Opinión
JUSTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Desde que el ministro de Justicia anunció que iba a dar la batalla a la corrupción, especialmente a la urbanística, solapada en los años de gobiernos aznaristas, nombrando 20 fiscales Anticorrupción y destinando dos a Canarias, los dirigentes de Coalicion Canaria y el Partido Popular iniciaron una campaña de descalificación contra el ministro. En Canarias no existía corrupción y el nombramiento de dos fiscales Anticorrupción parecía pretender reflejar que la situación político-económica no tenía la limpieza, transparencia y diafanidad que reflejaban, con excepciones, los terminales mediáticos controlados o subvencionados por los gobiernos, fueran municipales, de cabildos o autonómico. El anuncio de que López Aguilar podría ser el candidato a la Presidencia del Gobierno canario intensificó la ofensiva de desprestigio. Se le acusa de ser un "candidato a palos".
En el momento en que López Aguilar anunció su compromiso en la lucha contra la corrupción y animó a los ciudadanos a que denunciaran los casos que conocieran, aumentaron los niveles de las descalificaciones, no sólo al ministro de Justicia y al fiscal general del Estado, sino a los jueces y fiscales que, según manifestaban los dirigentes de CC y PP, iniciaban procesos judiciales, por irregularidades y casos de corrupción, para hacer el juego a las ambiciones políticas del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de Canarias, olvidando que todas las actuaciones se habían iniciado por denuncias de empresarios o ciudadanos perjudicados.
Ante la cascada de ataques, injustificados y sin pruebas, en los que han destacado Paulino Rivero, Zerolo, Soria y Melchior, cuestionando la independencia de presidentes de tribunales, magistrados, jueces y fiscales, se han producido algunas reacciones. El presidente del TSJC, Antonio Castro, declaraba: "La justicia actúa cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo y, por tanto, lo investiga, sea el implicado de CC, PP o PSC o de cualquier otro partido". El nuevo juez decano de Las Palmas, Miguel Losada, considera "una barbaridad", las críticas, porque el ministro de Justicia, "no interviene para nada en el trabajo de los jueces y no tiene atribución alguna sobre ellos, ni puede exigir nada a ningún juez". El fiscal jefe del TSJC, Vicente Garrido, ha sido rotundo: "Nos guía el principio de legalidad, no el ministro".
Los dirigentes del PP y de CC parecen olvidar dos cosas. En España la mayoría de jueces, fiscales, magistrados y miembros del Consejo General del Poder Judicial son conservadores. Para mayor claridad coloquial, son de derechas y, algunos, de extrema derecha. Cuando gobernaba el PSOE, tenía un ministro de Justicia y un fiscal general del Estado, lo que no evitó que algunos casos de corrupción, con conspiración mediática o sin ella, dieran con algunos dirigentes y cargos públicos en la cárcel. Y el juez Garzón fue un intérprete activo. Por eso, no cuelan las acusaciones de quienes pretenden dar a entender que, hasta la llegada al Ministerio de Justicia de López Aguilar, en Canarias no existía corrupción y que los escándalos surgidos en los últimos tiempos son producto de las manipulaciones del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado, con la complicidad de jueces y fiscales.
Y nada más lejos de la realidad. La corrupción en Canarias viene de lejos. La memoria y las hemerotecas son fieles reflejos de la progresión e impunidad de la corrupción. En 1999 mucho antes de que López Aguilar se metiera en política, 128 letrados canarios, de diversas ideologías, publicaban un informe, denunciando "las sombras de impunidad", "sospechas de galopante tráfico de influencias", "utilización parasitaria de los poderes públicos", "prácticas caciquiles, mallas de blindaje, sobornos de hecho y pago de favores", "mordidas al presupuesto de dineros públicos" o "la corrupción política al más puro estilo del PRI" mexicano.
En 2002, la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJC informaba de que "no es necesaria una presión persistente de los promotores inmobiliarios ante la enorme facilidad con que se dejan convencer los alcaldes, si vislumbraban la posibilidad de obtener dinero en efectivo, proveniente de cesiones urbanísticas, lo que está permitiendo un número de urbanizaciones y construcciones desmesuradas". Según la Fiscalía, los ayuntamientos se han convertido en "verdaderos delincuentes ambientales".
En 2001, el Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción animaban a los jueces canarios a aclarar los escándalos de corrupción.
También ha habido políticos y cargos públicos que han denunciado la corrupción, en determinados momentos, con poco éxito. Tengo registrados en el ordenador, 78 testimonios. Sólo expondré algunos. En cualquier caso, todos son anteriores a la llegada de López Aguilar al Ministerio de Justicia.
(1992).- Domingo González Arroyo, diputado del PP, imputado en varias causas penales. "Cuatro golfos se están enriqueciendo, unos con el betún de las carreteras y otros llenando no ya maletines, sino carretillas de dinero".
Ildefonso Chacón, consejero de Obras Públicas y Aguas, justificaba su dimision: "El Gobierno vive condicionado por unos intereses ajenos al interés general". Bravo de Laguna, presidente del Parlamento: "En Canarias abunda el amiguismo y el chanchullismo".
(1993).- José Carlos Becerra, cesado como consejero de Pesca y Transporte, explicaba que "presiones deshonestas de varios diputados que han antepuesto sus intereses y ambiciones personales a cualquier otra consideración".
(1999).- Juan Manuel García Ramos, presidente del PNC. "Tres dirigentes de CC han creado sesenta empresas durante el ejercicio de sus cargos". "Altos cargos de CC tienen una estrecha vinculación con empresas que tienen suscritos contratos con distintas Administraciones públicas. No se puede confundir la política con los negocios".
(2000).- José Manuel Soria, presidente del PP, en referencia al escándalo del ICFEM: "La batalla contra la corrupción es de toda la sociedad que debe rebelarse para desterrar estas prácticas de ciertos políticos".
(2001).- Alfonso Soriano, diputado nacional del PP: "Nunca me ha interesado la política regional, porque la veo sucia y corrupta. Estamos ante una Administración bananera".
Desde 1990, he podido documentar 175 casos de corrupción, todos sucedidos y denunciados antes de que López Aguilar fuera ministro de Justicia. Los más importantes, continúan sin solucionarse. Caso Floreal, Edificio Santander, Despilfarro en Atlanta, Caso Baute, Intel, Istmo de Las Palmas, Dimas Martín, Amarilla Golf, Infecar, La Favorita, Casinos de Las Palmas, Palacios de Congresos, Caso González Arroyo, Convalidaciones irregulares, ICFEM, Caso Amorós, Trama Eólica, Corrupción en Telde, Estadio Insular, Añaza, Relaciones de políticos con John Palmer, Caso Turismo, Caso León, Las Teresitas, puerto de Granadilla, puerto deportivo de San Andrés, etc., etc. Tengo que reconocer mi error cuando he puesto de manifiesto mis dudas sobre la actuacion de la fiscal Anticorrupción, María Farnés, en el ’caso de Las Teresitas’. Dentro de mis lógicas carencias jurídicas, considero la querella presentada ante el TSJC como una magnífica pieza de investigación judicial, con argumentaciones irrefutables y conclusiones determinantes sobre la deplorable, indeseable y sospechosa actuación de quienes tenían que representar los intereses públicos.
Finalmente, una recomendación al secretario general del PSC-PSOE de Santa Cruz de Tenerife, que ha mostrado su apoyo a la actuación de los concejales socialistas que apoyaron el Convenio urbanístico de Las Teresitas. Si ha leído la querella y le queda un solo gramo de decencia política, no puede continuar en el cargo ni un minuto más.
