Se trata de las elecciones generales más importantes de la etapa democrática, y aunque suene a falso tópico, como ocurre con cada “partido del año” o cada “boda del siglo”, esta vez parece cierto. Estos comicios anticipados se celebran en el peor momento de la más grave crisis económica global, europea y española de las últimas décadas. Y lo que se juega mañana en las urnas afecta tanto al presente como al futuro de varias generaciones y a su modelo de convivencia.
Se trata de decidir la forma de superar la crisis.
Nadie ha demostrado (más bien al contrario) que la única manera de volver a crecer y a crear empleo sea la de los “durísimos ajustes” en el gasto público. Cada día son más numerosas y sonoras las voces que advierten contra los riesgos de seguir ahogando la economía real a base de recortar inversiones. Cuando el sector privado es incapaz de tirar de la economía, el Estado es el único motor que puede estimularla. La vía de salida elegida debe determinar la posición española ante la UE, el BCE o el FMI.
Se trata de buscar las soluciones más justas.
Hasta el momento es indudable que las políticas seguidas en España y en el resto de Europa a raíz de la crisis financiera han cargado el grueso de los sacrificios sobre los más débiles, en lugar de repartirlos de forma proporcional a la capacidad y los ingresos de cada cual. Los gobiernos han dedicado muchos recursos a tapar los agujeros de entidades financieras mal gestionadas, pero menos de los necesarios al fomento de la economía productiva y el empleo. Actuar exclusivamente sobre el gasto sin elevar la presión fiscal a quienes más ganan o sin luchar contra el fraude no sólo se está demostrando ineficaz sino que además es injusto.
Se trata del paro y de la precariedad.
El récord de los casi cinco millones de parados condiciona totalmente el resultado del 20-N. La cara más cruel de la crisis (la de más lenta y difícil solución) también se presta a la demagogia y a la pretensión de aprovechar el miedo colectivo para eliminar derechos de los trabajadores y facilitar (aún más) el despido.
Se trata de proteger el Estado del bienestar.
Los sectores conservadores, con la ayuda de su enorme potencial mediático, pretenden instalar la falsa idea de que los grandes pilares que representan el mayor avance social desde la posguerra son insostenibles. No importa que los datos contradigan tal sentencia y demuestren que el gasto social en España, en porcentaje sobre el PIB, está todavía lejos de la media de la zona euro. Se siembran dudas sobre el futuro de las pensiones y se pone en entredicho el sostenimiento de la sanidad pública, de la educación gratuita y universal y, finalmente, también de la dependencia, considerada ya el cuarto mimbre del Estado del bienestar en el próspero norte de Europa y un yacimiento de empleo apenas explorado aquí.
Se trata de no confundir el rigor con la austeridad.
Para alimentar aún más la falsa premisa de que el gasto público es “insostenible”, se pretende también identificar todos los servicios públicos con el derroche y la mala gestión. La absoluta necesidad de mejorar la eficacia y el rigor en el funcionamiento y tamaño de todas las administraciones no puede servir de excusa para un objetivo ideológico y económico consistente en negar incluso la necesidad de que existan. Ahorrar al máximo en gasto farmacéutico es conveniente y eficaz; reducir médicos o profesores empeora la calidad de vida y el futuro de todos, pero sobre todo de los más desfavorecidos.
Se trata de avanzar o retroceder en la España plural.
Esa manipulación de la austeridad necesaria en la gestión de lo público también sirve para intentar colar otro objetivo ideológico: abortar el desarrollo de un modelo de Estado que nació con vocación de federalismo y pluralidad. En lugar de abundar en el respeto a las diferencias y en el interés por compartir un proyecto común beneficioso para todos, arrecian los vientos del centralismo y de ese nacionalismo español que tanta capacidad ha demostrado a la hora de excitar los sentimientos separatistas.
Se trata de defender derechos o arriesgarlos.
Avances en el terreno social como la ley de plazos del aborto, el matrimonio homosexual o la muerte digna también se juegan mañana en las urnas su vigencia o su marcha atrás. Otras batallas incipientes o inacabadas como la igualdad de la mujer, la conciliación laboral y familiar, la recuperación de la memoria histórica o la laicidad son mucho más prioritarias para unas opciones políticas que para otras. Hay incluso quien desprecia sin disimulo algunos de esos derechos.
Se trata de la salud democrática.
El movimiento 15-M ha visualizado la urgente necesidad de reformas profundas del sistema si se quiere fortalecer la democracia. Escuchar o despreciar la voz de los indignados y sus reivindicaciones también distingue unas opciones políticas de otras.
