La jefa de Urbanismo pospuso su declaración por motivos familiares
BLANCA SALAZAR / ARONA
El juez encargado de la causa que se instruye contra la anterior Junta de Gobierno de Arona por varios presuntos delitos de prevaricación, ha empezado a tomar declaración a las integrantes del Servicio Jurídico de Urbanismo, todas citadas como testigos. Ayer compareció una jurista, mientras que la jefa del área pospuso su declaración. Para hoy están citadas otras dos juristas.
Tras la comparecencia judicial que realizaron en mayo los ocho políticos y ex políticos aroneros imputados por presunta prevaricación en materia urbanística y de contratación a raíz de una denuncia interpuesta de oficio por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, el juez que instruye esta causa empezó ayer a tomar declaración en calidad de testigos a las integrantes del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona que elaboraron durante el pasado mandato los cientos de informes desfavorables que fueron omitidos por los políticos a la hora de conceder licencias de obra mayor y de primera ocupación.
Sin embargo, ayer sólo prestó declaración una de las dos juristas aroneras que habían sido citadas por el decano de los juzgados aroneros, dado que la jefa del departamento jurídico de Urbanismo, Manoli Melo Padilla, posponía su comparecencia judicial debido al grave estado de salud de su padre.
La segunda funcionaria citada, Carmen Ana Díaz Alarcón, permaneció desde las 12:00 hasta las 13:30 horas respondiendo a las preguntas del juez, la fiscal, el abogado Felipe Campos (personado como acusación particular) y el abogado que defiende a los ocho políticos imputados.
Aunque ninguno de ellos dio detalles sobre esa declaración para no vulnerar el secreto del sumario, es previsible que tanto las preguntas formuladas ayer como las que se van a formular hoy a otras dos juristas aroneras citadas en esta ronda de declaraciones (Lidia Esther Cáceres Amador y Alicia Rodríguez Hernández) versen sobre su trato con otros departamentos (como la Oficina Técnica, cuyos informes suelen ser favorables), sobre los posibles puenteos que se pudieran hacer al servicio jurídico aronero en determinados casos para evitar que constara su informe desfavorable en el expediente de algunas licencias urbanísticas y, entre otras cosas, si han recibido presiones por parte de sus compañeros o del grupo gobernante para cambiar el sentido de sus informes. Campos recordó que los juristas "han cumplido su deber al advertir al gobierno de las ilegalidades en que incurría" y que son los técnicos "los que pueden entrar como testigos y salir como imputados".
Campos sostiene que el alcalde "será condenado"
Felipe Campos, el abogado que preparó la documentación que el portavoz del PSC entregó a la Fiscalía y que motivó que ésta se querellara contra los integrantes de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona, reiteró que el alcalde de Arona e imputado en esta causa, José Alberto González Reverón, "debe dimitir" tanto "por no poder negar que ha amparado de forma consciente" la contratación de suministros, servicios y obras públicas a dedo y la concesión sistemática de licencias urbanísticas que vulneran la Ley "ya que los expedientes municipales recogen las advertencias de ilegalidad de los juristas y del secretario", como "por decir la burrrada de que esta denuncia de Fiscalía ha parado la economía de Arona". Subrayó que eso denota "que está incapacitado para gestionar un municipio respetando la Ley" y expuso su convicción de que el alcalde "será condenado".
La Opinión de Tenerife
BLANCA SALAZAR / ARONA
El juez encargado de la causa que se instruye contra la anterior Junta de Gobierno de Arona por varios presuntos delitos de prevaricación, ha empezado a tomar declaración a las integrantes del Servicio Jurídico de Urbanismo, todas citadas como testigos. Ayer compareció una jurista, mientras que la jefa del área pospuso su declaración. Para hoy están citadas otras dos juristas.
Tras la comparecencia judicial que realizaron en mayo los ocho políticos y ex políticos aroneros imputados por presunta prevaricación en materia urbanística y de contratación a raíz de una denuncia interpuesta de oficio por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, el juez que instruye esta causa empezó ayer a tomar declaración en calidad de testigos a las integrantes del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona que elaboraron durante el pasado mandato los cientos de informes desfavorables que fueron omitidos por los políticos a la hora de conceder licencias de obra mayor y de primera ocupación.
Sin embargo, ayer sólo prestó declaración una de las dos juristas aroneras que habían sido citadas por el decano de los juzgados aroneros, dado que la jefa del departamento jurídico de Urbanismo, Manoli Melo Padilla, posponía su comparecencia judicial debido al grave estado de salud de su padre.
La segunda funcionaria citada, Carmen Ana Díaz Alarcón, permaneció desde las 12:00 hasta las 13:30 horas respondiendo a las preguntas del juez, la fiscal, el abogado Felipe Campos (personado como acusación particular) y el abogado que defiende a los ocho políticos imputados.
Aunque ninguno de ellos dio detalles sobre esa declaración para no vulnerar el secreto del sumario, es previsible que tanto las preguntas formuladas ayer como las que se van a formular hoy a otras dos juristas aroneras citadas en esta ronda de declaraciones (Lidia Esther Cáceres Amador y Alicia Rodríguez Hernández) versen sobre su trato con otros departamentos (como la Oficina Técnica, cuyos informes suelen ser favorables), sobre los posibles puenteos que se pudieran hacer al servicio jurídico aronero en determinados casos para evitar que constara su informe desfavorable en el expediente de algunas licencias urbanísticas y, entre otras cosas, si han recibido presiones por parte de sus compañeros o del grupo gobernante para cambiar el sentido de sus informes. Campos recordó que los juristas "han cumplido su deber al advertir al gobierno de las ilegalidades en que incurría" y que son los técnicos "los que pueden entrar como testigos y salir como imputados".
Campos sostiene que el alcalde "será condenado"
Felipe Campos, el abogado que preparó la documentación que el portavoz del PSC entregó a la Fiscalía y que motivó que ésta se querellara contra los integrantes de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona, reiteró que el alcalde de Arona e imputado en esta causa, José Alberto González Reverón, "debe dimitir" tanto "por no poder negar que ha amparado de forma consciente" la contratación de suministros, servicios y obras públicas a dedo y la concesión sistemática de licencias urbanísticas que vulneran la Ley "ya que los expedientes municipales recogen las advertencias de ilegalidad de los juristas y del secretario", como "por decir la burrrada de que esta denuncia de Fiscalía ha parado la economía de Arona". Subrayó que eso denota "que está incapacitado para gestionar un municipio respetando la Ley" y expuso su convicción de que el alcalde "será condenado".
La Opinión de Tenerife
