martes, 30 de septiembre de 2008
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha confirmado que el próximo martes 7 de octubre la demarcación de Costas de Tenerife procederá a la demolición individualizada de 23 de las 31 viviendas del poblado de Cho Vito, en el municipio de Candelaria.
La Administración confirma así la demolición anunciada, pese a que los afectados han asegurado que hasta este lunes no han tenido conocimiento de la notificación oficial del auto que establece el derribo, sino por unas notas informativas puestas en las puertas de las viviendas sin sello acreditativo.
Los vecinos de Cho Vito, que ya han advertido de que continuarán con las movilizaciones e incluso amenazan con encerrarse en sus viviendas, acudieron este lunes al Juzgado de los Contencioso número 2 de Santa Cruz de Tenerife para recoger el auto judicial. De hecho, han anunciado que tienen quince días, a partir de recibir la notificación, para recurrir la decisión, una acción que preveían hacer este martes, así como personarse en Presidencia del Gobierno para solicitar apoyo el Ejecutivo regional.
Medio Ambiente recuerda que con fecha 23 de abril de 2008, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife emitió un auto en el que notificaba a la Abogacía del Estado la autorización para la entrada y posterior demolición de las 23 viviendas situadas en la playa Cho Vito.
Además, aclara que de las otras seis construcciones han sido excluidas porque constituyen primera vivienda, según consta en el listado de demandantes de vivienda social facilitada por el Ayuntamiento de Candelaria.
De acuerdo con el Auto judicial, se indica que el plazo máximo fijado para que la administración proceda a la entrada ejecución forzosa y subsidiaria de la recuperación del dominio público marítimo-terrestre es de seis meses a partir de la fecha de notificación a la Administración, por lo que las actuaciones de entrada de domicilio y demolición deberán estar completamente terminadas antes del 30 de octubre de 2008.
El Ministerio, en un comunicado, aclara que una vez “analizados todos los informes y respetados todos los plazos que la legalidad exige”, la Subdirección General de Sostenibilidad de la Costa ha concluido que no existe “ni un solo indicio que permita relacionar a los ocupantes de la playa de Cho Vito con un poblado marinero, ni se demuestra la existencia de valores etnográficos, ni siquiera se concreta algún tipo de valores, ni se recopila información documental alguna sobre dichas construcción que permitan reconsiderar la obligación de recuperar el uso público del dominio marítimo terrestre para hacerlo accesible a todos los ciudadanos de forma libre, pública y gratuita, como establece la Ley de Costas”.
INVERSIÓN DE 600.000 EUROS PARA RECUPERAR EL ENTORNO
Asimismo, semana que la primera referencia sobre actuaciones en esta zona se incluye en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio ambiente y el Gobierno canario para actuaciones en infraestructuras de costas, suscrito en febrero de 1998. Este acuerdo recoge la actuación ‘Paseo Marítimo y demolición de Cho Vito’, que prevé una inversión de 596.000 euros y fue publicado en el BOC de 4 de marzo de 1998.
Para esta actuación, en diciembre de 2003 se redactó el proyecto en el que se contempla la demolición de todas las ocupaciones situadas en dominio público, la ejecución de un paseo marítimo y la recuperación de la playa. El proyecto fue sometido a información pública el 24 de mayo de 2005 y se aprobó definitivamente en noviembre de 2005.
El Ministerio recuerda que el objetivo de la Ley de Costas es garantizar la naturaleza pública del litoral y conservar las características naturales del entorno “tratando de conciliar las exigencias de desarrollo con los imperativos de protección”.
Así, recuerda que estas actuaciones forman parte de la política del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para recuperar el litoral español, en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos de las zonas afectadas para la mejora de la franja litoral para facilitar el uso y disfrute de la costa para todos los ciudadanos.
