresario Antonio Plasencia. Las empresas tienen un plazo de ejecución de 37 meses.
Además, según denuncia la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz, “una vez adjudicado el proyecto, si se tuviera que desechar” por todas las supuestas irregularidades cometidas, “la Autoridad Portuaria tendría que hacer frente, de forma innecesaria y con el dinero de todos, al lucro cesante, que suele establecerse desde un mínimo del 6% hasta llegar al 20% del coste total presupuestado de la obra, o sea, unos 27 millones de euros”, que se llevarían las empresas aunque la obra no se ejecutara.
Se da la circunstancia de que la página web de la Autoridad Portuaria se ha ido autocensurando hasta el punto de que, a fecha de hoy, se podría decir que tan sólo contiene publicidad del ente público.
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