LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR, LAS MÁS ''OBSTRUCCIONISTAS''
ACN. Santa Cruz de Tenerife
El Diputado del Común de Canarias, Manuel Alcaide, aprovechó la presentación del que será su último informe anual, correspondiente a 2006, para denunciar la escasa colaboración de algunas instituciones públicas con la que él ha presidido desde 2002, llegando a tildar de “obstruccionistas” a aquéllas que reiteradamente desoyen sus requerimientos de información, entre las que citó específicamente a la Consejería de Sanidad y la Dirección General de Protección al Menor y la Familia del Gobierno de Canarias.
Recordó que esta actitud de “falta de colaboración por su falta y retraso en las respuestas” es denunciable ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, aunque no consideró ésta la vía más adecuada para resolver el problema. Expuso que en toda España, sólo hay un precedente de una condena a una administración pública, debido a que desoyó los requerimientos de la institución, en el País Vasco, algo que admitió que sería “muy enojoso para mí”.
Por el contrario, cree que la dejadez en la aportación de las informaciones requeridas por el Diputado del Común tiene que ver con la complicación de la organización administrativa en Canarias, que habría que “simplificar”. La postura que Alcaide, como titular del órgano parlamentario, ha tomado en los cinco años que ha durado su mandato, ha sido la de requerir al titular del órgano que ignora sus demandas informativas y “explicarles lo que puede ocurrirles si no las atienden: primero, la declaración de obstruccionista por parte del Parlamento de Canarias y la situación a la que, según el Código Penal se pueden enfrentar”.
Frente a la tesis de Alcaide de que es más efectivo “seguir explorando en cauces de colaboración para que una queja de un ciudadano no llegue a un enjuiciamiento”, el diputado socialista Julio Cruz insistió en la necesidad de recurrir a la Fiscalía para evitar que las administraciones evadan su responsabilidad de responder a las quejas, de tal forma que “los ciudadanos puedan tener algo de esperanza en la institución, porque es a sus problemas a los que afectan”.
Cruz resaltó la gravedad de que sean departamentos del Gobierno de Canarias los que más destacan por dificultad la labor del Diputado del Común, mientras que el diputado del Partido Popular (PP), Gabriel Mato consideró esta actitud en las instituciones públicas como “muy triste”.
Manuel Alcaide concluyó esta “reflexión” aseverando que, de hecho, “el mayor problema de las administraciones es que no escuchan y no responden a los ciudadanos”, algo sobre lo que Cruz enfatizó, ejemplificando que, paradójicamente, “ni la propia Dirección General de Comercio contesta a los consumidores”.
CanariasAhora.es
ACN. Santa Cruz de Tenerife
El Diputado del Común de Canarias, Manuel Alcaide, aprovechó la presentación del que será su último informe anual, correspondiente a 2006, para denunciar la escasa colaboración de algunas instituciones públicas con la que él ha presidido desde 2002, llegando a tildar de “obstruccionistas” a aquéllas que reiteradamente desoyen sus requerimientos de información, entre las que citó específicamente a la Consejería de Sanidad y la Dirección General de Protección al Menor y la Familia del Gobierno de Canarias.
Recordó que esta actitud de “falta de colaboración por su falta y retraso en las respuestas” es denunciable ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, aunque no consideró ésta la vía más adecuada para resolver el problema. Expuso que en toda España, sólo hay un precedente de una condena a una administración pública, debido a que desoyó los requerimientos de la institución, en el País Vasco, algo que admitió que sería “muy enojoso para mí”.
Por el contrario, cree que la dejadez en la aportación de las informaciones requeridas por el Diputado del Común tiene que ver con la complicación de la organización administrativa en Canarias, que habría que “simplificar”. La postura que Alcaide, como titular del órgano parlamentario, ha tomado en los cinco años que ha durado su mandato, ha sido la de requerir al titular del órgano que ignora sus demandas informativas y “explicarles lo que puede ocurrirles si no las atienden: primero, la declaración de obstruccionista por parte del Parlamento de Canarias y la situación a la que, según el Código Penal se pueden enfrentar”.
Frente a la tesis de Alcaide de que es más efectivo “seguir explorando en cauces de colaboración para que una queja de un ciudadano no llegue a un enjuiciamiento”, el diputado socialista Julio Cruz insistió en la necesidad de recurrir a la Fiscalía para evitar que las administraciones evadan su responsabilidad de responder a las quejas, de tal forma que “los ciudadanos puedan tener algo de esperanza en la institución, porque es a sus problemas a los que afectan”.
Cruz resaltó la gravedad de que sean departamentos del Gobierno de Canarias los que más destacan por dificultad la labor del Diputado del Común, mientras que el diputado del Partido Popular (PP), Gabriel Mato consideró esta actitud en las instituciones públicas como “muy triste”.
Manuel Alcaide concluyó esta “reflexión” aseverando que, de hecho, “el mayor problema de las administraciones es que no escuchan y no responden a los ciudadanos”, algo sobre lo que Cruz enfatizó, ejemplificando que, paradójicamente, “ni la propia Dirección General de Comercio contesta a los consumidores”.
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