En definitiva, lo que salga mañana de las urnas responderá a la gestión del inmediato pasado, pero sobre todo condicionará el futuro.
Se trata de decidir la forma de superar la crisis.
Nadie ha demostrado (más bien al contrario) que la única manera de volver a crecer y a crear empleo sea la de los “durísimos ajustes” en el gasto público. Cada día son más numerosas y sonoras las voces que advierten contra los riesgos de seguir ahogando la economía real a base de recortar inversiones. Cuando el sector privado es incapaz de tirar de la economía, el Estado es el único motor que puede estimularla. La vía de salida elegida debe determinar la posición española ante la UE, el BCE o el FMI.
Se trata de buscar las soluciones más justas.
Hasta el momento es indudable que las políticas seguidas en España y en el resto de Europa a raíz de la crisis financiera han cargado el grueso de los sacrificios sobre los más débiles, en lugar de repartirlos de forma proporcional a la capacidad y los ingresos de cada cual. Los gobiernos han dedicado muchos recursos a tapar los agujeros de entidades financieras mal gestionadas, pero menos de los necesarios al fomento de la economía productiva y el empleo. Actuar exclusivamente sobre el gasto sin elevar la presión fiscal a quienes más ganan o sin luchar contra el fraude no sólo se está demostrando ineficaz sino que además es injusto.
Se trata del paro y de la precariedad.
El récord de los casi cinco millones de parados condiciona totalmente el resultado del 20-N. La cara más cruel de la crisis (la de más lenta y difícil solución) también se presta a la demagogia y a la pretensión de aprovechar el miedo colectivo para eliminar derechos de los trabajadores y facilitar (aún más) el despido.
Se trata de proteger el Estado del bienestar.
Los sectores conservadores, con la ayuda de su enorme potencial mediático, pretenden instalar la falsa idea de que los grandes pilares que representan el mayor avance social desde la posguerra son insostenibles. No importa que los datos contradigan tal sentencia y demuestren que el gasto social en España, en porcentaje sobre el PIB, está todavía lejos de la media de la zona euro. Se siembran dudas sobre el futuro de las pensiones y se pone en entredicho el sostenimiento de la sanidad pública, de la educación gratuita y universal y, finalmente, también de la dependencia, considerada ya el cuarto mimbre del Estado del bienestar en el próspero norte de Europa y un yacimiento de empleo apenas explorado aquí.
Se trata de no confundir el rigor con la austeridad.
Para alimentar aún más la falsa premisa de que el gasto público es “insostenible”, se pretende también identificar todos los servicios públicos con el derroche y la mala gestión. La absoluta necesidad de mejorar la eficacia y el rigor en el funcionamiento y tamaño de todas las administraciones no puede servir de excusa para un objetivo ideológico y económico consistente en negar incluso la necesidad de que existan. Ahorrar al máximo en gasto farmacéutico es conveniente y eficaz; reducir médicos o profesores empeora la calidad de vida y el futuro de todos, pero sobre todo de los más desfavorecidos.
Se trata de avanzar o retroceder en la España plural.
Esa manipulación de la austeridad necesaria en la gestión de lo público también sirve para intentar colar otro objetivo ideológico: abortar el desarrollo de un modelo de Estado que nació con vocación de federalismo y pluralidad. En lugar de abundar en el respeto a las diferencias y en el interés por compartir un proyecto común beneficioso para todos, arrecian los vientos del centralismo y de ese nacionalismo español que tanta capacidad ha demostrado a la hora de excitar los sentimientos separatistas.
Se trata de defender derechos o arriesgarlos.
Avances en el terreno social como la ley de plazos del aborto, el matrimonio homosexual o la muerte digna también se juegan mañana en las urnas su vigencia o su marcha atrás. Otras batallas incipientes o inacabadas como la igualdad de la mujer, la conciliación laboral y familiar, la recuperación de la memoria histórica o la laicidad son mucho más prioritarias para unas opciones políticas que para otras. Hay incluso quien desprecia sin disimulo algunos de esos derechos.
Se trata de la salud democrática.
El movimiento 15-M ha visualizado la urgente necesidad de reformas profundas del sistema si se quiere fortalecer la democracia. Escuchar o despreciar la voz de los indignados y sus reivindicaciones también distingue unas opciones políticas de otras.
En definitiva, lo que salga mañana de las urnas responderá a la gestión del inmediato pasado, pero sobre todo condicionará el futuro.
